A primera hora de hoy, el fiscal regional del Biobío, Julio Contardo Escobar, junto a la jefa de Alta Complejidad Centro Norte, Ximena Chong, presentaron ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago la acusación en que se solicita la más alta pena que se ha pedido en un caso de corrupción en el actual sistema: 21 años de presidio efectivo para el ex senador UDI Jaime Orpis Bouchon.

La solicitud -según constató La Tercera PM- se da esta nueva fase del único juicio oral que se realizaría en los denominados casos de financiamiento ilegal de la política. En particular, la causa de Orpis está dentro del Caso Corpesca que se inició hace tres años, luego que un asesor de la ex diputada Marta Isasi confesara haber emitido boletas falsas a la pesquera del grupo Angelini.

El escrito de más de 900 páginas ya está en poder del tribunal y es el puntapié inicial para que se agende la preparación de un juicio oral. La pena solicitada para el desaforado parlamentario –quien ejerció como diputado y senador entre 1990 a 2016- se desagrega en los tres delitos por los cuales los fiscales Contardo y Chong enjuiciarán al ex parlamentario. Por el cohecho se solicitó 6 años de cárcel, por delitos tributarios reiterados 3 años y 1 día, y por fraude al fisco reiterado 12 años de cárcel. En total, la condena solicitada suma 21 años de presidio efectivo.

Orpis, quien ejerció como diputado y senador entre 1990 a 2016, fue desaforado por la Corte Suprema el 29 de abril de 2016, tras lo cual el Ministerio Público lo formalizó por cohecho, delitos tributarios y fraude al fisco. La imputación de la Fiscalía se basa en que la investigación arrojó que entre los años los años 2009, 2010 y 2013, el senador estando en ejercicio en el Congreso –según expuso ante tribunales el ente perseguidor penal- solicitó al entonces gerente general de Corpesca, Francisco Mujica, un beneficio económico consistente en la entrega regular de distintas sumas de dinero.

El pretexto, según la Fiscalía expuso en audiencias, habría sido obtener financiamiento de su campaña electoral de senador por la UDI y para pagar deudas derivadas de la misma campaña. A cambio, acusa la Fiscalía, el parlamentario comprometió favorecer los intereses de la referida empresa mediante el desempeño de sus labores como senador, usando actos propios de su cargo para influir en la tramitación de la Ley de Pesca a favor de los intereses de la aludida empresa de propiedad del grupo Angelini.

Esos aportes, que en total suman más de $233 millones, (en promedio con pagos mensuales de $4 millones 500 mil) fueron solicitados y otorgados al margen del régimen legal de financiamiento de campañas políticas previsto en la ley.

El fiscal regional Contardo y la Jefa de Alta Complejidad Centro Norte, Chong, anunciaron que presentarán 228 testigos y 1.100 documentos para acreditar estos hechos, además de los fraudes reiterados al fisco que se le atribuyen por “asesorías parlamentarias” que contrató y que luego llegaron de vuelta a su bolsillo. Arista descubierta en el marco de la investigación.

Como penas accesorias, el Ministerio Público pidió que se inhabilite de por vida a Orpis a ejercer cargos públicos.

7 años para Marta Isasi

Para la ex diputada UDI, Marta Isasi, se solicitó por cohecho y delitos tributarios 7 años de cárcel (4 por el primer delito, 3 y 1 por la infracción ante el SII); mientras que para el ex ejecutivo de Corpesca se solicitó la misma condena, 7 años de cárcel, acusado de sobornar a un parlamentario y por los delitos tributario asociados a la petición de boletas falsas e incorporación a la contabilidad de esos documentos fraudulentos.

Como se trató de un caso que involucró el soborno por parte de un gerente, la investigación también apunta a la empresa Corpesca contra quien se solicita –por responsabilidad de la persona jurídica- una pena de 20.000 UTM ($946.620.000, como multa fiscal), 5 años de prohibición de celebrar actos con el Estado y la pena accesoria de publicar en un diario de circulación nacional la sentencia contra la empresa de ser hallada culpable en juicio.

A Carolina Gacitúa, ex asesora del parlamentario que emitió boletas por servicios inexistentes, se pidieron en su contra 8 años de presidio efectivo.

Para la arquitecta Lorena Lara, quien aparecía recibiendo asignaciones de Orpis sin haber trabajado para el Congreso, la Fiscalía pidió 3 años y un día por fraude al fisco, y 3 años y un día por delitos tributarios. Ambos ilícitos en carácter de reiterados.

Para Georgio Carrillo y Raúl Lobos, otroras asesores, se pidieron condenas de 541 días y 3 años y un día respectivamente.

Ahora el tribunal deberá preparar el juicio que se vislumbra como histórico, pues será la primera vez que un político chileno en el actual sistema penal, arriesgue efectivamente una condena tras las rejas.

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