La confirmación de las formas en que se fraguaron el nombramiento de un notario en San Fernando y el intento de cierre de Punta Peuco, son la prueba evidente de los necesarios cambios de enfoque que deben implementarse para abordar tanto el nombramiento de conservadores de bienes raíces y notarios, como la política carcelaria. Respecto del primero de los casos, ha quedado de manifiesto, una vez más, la urgencia de reactivar el proyecto de ley presentado en 2012, durante la primera administración del Presidente Piñera, el cual busca instalar un sistema de selección de los postulantes a estos cargos auxiliares de la administración de justicia, sobre la base de pruebas objetivas, confeccionadas por la Corporación Administrativa del Poder Judicial, para ingresar, cambiarse o ascender dentro del mismo. No hacerlo, es mantener un sistema opaco de nombramiento, que favorece las amistades y las presiones, lo que afecta seriamente la meritocracia.

En la trama del fallido decreto sobre Punta Peuco, la lucha de poder de los últimos días esconde, más que un interés de cerrar o transformar el destino de dicho penal, la voluntad de dar señales políticas, pero carentes de efecto jurídico. Es un hecho de la causa que un sector de la sociedad había solicitado a la Presidenta Bachelet el cierre del penal y, previendo ello, Gendarmería había preparado instalaciones para procurar recibir dicha población en otros recintos. Sin embargo, el gobierno estaba consciente que los internos, dada su edad, sus enfermedades y condiciones particulares, no eran posibles de trasladar fácilmente a penales comunes. No habiendo hecho ello en cuatro años, la tentación de salvar la responsabilidad fue grande: dictar un decreto que no se tramitara, para obligar al nuevo gobierno a retirarlo. Lo que cuesta entender, sin embargo, es cómo se pretendió firmar un documento de este tipo el domingo 11, antes de retirarse de La Moneda, careciéndose ya de todo poder.

Aun cuando se pueda creer que el mando se traspasa del Presidente saliente al electo al momento en que se entrega la banda presidencial y la piocha de O’Higgins, ello no es más que un mero simbolismo republicano, sin efectos jurídicos. La Presidenta Bachelet dejó de serlo el día 10 de marzo a las 24 horas y todo acto posterior era nulo, de nulidad absoluta. La aproximación a la problemática de los reos de Punta Peuco debe realizarse desde una óptica de los derechos humanos, comprendiendo y acompañando en el dolor a las víctimas y a las familias de aquellos que no obtienen información del destino de sus seres queridos. Sin embargo, las instituciones deben igualmente hacerse cargo de quienes están postrados, enfermos o con enfermedades terminales, pues la justicia no es incompatible con la caridad.
Los casos registrados en el epílogo del anterior gobierno no serán una simple anécdota si no se llevan a cabo cambios en la mirada de las políticas carcelarias, por una parte, y del sistema de nombramientos de notarios y conservadores, por otra.

/Escrito por el ex ministro de justicia, Teodoro Ribera para La Tercera

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