Las primeras horas del segundo gobierno de Piñera han ido en la dirección correcta, si de ética pública y anticorrupción se trata. Ayer, temprano por la mañana, ya era noticia la aceptación por parte del Presidente de la renuncia del general director de Carabineros. También, la paralización, por el entrante ministro de Justicia, del decreto que designaba como notario al exfiscal del caso Caval, seguida por la renuncia de éste último como postulante al cargo mencionado. ¡Bien hecho!, porque urge en Chile restablecer la probidad y la responsabilidad política y moral en el ejercicio de las funciones públicas, ambas en un proceso de abierto deterioro durante los últimos lustros. Incluyendo el hecho notorio de que el gobierno saliente concluyó francamente fatal en la materia. No adoptó oportunamente las decisiones que correspondían ante los dos grandes affaires (el mega fraude interno y la denominada “operación Huracán”) que han golpeado fuertemente a Carabineros de Chile, se permitió el lujo de establecer por decreto ministerial -que “por órdenes superiores” modificaba otro recién emitido- el nombramiento como notario del exfiscal que llevó inicialmente el caso Caval y no procesó al hijo de Bachelet, e informó en hora postrera que el déficit fiscal con que entregaba la hacienda nacional era de -2,1% del PIB y no de -1,7% como había comunicado pocos días antes.

La corrupción y la ausencia de responsabilidad ética pública efectiva, realidades íntimamente relacionadas, constituyen en conjunto uno de los peores flagelos que pueden azotar a cualquier sociedad. Reducen los umbrales de moralidad posibles de alcanzar para gobernantes y gobernados, con el consiguiente deterioro de las personas que ello comporta, al tiempo que generan ineficacia e ineficiencia en la asignación y uso de los recursos económicos, perpetuando de este modo situaciones de subdesarrollo o dañando los niveles de avance social ya alcanzados, según sea el caso. Por estas razones junto a los cinco acuerdos nacionales convocados el domingo por el Presidente Piñera, resulta imprescindible que todo su mandato se encuentre permeado por un tono moral exigente, no solo por su propio bien sino por el del país. Para estos efectos no existe substituto práctico equivalente al de predicar con el buen ejemplo, fruto de actuar siempre correctamente y, cuando corresponda, mediante la adopción de decisiones correctivas proporcionadas y oportunas. En el lapso de cuatro años se puede hacer mucho por enderezar los grados de falta de probidad y responsabilidad pública existentes en la actualidad. Desde luego, resulta evidente asimismo que es necesario complementar la disposición señalada con otras medidas. La primera, la tarea educativa, por su naturaleza de largo alcance. Y, conjuntamente, buenos sistemas de información, cumplimiento y control de gestión, procesos para anticipar posibles conflictos de intereses y mecanismos para resolverlos una vez que se hayan presentado, y otros.

No es misterio que la corrupción ha avanzado, en mayor o menor medida, en prácticamente todos los frentes del quehacer público nacional. Su combate es crucial. Y las primeras señales dadas por la actual administración resultan valiosas. Con todo, la prueba de fuego para el gobierno será su propio accionar durante los meses que vendrán y la respuesta que dará ante eventuales situaciones anómalas que puedan darse entre sus propias filas o en campo amigo. La ciudadanía estará atenta.

/Blog de Álvaro Pezoa para La Tercera

/gap