La operación “legado” de Michelle Bachelet siempre tuvo algo de impostura. El veredicto de los chilenos acerca de su gestión está claro: una amplia mayoría considera que el suyo fue un mal gobierno que defraudó las expectativas que se habían creado con las promesas de su programa. De hecho, la coalición que se formó para apoyarla, la Nueva Mayoría, no fue capaz de trascender su período presidencial, dejando a los partidos de izquierda que la apoyaron sumidos en una crisis; y Bachelet, en definitiva, llevó a Sebastián Piñera a convertirse por segunda vez en Presidente de Chile, luego de un amplio triunfo electoral de la centroderecha.

Por eso, el “legado” no era más que una operación comunicacional que estaba destinada a morir. Pero hasta hace diez días atrás, todavía tenía una sobrevida. Políticos de la centroizquierda leales a Bachelet se afanaban en encontrar argumentos, necesariamente rebuscados, para defender a su gobierno, aunque siempre más por sus objetivos e intenciones que por sus resultados. Incluso, algunos que son muy críticos de su gestión apelaban a una suerte de respeto humano hacia ella para esconder esa posición o minimizarla.

En la última semana de su gestión, sin embargo, Michelle Bachelet hizo lo posible para arruinar su operación “legado”. Demostró, además, escasa consideración para con sus aliados políticos, con actuaciones voluntaristas, de un personalismo extremo e increíble falta de visión política. Sus decisiones crearán, a mi juicio, una distancia importante con quienes con lealtad la apoyaron durante su gobierno y que, habiendo sufrido un alto costo político frente a la ciudadanía, ven ahora que la ex Presidenta está embarcada en una suerte de reivindicación personal que le hace mucho daño a su sector.

Ya la presentación al Congreso de una ley con una nueva Constitución Política de Chile, 72 horas antes de concluir su mandato, había desatado fuertes críticas entre sus partidarios. Ninguno de los partidos políticos de la coalición conoció siquiera el texto antes de que se presentara el proyecto. Los principales asesores de Bachelet en la materia durante el llamado “proceso constituyente” tampoco tuvieron participación alguna en su redacción, con lo cual se le quitó el piso a una iniciativa que comprometió e incluso entusiasmó a muchos de sus partidarios.

Pero las actuaciones de los últimos días fueron francamente delirantes y de un solipsismo inexplicable. La primera fue el decreto con el nombramiento de un notario en la ciudad de San Fernando, que el ministro de Justicia Jaime Campos ingresó a la Contraloría y luego debió retirar y reemplazar, por órdenes superiores, por otro decreto de igual fecha que nombraba a otra persona: el ex fiscal del caso Caval, Luis Toledo. A nadie escapa que la presunción de que se estaba pagando un favor a Toledo por el tratamiento que dio a la nuera y al hijo de la Presidenta Bachelet en ese caso era completamente plausible. Que ello ocurriera en un proceso que investiga una operación que llevó a la nuera de la Presidenta a enriquecerse súbitamente con una altísima suma de dinero, hace pensar a los pocos que aún se resistían a creerlo que estamos frente a un caso de corrupción y tráfico de influencias.

A ello se suma el cantinflesco episodio del fallido traslado de los presos militares del penal de Punta Peuco. La Presidenta Bachelet fue ambigua cuando, días antes del fin de su mandato, se le preguntó si iba a cerrar el penal. Hasta el día viernes pasado en la tarde, según ha declarado el entonces ministro de Justicia Jaime Campos, él no recibió petición alguna ni instrucción en ese sentido. El día sábado, en vísperas del cambio de mando presidencial, el ministro habría recibido la petición de Ana Lya Ugarte, Jefa de Gabinete de la Presidenta, para firmar un decreto autorizando ese traslado; y el día domingo, un par de horas antes del traspaso del mando y cuando se preparaban para una foto oficial en el Palacio de la Moneda, se lo habría solicitado la propia Presidenta. El ministro se negó en ambas ocasiones.

Por último, sigue la incógnita y las especulaciones acerca de las razones que tuvo Bachelet para no pedir la renuncia al ahora ex Director General de Carabineros, Bruno Villalobos. Cuestionado por el fraude al Fisco perpetrado por altos oficiales de Carabineros durante su mandato y por la llamada Operación Huracán —donde el Ministerio Público acusa a Carabineros de haber fabricado pruebas falsas contra los inculpados de delitos de incendio—, Villalobos continuó al mando de la institución hasta el último minuto de la Presidencia de Bachelet.

Estos episodios no solamente han afectado gravemente el prestigio de la administración de Bachelet, sino que les han dado evidentes ventajas políticas a sus adversarios. Como lo han señalado varios, algunos incluso con rabia, Sebastián Piñera se ha beneficiado políticamente de estas torpes actuaciones. En el caso del nombramiento del notario, el nuevo ministro de Justicia, Hernán Larraín, anunció que se retiraría el decreto de nombramiento de Luis Toledo, quien a su vez señaló que no persistiría en su afán de convertirse en notario. En el caso de Punta Peuco, el nuevo gobierno, que había señalado que no estaba de acuerdo con el cierre o traslado, simplemente no innovará en la materia, en circunstancias que habría sido complejo al menos enfrentar una ofensiva de agrupaciones de derechos humanos que ahora se lamentan de la ineptitud o falta de voluntad de la Presidenta Bachelet para cumplir su promesa. Por último, en el caso de Carabineros, la inacción de Bachelet le permitió a Piñera mostrar el contraste con un Presidente que toma decisiones oportunas y, de pasada, le facilita su plan de efectuar cambios drásticos en la policía uniformada, indispensables para enfrentar el flagelo de la delincuencia.

Rabo y oreja para Sebastián Piñera y el derrumbe definitivo del “legado” de Michelle Bachelet.

/Escrito por Luis Larraín para El Líbero

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