Cuatro querellas fueron presentadas entre los meses de abril y mayo por diputados y militantes del Partido Comunista. Todas se referían a hechos constitutivos de prevaricación y cohecho en el Tribunal Constitucional, y dos de ellas apuntaban directamente a los ministros Iván Aróstica y José Ignacio Vásquez, esto tras una entrevista ofrecida por la presidenta del TC Maria Luisa Brahm en abril en la que afirmó que antes de su llegada al cargo las demoras en las tramitaciones de casos, en particular las de DD.HH., podían llegar “al límite de la corrupción”.

Las denuncias ocurrieron pocos días antes de que el TC acordara abrir un término probatorio con respecto del requerimiento presentado por un grupo de diputados de Chile Vamos, a través del cual solicitan la declaración de cese en el cargo del también diputado Hugo Gutiérrez. La decisión se tomó el 20 de mayo y esa misma fecha el tribunal acordó aceptar la inhabilidad de los ministros Aróstica y Vásquez precisamente debido a esos recursos, uno de ellos presentado el 6 de mayo por el propio Gutiérrez, específicamente en contra de esos dos magistrados.

Este viernes se deben escuchar los alegatos del caso, en el que al legislador comunista se le señala por ir en contra del artículo 60 de la Constitución, al haber incitado de palabra o por escrito, a la alteración del orden público. Los abogados de los 10 diputados de Chile Vamos que llevan adelante esta acción presentaron un documento ayer ante el TC para pedir que se anule la inhabilidad de los jueces y que puedan participar en la vista del caso. La petición incluye que haya una respuesta del tribunal antes de que se lleven a cabo los alegatos para que los ministros puedan ser parte.

Los abogados Jéssica Torres y Emiliano García argumentan: “Hugo Gutiérrez y miembros del Partido Comunista de Chile crearon una situación artificial, orquestada. Específicamente, un ardid procesal, compuesto por múltiples insospechadas querellas, presentadas con posterioridad a que fuera admitido a tramitación el requerimiento de autos, para desmontar la integración legítima de vuestra Magistratura”.

La denuncia contra Gutiérrez en el tribunal se introdujo el 6 de enero y desde el 21 del mismo mes se admitió su tramitación. Sin embargo, no fue hasta mayo que se aprobó abrir el término probatorio. Fuentes vinculadas al tribunal lamentaron la demora que existió para que el caso de Gutiérrez fuera puesto en tabla. Los mismos Aróstica y Vásquez en el texto mediante el cual declaran su inhabilidad describen que el 14 de mayo, solicitaron a Brahm explicación sobre el retardo en la puesta en tabla de la causa y pidieron que se diera curso a los autos, lo cual se hizo luego de dos meses de parálisis.

Uno de los diputados involucrados en el proceso es el UDI Javier Macaya. Señala que decidieron pedir que ambos magistrados puedan sumarse porque “se puede dar el absurdo que nos quedemos sin tribunal. Basta con que un diputado se querelle contra todos sus miembros y todos se deberían inhabilitar”.

De hecho, el texto presentado por los abogados habla de un “inédito y riesgoso precedente” ya que “abre las puertas a que su reiteración termine socavando, por la fuerza, la misión de impartir justicia de los ministros”.

Por su parte, otro de los diputados requirentes, Sebastián Torrealba (RN) afirma: «Este ardid procesal son manotazos de ahogado. Es evidente que el diputado Gutiérrez no quiere aceptar el análisis o la sentencia del Tribunal Constitucional que nosotros esperamos sea la censura de su cargo. Por lo tanto, claro que hay una estrategia para no verse afectado, pero la verdad es que el TC ya lo admitió y esperamos que rápidamente pueda determinar la sanción al diputado Gutiérrez, que nosotros estamos seguros debe ser la destitución de su cargo».

Seguidilla de querellas

La primera en actuar fue la diputada comunista Carmen Hertz, quien después de la entrevista de Brahm recurrió al fiscal nacional Jorge Abbott para denunciar los delitos de prevaricación y cohecho. Los dichos de la presidenta del TC se publicaron el 19 de abril y el 20 la Fiscalía Nacional anunció una investigación por eventuales hechos de corrupción en el Tribunal Constitucional. Dos días después se hizo público que el Ministerio Público designó a la fiscal Ximena Chong para llevar adelante estas indagatorias.

El 24 de abril fue el turno de Lorena Pizarro, presidenta y representante legal de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, quien presentó una querella en conjunto con la ex subsecretaria de Previsión Social durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet y militante del PC, Julia Urquieta. Esta querella era en contra de todos los ministros del TC, incluyendo a su Presidenta. Para hacer esta denuncia se toman como prueba los dichos de Brahm.

