Tras la decisión del Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) de rechazar el recurso de habeas corpus preventivo del expresidente Lula da Silva, que intentaba dilatar el inicio de su condena de cárcel, algunos políticos chilenos le entregaron su respaldo. Entre ellos estuvo el expresidente Ricardo Lagos, el senador José Miguel Insulza, y el Frente Amplio.

Llaman la atención este tipo de declaraciones que no hacen más que cuestionar -sin argumentos de fondo- la legitimidad de toda la institucionalidad de un país y de sus más altos organismos judiciales. Sobre todo, teniendo en cuenta que no fue una sino tres instancias judiciales las que fallaron en contra de Lula y que la resolución fue clara en afirmar que “hay pruebas por encima del umbral de la duda razonable de que el expresidente fue uno de los principales articuladores, sino el principal, del esquema Petrobras”.

En la región hubo otros líderes que entregaron públicamente su respaldo a Lula, como Cristina Fernández, Evo Morales y Nicolás Maduro. Pero lo cierto es que sus posturas eran esperables, considerando no solo la coincidencia ideológica con el expresidente, sino porque históricamente han mostrado un escaso respeto institucional. En el caso de Lagos, Insulza y del Frente Amplio, sin embargo, los alcances de sus dichos son más preocupantes porque no solo cuestionan el funcionamiento institucionalidad interno de Brasil sino que indirectamente terminan relativizando la gravedad de los delitos por los cuales el exmandatario fue condenado.

/Editorial del diario La Tercera

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