Ningún exministro del gobierno de Bachelet ha tenido tanta figuración pública como quien fuera el titular de Justicia, don Jaime Campos. En su versión -a ratos jurídica y otras tantas emotiva- ha logrado capturar la atención de la opinión pública mostrándose como protagonista de unos hechos que iban a ser impúdicos, inconstitucionales y de graves consecuencias republicanas y que él logró frenar apenas unas horas antes del cambio de mando. La Presidenta le exigió, entre la noche del sábado 10 de marzo y el domingo 11 en la mañana, que firmara – según dice- un “acto administrativo que no implicaba el cierre de Punta Peuco pero que objetivamente se refería a él”. Para el común de los mortales la orden era la evacuación de ese recinto carcelario.

En su relato –el último, filmado y enviado a sus hermanos de la masonería como explicación de su reacción de resistencia a obedecer- calificó dicho acto de “maniobra política efectista, Ilegal e inconstitucional”, que le resultaba intolerable como hombre de principios y respetuoso de la Constitución y la ley. También agrega que “les advertí”, que “todo el procedimiento, desde su génesis, no corresponde a nuestro ordenamiento jurídico”, sugiriendo que un simple decreto no es suficiente para cerrar Punta Peuco y que es necesaria una ley, al igual como ocurrió con la que dio origen a dicho recinto el año 1995.

Para empezar, digamos que el exministro Campos es inteligente, pero que leídas con atención sus explicaciones, no se entienden bien y parece dirigirse a varias audiencias al mismo tiempo: a la opinión pública en general, a los grupos defensores de los derechos humanos y a la masonería, con todos los cuales quiere quedar bien y está en su derecho.

Sin embargo, no se ha reparado suficientemente que quien debiera dar una explicación es la ex Presidenta Bachelet. Si es cierto lo que dice el ex Ministro Campos, en seis oportunidades le habría preguntado por el tema y ella le habría señalado que el cierre de Punta Peuco representaba una materia compleja, que comprendía “aristas políticas, militares, penitenciarias y de seguridad”. Siendo así, es más que obvio que dichas delicadas cuestiones  no se resolvieron entre la noche del 10 y la madrugada del 11 de marzo, día del cambio de mando.

Lo que puede colegirse de ello, es que se delineó una estrategia fría y perfectamente calculada, en la que resultaba indiferente la postura del hasta entonces ministro de Justicia. Se dictaría un Decreto “de papel”, que no implicaba el efectivo cierre de Punta Peuco, pero de gran efecto mediático, eventualmente dañino para el Presidente entrante, y que dejaría a la señora Bachelet como alguien que había intentado todo para cumplir su programa en esta sensible materia. Un plan gélido y triste como el frío que azotó este año al Este de Europa.

/Escrito por Álvaro Ortúzar para La Tercera

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