En menos de una semana, el excandidato presidencial José Antonio Kast ha sido objeto de duras agresiones en dos universidades públicas del país. Primero fue en la Universidad de Concepción, donde un grupo de estudiantes lo increpó por una charla que iba a pronunciar en un auditórium de la universidad. La rectoría finalmente no permitió el evento, justificándose en disposiciones reglamentarias que impiden usar dependencias para “fines políticos o partidistas”.

El incidente más grave ocurrió ayer en la Universidad Arturo Prat -plantel del Estado-, donde un grupo al interior del establecimiento lo rodeó para luego expulsarlo mediante golpes e insultos. La Federación de Estudiantes había rechazado previamente su presencia, con duras descalificaciones.

Más allá de los delitos que eventualmente se puedan configurar por agresión, es preocupante que los sectores más extremos consigan censurar sin dificultad a quienes no piensan como ellos, con el agravante de que las autoridades universitarias -en este caso de planteles públicos- al parecer consienten este tipo de acciones.

Nadie debería sentir temor de expresar sus opiniones libremente -en la medida que no sean discursos que objetivamente promuevan el odio o la discriminación-; pero en tanto se permita que los grupos extremos se arroguen el derecho a imponer su visión, se violenta el derecho a la libre expresión, consustancial a la democracia. Que además esta libertad sea atropellada al interior de una universidad, es signo de que la intolerancia se enquista cada vez más entre nosotros.

Editorial del diario La Tercera

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