Durante todos los jueves del mes de febrero el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia (España), Rubén Martínez Dalmau, participó de un ciclo de conversatorios impulsados por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), cuyos principales dirigentes pertenecen al Partido Comunista. “Estoy feliz de poder colaborar con la CUT en estos seminarios de formación que hemos organizado de cara a ese importantísimo proceso constituyente que se va a vivir en Chile y que va a marcar el faro de muchos procesos emancipadores en América Latina y en el mundo”, dijo en un video difundido en las redes sociales de la Central.

Martínez Dalmau es un reputado constitucionalista español y se desempeña también como vicepresidente segundo de la Generalitat Valenciana -definida como el conjunto de instituciones de autogobierno de esa comunidad en España-, cargo al que ascendió gracias a su militancia en el partido político de izquierda Podemos, que dirige Pablo Iglesias. 

Cada jueves el docente abordó un tema distinto. Primero se refirió al concepto “estado constitucional”, el cual, explicó, “habla de cómo una Constitución impregna el ordenamiento jurídico y cómo se ha llegado a una Constitución normativa y democrática, como la que aspira tener el pueblo chileno”. La siguiente semana fue sobre “las garantías que conseguirían que una Constitución fuese aplicable y los mecanismos internos que debería tener la Constitución para que se pueda garantizar su supremacía y su normatividad”. Como tercer tema abordó “los contenidos materiales de la Constitución, qué elementos no pueden fallar en el marco de esa nueva norma constitucional. Y cerró dilucidando sobre el “constitucionalismo social”, para avanzar hacia una serie de derechos “entre ellos particularmente, los derechos de los trabajadores”.

Los seminarios son parte de las actividades desarrolladas por el recientemente creado “Consejo Asesor para la elaboración de Propuestas Constitucionales del Mundo Sindical”, iniciativa de la CUT en conjunto con la Fundación Instituto de Estudios Laborales (FIEL) presentada el 22 de enero. En la actividad, la presidenta de la Central Bárbara Figueroa subrayó que se trata de un consejo inédito que pretende ser un incentivo para que “la agenda pública más que estar dominada por los nombres de candidatos, esté dominada por el debate de contenidos”.

En los orígenes del chavismo

El abogado es un viejo conocido de los procesos constituyentes que han tenido curso en América Latina a partir de la llegada de Hugo Chávez a la Presidencia de Venezuela. La incursión la hizo a través del Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS), descrito como la “semilla” del partido Podemos. El centro, que ayudó a fundar en 1992, una vez que comenzó a facturar en Latinoamérica por sus proyectos de asesoría se constituyó como una fundación en 2001 y a partir de entonces fue conocido como Fundación CEPS, instancia que cesó actividades en 2015 y fue disuelta en 2016 en medio de escándalos por su financiamiento.

En junio de 2014, seis meses después de la fundación de Podemos, diarios españoles publicaron que la Fundación CEPS, en cuyo consejo ejecutivo aparecieron los tres principales dirigentes de la colectividad de izquierda (Pablo Iglesias, Íñigo Errejón y Luis Alegre) recibió desde 2002 hasta ese año al menos 3,7 millones de euros del Gobierno de Hugo Chávez, de acuerdo con las cuentas depositadas en el registro de fundaciones del Ministerio de Cultura. Y si bien desde Podemos siempre lo han negado, la suspicacia que existe surge ante la duda de cuánto del dinero del chavismo pudo haberse utilizado para financiar la creación del partido. En particular porque en algunos años, los pagos del gobierno venezolano por convenios de asesoramiento político superaron el 80% de los ingresos de esta fundación “sin ánimo de lucro”.

