En pocos días el primer Gobierno de la Nueva Mayoría inicia su último año de mandato. El resultado entre 2014 y 2017 es francamente desolador para Chile, y todo lo que diga la Presidenta Bachelet para negar esa realidad no hace más que profundizar el malestar ciudadano (no es gratis el 20% de aprobación). El Gobierno parte marzo con una cadena de problemas, todos cosecha de sus errores, ya fueran de inspiración política, de gestión, de incompetencia u otros más.

Transantiago alcanza los niveles de evasión más altos desde su creación: 35%  -más de uno de cada tres– de los pasajeros simplemente se pasan por el aro la tarjeta Bip! Pero el Gobierno, en vez de fiscalizar y castigar la frescura, suma nuevos subsidios, que pagamos entre todos.

Se revela que el Sename registraba más de 140 momentos de crisis de la niña Lisette Villa en un breve lapso de tiempo, que además la propia menor había denunciado maltrato y que la institución no hizo nada, hasta el fatal desenlace de su existencia. Sí, es el mismo Sename cuya responsable política era entonces Javiera Blanco, hoy flamante Consejera de Defensa del Estado, por designación presidencial.

También esta semana nos enteramos de que Chile cayó desde el 4° lugar que ocupaba en 2013 en el ranking mundial que mide condiciones para la inversión minera, al lugar 39 en 2016. ¿Qué dice la ministra de Minería? El país prácticamente no la conoce, porque no tiene una agenda pública relevante, pese a ser la máxima autoridad de una de nuestras principales fuentes de empleo, servicios e inversión.

Y el problema más grave, el de mayor impacto en la vida de los chilenos y poderosa fuente de rechazo: una economía severamente deteriorada (en tres años pasamos del primer lugar en América Latina y de los países OCDE, a uno de los últimos), con un mercado laboral en uno de sus peores momentos. Es más, con una cesantía maquillada con trabajos de subsistencia (“por cuenta propia”), la mayoría de ellos en la calle: vendedores de churro y empanadas, cantantes en el Metro, choferes de Uber y colectivos clandestinos, etc. En vez de enfrentar la realidad y desplegar una estrategia que la revierta, una autoridad del Ministerio del Trabajo se burla el miércoles de esos miles de hombres y mujeres cesantes y señala que los ingenieros convertidos en taxistas y las contadoras en freidoras callejeras, son una expresión del impulso emprendedor que ha alcanzado Chile.

Nada de lo anterior está entre las prioridades que ha señalado el Gobierno de la Nueva Mayoría para este último año de mandato. Incluso se dan el lujo de incluir entre sus “urgencias” la elección de intendentes y una de las reformas constitucionales, justamente la principal fuente de incertidumbre, del deterioro económico y de la imagen de seriedad internacional que distinguía a Chile. O sea, no solo le dan la espalda a los problemas que han generado, sino que siguen engordándolos.

Las consecuencias de un mal Gobierno son severas y el riesgo de perder el poder es progresivamente mayor. No es de extrañarse entonces que, en vez de enfrentar los problemas de los cuales son responsables –porque además de generarlos, están a cargo del país y es su obligación resolverlos–, la izquierda oficialista prefiera ser una caja de resonancia de la campaña del PC contra Sebastián Piñera (permítame un paréntesis para informarle que, 106 días después de iniciada la investigación por la querella de Gutiérrez, lo único que ha reconocido el fiscal a cargo es que no tiene antecedentes para imputarle delitos al ex mandatario). Se trata de impedir un debate público respecto del desastroso resultado del experimento llamado Nueva Mayoría y, sobre todo, de evitar a toda costa que quien lidera las opciones presidenciales exponga al país su visión del futuro y su propuesta para levantar a Chile de este tropiezo.

 

Isabel Plá, Fundación Avanza Chile para El Líbero

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