En víspera del día que debe definirse la prisión o libertad de Lula da Silva, por una decisión de la Corte Suprema brasileña de aceptar o rechazar su habeas corpus, el ex presidente tomó una decisión. Acompañará la sesión de la máxima instancia judicial del país desde el Sindicato de Metalúrgicos del ABC, su cuna sindical y política. Lo que está en juego es la posibilidad, o no, del líder petista de agotar todos los recursos legales disponibles para demostrar su inocencia, antes de ser encarcelado. Sus abogados han sostenido, día tras día, que la causa por la cual se acusa a su defendido, la presunta compra de un departamento que nunca estuvo a su nombre, es “ilegítima” y está “llena de irregularidades”.

En tanto, miles de manifestantes se dieron cita en la avenida Paulista, el gran escenario de movilizaciones en San Pablo. El Movimiento Brasil Libre (MBL) y el Vem Pra Rua (VPR) convocaron a partir de las 20 horas y lograron, como en otros tiempos, llenar 8 cuadras. Ellos demandan directamente el encarcelamiento del ex presidente. Para este miércoles en cambio están previstas manifestaciones del PT y los movimientos sociales pro Lula que se darán cita en Brasilia. La extensa explanada de los Ministerios fue dividida en dos. Una de las alas será ocupada por los pro Lula; la otra por aquellos sectores que años antes se habían expresado a favor del impeachment de la ex presidenta Dilma Rousseff.

Un manifestante con una jaula de pájaros con un muñeco de Lula "preso" hoy en Brasilia. (Foto AP)

Un manifestante con una jaula de pájaros con un muñeco de Lula “preso” hoy en Brasilia. (Foto AP)

Este proceso de habeas corpus, y sus resultados, podrán tener un alcance gigantesco. No sólo afectará al PT y a su dirigente histórico. También debe dejar una profunda división en la sociedad e, inclusive, en el medio judicial, hoy profundamente escindido entre los juristas que ven la eventual detención de Lula como un atentado “a la Constitución de 1988”; y la de jueces de foros criminales que claman por mantener una cláusula de 2016, por la que la Corte resolvió decretar la prisión de un reo condenado en segunda instancia. Estos últimos aluden a que cualquier resolución a favor del ex mandatario pondría en peligro a la sociedad al dejar en libertad individuos que, por ejemplo, tienen sentencia por homicidio en un tribunal de segunda instancia. En una columna notable, el analista político Reynaldo Azevedo, que publica sus artículos en Folha de Sao Paulo, sostuvo que esos jueces que sostienen la necesidad de mantener la cláusula de 2016 “son cobardes”. Afirmó que “no tienen la valentía” de llamar a las cosas por su nombre: “quieren la prisión de Lula”.

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