“Tras analizar las cuentas de 2002 a 2012, los ingresos de CEPS revelan varias constantes: en esa década el Gobierno de Hugo Chávez fue siempre su mejor y a veces casi su único cliente; buena parte de los pagos (1,6 millones) fueron por asesorar directamente a Chávez; cobró año tras año por la implantación de un sistema de seguridad social en Venezuela; y además facturó a una decena más de organismos gubernamentales, desde la cadena televisiva Telesur al Ministerio del Interior, para dar clases sobre ‘globalización’, pasando por el Banco Central de Venezuela para medir la ‘percepción socioeconómica’ de los venezolanos”, detalló El País.

En un texto firmado por Martínez Dalmau titulado “El Centro de Estudios Políticos y Sociales y América Latina: una experiencia de mutuo aprendizaje” es el mismo abogado quien describe la estrechez de la relación que existía entre la organización y Hugo Chávez, incluso antes de que este llegara a la Presidencia de Venezuela en 1998.

La influencia del CEPS en Latinoamérica comenzó a gestarse a finales de los noventa en Cuba, aunque de allí rápidamente saltaron a Venezuela y acabaron participando en la campaña presidencial. “La presencia de CEPS en un momento clave de la historia venezolana facilitó su articulación con el MVR -partido político que apoyaba a Chávez-, en particular con su secretaría de formación y con el comando electoral”, escribe.

“CEPS se instaló en Caracas y colaboró profundamente con la Asamblea Nacional Constituyente, por medio de un convenio firmado con esta a través de la vicepresidencia primera de la Asamblea… Una persona fija y varias itinerantes servían de correa de transmisión a un equipo que, coordinado desde Valencia, apoyaba a las comisiones y al Pleno. El trabajo más intenso se realizó en la Comisión Constitucional”, agrega sobre el proceso.

La colaboración del CEPS con el gobierno venezolano se intensificó a partir del año 2000 -con la nueva Constitución ya aprobada-; elaboraron propuestas técnicas legislativas y planes de acción económica. A partir de 2002 constituyeron un equipo de asesores de la Presidencia de la República para el diseño de macro políticas públicas, con sede en el propio Palacio de Miraflores. Para 2011, “CEPS contaba con una veintena de equipos distribuidos en América Latina”, dice Martínez Dalmau.

La “constitución fachada”

Alejandro González, abogado venezolano de origen chileno integrante del Bloque Constitucional de Venezuela -iniciativa creada para rescatar la vigencia de la Constitución y el principio de la independencia de los poderes públicos en ese país- explica a El Líbero que si bien desde el CEPS colaboraron en la elaboración de la Constitución de 1999, este texto consistió en lo que ha sido definido como una “constitución fachada” -concepto instaurado por Giovanni Sartori-, “es decir, una Constitución que en apariencia es democrática y correcta, pero bajo ella subsiste otro proyecto constitucional antidemocrático. Eso es lo que ha ocurrido con la Constitución de 1999, no es que sea esencialmente mala, tiene muchos defectos, pero lo peor es que nunca ha sido aplicada, pues fue violada desde el mismo momento de su ratificación por el pueblo, con las decisiones del llamado Congresillo”, instancia que designó a los representantes de los más altos poderes del Estado: magistrados, Fiscal Nacional, Contralor, Defensor del Pueblo, pasando por encima de lo que acaba de ser aprobado en la Constitución.

En consecuencia González hace notar que la influencia del CEPS y de Martínez Dalmau se evidencia más para el segundo período presidencial de Hugo Chávez, cuando en la reunión del Foro de Sao Paulo de 2005 hace un cambio de retórica y deja de hablar de un proceso “bolivariano”, para convertir su propuesta en la de un gobierno socialista, nociones que habría construído con el respaldo de sus asesores españoles.

Diversos medios de comunicación han difundido que entre 2006 y 2007, Pablo Iglesias trabajó a través de CEPS en asesoramiento para el gobierno de Chávez. Momento en que el presidente de la fundación era Roberto Viciano y la Vicepresidencia la ocupaba Martínez Dalmau. Este último junto con Viciano han escrito diversos papers sobre el proceso venezolano en la era de Chávez.

