En su su discurso de despedida, la Presidenta Bachelet destaó que bajo su gobierno el país ha emprendido importantes reformas en torno a los derechos sociales e indica que, conforme a ellas, los chilenos estaremos mejor que antes. ¿Está la Presidente en lo correcto? Es difícil encontrarle razón a tan infundado optimismo.  Ello, a pesar de que efectivamente la Mandataria trató de hacer frente a un clamor social en torno al logro de mayor igualdad en Chile; pero estas políticas forman parte de sus más íntimas convicciones por cuanto, independiente de lo que dijese su programa de campaña presidencial, era sabido que su candidatura era carrera ganada. En otras palabras, los chilenos votaron por Bachelet buscando que replicara su exitoso primer gobierno, pero con una preocupación fundamental en lo social.

La Presidenta optó por una forma de generar igualdad que ha sido muy negativa para el país. Su administración, con un fuerte apoyo de la generación del 90, y con una visión muy básica de la economía y la política, optó por generar igualdad material a través de sus reformas estructurales. Y para ello se adoptaron dos mecanismos. Por una parte, se excluyó al mercado como asignador de recursos, satanizando al lucro; y por la otra, se santificó al Estado como actor económico y social.

De esta forma, por señalar algunos ejemplos de regulación anti-mercado, se terminó con el incentivo a la inversión mediante la reforma tributaria, se modificó la ley para impedir que los colegios subvencionados actuasen conforme a lógicas de mercado, se persiguió a las universidades que se sospechaba tenían algún fin de lucro; y por el otro, se fortaleció el rol del Estado y de los grupos de poder de la izquierda más estatista.

Así, se modificó la ley laboral desequilibrando el poder negociador a favor de los sindicatos, en las empresas; se fortaleció el rol de los profesores en los colegios –al dejar fuera a los sostenedores- y se limitó fuertemente la libertad de enseñanza mediante la fijación de aranceles, es decir, precios máximos de colegiaturas, a las universidades que se adscribieron a la gratuidad.  De hecho la deuda de las universidades adscritas al sistema de la gratuidad es insostenible, lo que –ante una indiferencia política generalizada-  hará que el sistema colapse dentro de poco.

Estas Reformas desconocieron nuestro sistema económico y social, que a diferencia de otros sistemas fundados en el Estado de Bienestar, fuertemente inspirado en la igualdad material, trataban a la desigualdad económicamente a través de la focalización y, políticamente, por medio de la igualdad de oportunidades. De esta forma, el sistema de salud, previsión social, vivienda social y educación se dejaban al mercado, y la igualdad se lograba a través de créditos, subsidios con ahorro, subsidios directos, etc.

Este modelo deja a la lógica de la libertad individual a los distintos sectores, limitando el actuar del Estado al rol de generador de una regulación que produzca igualdad material. Por ello, en sectores como la vivienda se exige un ahorro previo con prohibición de enajenar; en materia universitaria –respecto de los futuros ricos-  se otorgaban becas con créditos blandos, etc. Nótese que este sistema permite que las personas valoren los esfuerzos de financiamiento, e introduce racionalidad económica en los controladores, permitiendo que el sistema sea sustentable.

Ahora bien, es verdad que esta forma de tratar la desigualdad requería de importantes modificaciones técnicas que políticamente nunca se han podido ejecutar, como aumento de la edad de jubilación, regulación de la concentración en las Isapres y clínicas,  evitar los abusos en el extinto CAE, etc.

También es verdad que con recursos suficientes ambos sistemas de igualdad funcionan, pero el sistema de igualdad material tiene el problema de poder ser capturado por grupos de poder y generar un desfalco en el Estado, como ocurrió en su momento en España, Portugal, Argentina, etc.  El sistema de igualdad material deja el sistema de financiamiento de estos sectores en manos de operadores políticos, que simplemente velaran por sus intereses de grupo más que por el bien común. Y eso es efectivamente lo que hemos visto aceleradamente durante el gobierno de Bachelet.

El aumento desmedido del gasto social –que demanda la igualdad material en un país tradicionalmente sano en sus finanzas públicas- se ha financiado con endeudamiento público, y lo que es peor se ha afectado fuertemente la calidad de la educación en todos sus niveles, como han señalado varios rectores de universidades.  Pero, lo más grave es que la caída en la calidad de la educación gratuita acrecentará las diferencias con la educación pagada  en todos los niveles.  Es decir, este sistema no generará más igualdad, sino más bien todo lo contrario.

Además, se han creado legislativamente para estos efectos mecanismos de control estatal aumentando desmesuradamente el aparato del Estado. Y ello se ha hecho a través de aumentos de sueldo (desde los 2.240 millones a los 2.600 millones de dólares al 2017), como de aumentos de la cantidad de funcionarios públicos (los incrementos de empleo en Salud, Enseñanza y Administración Pública en 2017 alcanzaron a 14,7%, 6,5% y 9,5%).

En resumidas cuentas, el recuento del tratamiento de la igualdad en Chile no puede ser más negativo. Hemos gastado varios puntos de crecimiento del PIB (¿se acuerdan de los 3 puntos del PIB de la reforma tributaria?), se ha endeudado excesivamente al país, se ha aumentado el aparato del Estado innecesariamente para levantar un sistema de igualdad material, que al final del día es menos equitativo que el sistema que existía antes.

/Escrito para La Tercera por el Profesor Rodrigo Barcia

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