El abogado de la bancada del Partido Comunista, Luis Cuello, interpuso una inédita demanda ante un juzgado civil en contra del fallo del Tribunal Constitucional que modificó en agosto de 2017 la ley de aborto en tres causales, permitiendo la objeción de conciencia institucional.

La demanda -firmada por los ocho diputados y diputadas comunistas- busca establecer la nulidad de derecho público de dicha resolución, acusando que el organismo excedió sus atribuciones al cambiar el sentido del artículo que establecía que la objeción de conciencia “en ningún caso” podría ser invocada por una institución, eliminando precisamente dicha expresión.

Con esa acción, explica Cuello, el tribunal aprobó todo lo contrario a lo que había sido debatido y despachado por el Congreso, asumiendo así un rol “colegislador”.

“El TC, por la vía de suprimir ciertas palabras del nuevo Artículo 119 ter del Código Sanitario, aprobado por el Congreso Nacional, dio lugar a una nueva norma en el texto legal -la objeción de conciencia institucional-, excediendo su competencia como órgano encargado del control de constitucionalidad de las leyes y, por tanto, atribuyéndose facultades legislativas que el ordenamiento jurídico no le ha reconocido y que corresponden en forma privativa al Congreso Nacional”, se lee en la demanda a la que tuvo acceso La Tercera.

En el texto se argumenta que, con su decisión, el Tribunal Constitucional habría contravenido precisamente el Artículo 7 de la Carta Magna, en el que se consagra que “ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes”.

El jurista explicó que “en este fallo en particular el tribunal ha ido mucho más allá y esto constituye una gran alteración del punto de vista del orden institucional, del sistema democrático y, en suma, del estado de derecho”.

De prosperar, la ofensiva del Partido Comunista sentaría un inédito precedente, en vista de que -según explica Cuello- nunca antes se había utilizado la vía de la nulidad de derecho público a propósito de algún fallo del organismo.

“Aquí hay una ilegalidad manifiesta y esperamos que esta demanda constituya un precedente y ponga freno a esa ilegalidad en que ha incurrido el Tribunal Constitucional de forma reiterada”, sentenció Cuello.

El jefe de bancada del PC, Daniel Núñez, acusó al organismo de ser “antidemocrático”, ya que -a su juicio- ha “vulnerado permanentemente la soberanía popular, cercenando y limitando aspectos que son fundamentales en las leyes que emanan del Congreso”.

“El TC se atribuyó una facultad que no le compete y usurpó lo que es el rol del Congreso, puesto que al crear una objeción institucional para las clínicas e instituciones privadas de salud, lo que ha hecho es, en la práctica, legislar”, agregó.

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