Para el año 2007, Chávez, a través de lo que González califica como un “fraude constitucional”, intenta una reforma de la Carta Magna, hecho que no había anunciado en su campaña presidencial. El Mandatario se proponía modificar 36 artículos de la Constitución, a los que la Asamblea Nacional (el Congreso) sumó 33 más. González se refiere a un fraude ya que se trataba de un cambio en la configuración política del Estado, por tanto, no correspondía una reforma sino una nueva asamblea constituyente; pero utilizó el primer mecanismo al saber que no contaba con el respaldo suficiente para instaurar la segunda opción.

“Entre los cambios que se proponían, con la asesoría española, estaba el hecho de que la sociedad dejaba de estar fundamentada en el principio del pluralismo democrático para ser directamente una una sociedad socialista; modificaba la propiedad ya que no se hablaba solo de la propiedad individual sino que se introdujo el concepto de la propiedad colectiva; surge la reelección indefinida para aprovechar el liderazgo carismático de Chávez; dan forma al poder popular, a través de las comunas. Todo implicaba un giro y un deslinde definitivo del proyecto político que estaba establecido en la Constitución de 1999”, resume el integrante del Bloque Constitucional.

Esa reforma fue rechazada en un referéndum llevado a cabo el 2 de diciembre de 2007, pero once días después, Chávez igualmente comienza a instaurar algunos de los cambios con la aprobación del Primer Plan Socialista de la Nación, “cuya esencia era idéntica a la reforma rechazada”.

“El algunos escritos que yo he leído de Martínez Dalmau, él critica que la reforma incluso no fue mayor en algunos aspectos, por ejemplo, en el tema de la autonomía del Banco Central. Además, justifica la reforma constitucional profunda, que era un fraude porque en realidad era un nuevo proceso constituyente, al considerar que la Constitución de 1999 estaba ‘inacabada’”, afirma González.

El integrante del Bloque Constitucional se refiere al texto Necesidad y oportunidad en el proyecto venezolano de reforma constitucional (2007), firmado por Viciano y Martínez Dalmau en el que los autores sostienen: “Como característica de este concepto de proceso en el que está inserta, la Constitución bolivariana es, al mismo tiempo una Constitución inacabada. No podía ser de otra forma, puesto que la destrucción de un sistema anterior y la construcción de un nuevo sistema son dos trabajos paralelos pero no totalmente simultáneos en el tiempo”.

Continúan: “El objetivo de la Constitución, por lo tanto, no era establecer el modelo final, sino posibilitar que este modelo pudiera ser pensado, con más tiempo y sin la amenaza inminente de un regreso al viejo sistema”.

También en Ecuador y Bolivia

Cuando Rafael Correa presentó, siendo candidato en 2006, la Alianza País, con el objetivo de “refundar Ecuador” desde el CEPS vieron la oportunidad de asesorar un nuevo proceso constitucional. Relata el propio Martínez Dalmau que el centro comenzó a apoyarlo a comienzos de ese año y entraron con “rapidez en su núcleo de confianza”. 

“Su presencia en los momentos en que se construía el plan de estrategia electoral le hizo estar presente en el diseño de la propuesta constituyente, así como en la decisión de presentar la candidatura electoral sin parlamentarios”, escribe el militante de Podemos.

Indica Martínez Dalmau en el texto “El Centro de Estudios Políticos y Sociales y América Latina: una experiencia de mutuo aprendizaje” que mediante un convenio con la Procuraduría General del Estado instalaron a tres asesores permanentes y varios itinerantes para trabajar con la Presidencia de la Asamblea Constituyente y prestaron apoyo en cuestiones técnicas y alternativas políticas a las comisiones que lo solicitaban. Esa Constitución entró en vigor en 2008 y después de eso el CEPS mantuvo una oficina de asesoramiento general al gobierno de Correa y si bien a partir del año 2012 la relación fue “menguando”, esta se mantuvo -dice Martínez Dalmau- hasta que finalizaron las operaciones de la Fundación CEPS.