Aunque el diputado Gutiérrez ha dicho que no se va a defender en el proceso que corre en el TC, en la práctica hay varios abogados que han presentado acciones a su favor. Pizarro y Urquieta son algunas de las que han intervenido. Pizarro, por ejemplo, introdujo en marzo un documento para solicitar que la audiencia fuera pública. Urquieta solicitó algo similar en nombre de la Coordinadora Julio Guerra Olivares el mismo 2 de marzo; y el 25 de junio la ex subsecretaria llevó un recurso en el tribunal en el que señala que el requerimiento de los diputados de Chile Vamos “busca vulnerar la voluntad y soberanía popular y destituir un parlamentario en ejercicio”.

La querella de Hugo Gutiérrez en contra de Aróstica y Vásquez fue la segunda. La presentó el 3 de mayo ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, el recurso fue declarado inadmisible el 6 de mayo, y ese mismo día interpuso otra querella por idénticas razones, en el mismo tribunal que sí fue admitida el 7 de mayo. El documento apunta directamente hacia Aróstica y Vázques, también se sustenta en la entrevista hecha a la actual presidenta del TC; y le otorga el patrocinio y poder para continuar con el caso al abogado Fernando Monsalve Arias.

El abogado -presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo entre 2015 y 2018- figura como personal de apoyo de Gutiérrez en la Cámara y es otro de los que ha presentado documentos en el TC en la causa contra el congresista. Monsalve, el mismo 2 de marzo, entregó un documento solicitando que la audiencia por este caso fuese pública y en su cuenta de Twitter hay diversos mensajes de respaldo al legislador.

El 11 de mayo, Hertz presentó la tercera querella por los delitos de prevaricación y cohecho agravado “en contra de todos quienes resulten responsables” en calidad de funcionarios públicos, como miembros del Tribunal Constitucional. Allí se citan declaraciones previas de la ex directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Consuelo Contreras; del senador Carlos Montes, y del ex presidente de Corte Suprema, Haroldo Brito, para referirse a la idoneidad del TC para ver hechos relacionados con los DD.HH, y también aluden a las declaraciones de Brahm.

La cuarta querella la hizo ante el mismo juzgado de garantía la Comisión Chilena de DD.HH., patrocinada por el abogado y presidente de la instancia Carlos Margotta, quien también es militante del Partido Comunista y fue rector de la Universidad Arcis -casa de estudios controlada por el PC- entre 2006 y 2013. Este texto también apunta directamente a Aróstica y Vásquez y se sustenta en las mismas declaraciones de la ministra Brahm. Todas estas querellas están ahora agrupadas en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago.

“Los hechos y delitos de la querella del señor Hugo Gutiérrez, son sustancialmente los mismos que fueron denunciados primeramente por la señora Carmen Hertz, de manera que no pone en movimiento ninguna nueva investigación. Así, la referida querella del señor Gutiérrez resulta manifiestamente inútil, salvo en el efecto de intentar inhabilitar a dos Magistrados del Tribunal Constitucional, quienes eventualmente se verían impedidos de entrar al conocimiento y resolución del requerimiento parlamentario en su contra”, declaran los dos ministros afectados en la carta en la que se inhabilitan de ver el caso.

En la declaración de inhabilidad sostienen que si bien “no existe causal de inhabilidad legal, ni animadversión” en contra del diputado prefieren inhabilitarse para “descartar cualquier duda que pudiese caber sobre nuestra imparcialidad o ecuanimidad”; “desvirtuar toda presunción basada en alguna conjetura malintencionada o de mala fe, en el sentido que nuestra participación en esta causa constitucional pudiera tener como propósitos o motivos un desafío, empate o vindicta” originados en la querella de Gutiérrez en su contra; y resguardar el principio de independencia del TC y evitar cualquier conflicto que afecte su normal funcionamiento.

Cuando se realice la vista, los abogados de los diputados requirentes tienen 30 minutos para exponer, mismo tiempo que tendría la defensa de Hugo Gutiérrez. El legislador se ha negado a concurrir ante el TC. Sin embargo, los juristas que se han involucrado en la causa como amicus curiae –terceros ajenos a un litigio, que ofrecen voluntariamente su opinión frente a algún punto; y cuyos planteamientos han sido en favor de Gutiérrez-, podrían solicitar al TC intervenir y este debe aprobarlo.

Luego, la causa queda en espera de resolución, para lo que existe un plazo legal de 60 días. Cercanos al tema indican que el desenlace puede tomar tiempo, primero porque es la primera vez que se decide algo de este tenor, por lo que la determinación debe estar bien argumentada ya que sentará jurisprudencia y también por el ambiente político que se vive en el país.

Por Emily Avendaño para ellibero.cl

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