Recientemente se dictó sentencia condenando a la pena privativa de libertad de cinco años de presidio, sustituyéndola por libertad vigilada, a los autores -individualizados en la investigación de la PDI y el Ministerio Público- del atentado al Cuartel de la Brigada de Homicidios Metropolitana el 24 de noviembre de 2014 mediante artefactos incendiarios, para lo cual encadenaron los portones de acceso al recinto policial, hecho ampliamente mediatizado por la planificación demostrada y medios logísticos empleados, además de la espectacularidad de las imágenes captadas.
La precitada sentencia de más de 400 fojas es un hecho que nos debe llamar a una profunda reflexión, dadas las negativas señales que la sociedad percibe -a nuestro juicio- por la insuficiente valoración que el tribunal concede a un hecho de tan evidente gravedad.
En efecto, un atentado en contra de la PDI no es solo un acto gravísimo en sí mismo, sino que su entidad también se agrava porque está directa y manifiestamente dirigido a una institución permanente del Estado, que como tal representa el interés de todos.
Ello no es un tema menor, y así fue reconocido por el voto disidente. Detrás de este acto no está la intención de infligir un daño a un grupo en particular o a un interés privado -por muy lamentable que ello sea-, sino la firme y decidida voluntad de atacar las bases de nuestra convivencia social. Atacar al Estado social, democrático y de Derecho es atentar contra todos. Así, entonces, un ataque contra la policía merece y debe ser sancionado con el máximo rigor que contempla la ley. Lo que está en juego es el principio de autoridad y la deslegitimación de la función policial.
Por ello, preocupa sobremanera que la legislación vigente habilite una sentencia como la emitida por el Tercer Juzgado Oral en lo Penal de Santiago y, más aún, la pasividad con que la Fiscalía de Ñuñoa asume un fallo que en su forma y contenido no valora adecuadamente la gravedad de lo sucedido; tal y como distintos sectores de la sociedad lo han hecho presente a través de diversos medios de comunicación social.
Cuando un detective comete un delito, recae sobre él o ella todo el peso de la ley -y así debe ser-, precisamente por ser un funcionario público; pero cuando un detective es víctima de un ilícito, en su calidad de servidor del Estado, los responsables reciben penas de muy baja intensidad. La coherente reciprocidad es una condición que merece ser reforzada y honrada.
Ante tan lamentable situación, nos viene a la memoria el sabio apotegma del escritor suizo Friedrich Durrenmatt, quien decía: “Es triste vivir en una época en la que hay que luchar por las cosas evidentes”.
Nelson Mery Figueroa Arturo Herrera Verdugo Marcos Vásquez Meza
Ex directores generales PDI
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