En el caso de Bolivia, relata el constitucionalista en el mismo texto, los nexos con Evo Morales empezaron a partir del año 2002 y para el año 2006 dos integrantes del Centro se sumaron como asesores de su campaña y apoyaron “desde el inicio el complicado proceso constituyente boliviano”.

Si bien la Constitución boliviana comenzó su trabajo en agosto de 2006, no fue hasta febrero de 2009 que ese país tuvo una nueva Carta Magna. Hubo que extender la duración de la asamblea pues durante su primer año no lograron sacar adelante ni un solo artículo. En noviembre de 2007 aprobaron el proyecto en general sin la presencia de la oposición. Ese día hubo tres muertos y cientos de heridos. Incluso algunas sesiones se realizaron bajo custodia policial. Para que hubiese acuerdo finalmente tuvo que intervenir el Congreso y revisar más de 100 artículos.

Según Martínez Dalmau el equipo del CEPS, conformado por tres personas fijas y varias itinerantes, vivió todo este proceso. Aunque por su duración al final se redujo a una sola persona durante el último mes. “A partir de finales de 2007, cuando se entregó el documento de la Constituyente, el papel del CEPS en el proceso boliviano menguó”, afirma, y la colaboración directa finalizó en 2013.

“Ellos en el caso de Venezuela aspiraban una transformación más radical, así lo expresa Martínez en diferentes escritos. En el caso de Ecuador y en el caso de Bolivia, si bien el proceso constituyente tuvo gran calado, hubo dificultades para implementarlo con mayor profundidad porque las sociedades estaban muy atentas a lo que había ocurrido en Venezuela. En Ecuador y Bolivia no se pudo avanzar tanto como ellos hubiesen querido, por eso es importante que en Chile se esté muy alerta a los planteamientos que pueda hacer este asesor a los organismos que están asesorando, concretamente al Partido Comunista y a la CUT porque son instancias que tienen una cierta relevancia en Chile. La CUT es la principal central de trabajadores y el PC tiene un candidato bien posicionado como un virtual presidenciable”, advierte Alejandro González.

El mismo Martínez Dalmau dijo en los video difundidos por la CUT que en los semanarios  plantearía su “experiencia en los últimos procesos constituyentes latinoamericanos en los que he tenido la ocasión de participar en los equipos técnicos y en las comisiones de redacción”.

Por lo pronto, el interés de Martínez Dalmau en el proceso constituyente chileno ha quedado de manifiesto al menos desde noviembre de 2020, cuando participó en un foro con otra de las caras visibles de Podemos, Juan Carlos Monedero -también cuestionado por recibir pagos de Venezuela a espaldas del sistema tributario español-. En la invitación, el constitucionalista dijo sobre la reforma que está ad portas “que será una de las grandes revoluciones democráticas del siglo XXI y con la que se pondrá punto y final a cuarenta años de Constitución pinochetista”.

Advierte González: “La sociedad chilena tiene que estar muy atenta, con los ojos muy abiertos, respecto de la visión constitucional que puede tener este asesor porque él ya no solamente tiene la experiencia del caso de Venezuela, del caso de Ecuador y del caso de Bolivia, que en estos últimos dos fueron menos traumáticos (…). Ellos van a pretender mercadear y contrabandear su producto de un cambio constitucional que sea democrático, pero hay que estar claro en que desde la perspectiva de Martínez esto es simplemente un proceso que se puede realizar en dos etapas, como fue la aspiración y la concreción en Venezuela. La primera a través de la vía formal en 1999, pero la segunda que fue la reforma constitucional, que fue rechazada, la hicieron manu militari (por la fuerza de las armas), por la vía de los hechos y eso es lo que explica el grado de anomia institucional que tiene hoy Venezuela y eso hace que sea un caos político en este instante”.

/Escrito por Emily Avendaño para El Líbero

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