Es final de mes y no son pocos los que se alistan a realizar evaluaciones. Después de todo el dinamismo de la política, obliga a medios y analistas a leer con suspicacia, crítica e ingenio lo que en ella ocurre y de ese modo captar la atención del público. Un escenario calmo no es muy atractivo, peor aún termina por ser invadido por otras dimensiones de la vida cotidiana cuya lectura política es más compleja. No obstante, la verdad es que sólo es un mes.

Ahora bien, no cabe duda que las últimas dos semanas distintos temas han irrumpido la agenda: el debate sobre la Ley de Identidad de Género, La Haya, el protocolo sobre Ley de Aborto y recientemente el fallo del Tribunal Constitucional (TC). En todos estos casos la oposición ha estado buscando una fórmula para aglutinar sus esfuerzos y de ese modo dejar de lado sus diferencias y disputas por hegemonizar el sector. Pero la verdad sea dicha, los hechos no parecen tan nítidos. En el caso del protocolo de la Ley de Aborto, que permite que las instituciones que se declaran objetoras de conciencia puedan mantener convenios con el Estado para atender a sus pacientes, no parece ser un foco que ayuda a aglutinar a todo el sector, las diferencias subsisten y más bien acercan tácticamente al Frente Amplio y el PC, intentando instalar una posverdad respecto del tema. El problema es cómo se le explicaría a los miles de pacientes que se atienden en dichas instituciones por otros motivos, que de ahora en adelante no podrán hacerlo porque el protocolo de aborto obliga a cancelar los recursos para su atención.

Por su parte, la Ley de Identidad de Género, no es un tema pues solo parece generar discrepancias entre sectores liberales, conservadores y pragmáticos de gobierno, y por lo tanto no es un motivo que suscite adrenalina. Demás está decir que era inevitable puesto que las presiones del mundo conservador en esta materia debían materializarse de algún modo.

Finalmente, en el caso del fallo del TC ciertamente abre una posibilidad de frente común, en la medida que se revive la “cuestión de lucro”. Y aunque el fallo no abre la posibilidad de que las instituciones de educación superior puedan hacerlo pues está prohibido y existen diversos mecanismos para fiscalizarlo, instalar otra posverdad se hace imperioso: ahora las instituciones de educación superior podrán lucrar. Pero hay un problema: el enemigo es el TC.

El enemigo es Armanet que arriesga a ser expulsada del PPD por pensar distinto en una sola materia. El enemigo es el gobierno anterior que al parecer no previó situaciones como éstas y que solo buscaba excluir con nombre y apellido a dos universidades, que no atienden precisamente a la elite económica del país y, en las que sus miles de estudiantes serían excluidos de la gratuidad. En buenas cuentas el enemigo no es el gobierno. No obstante, la consigna del lucro es poderosa. Luego, el objetivo de los sectores de izquierda será la de asociar dos ideas: que el fallo amenaza la gratuidad y que el gobierno la ampara a menos que se tomen medidas al respecto.

/Escrito por Eugenio Guzmán, Decano Facultad de Gobierno UDD, para La Tercera

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