En los 4 años de gobierno de Michelle Bachelet no se hizo nada para enfrentar la crisis migratoria. La izquierda negligente, le abrió de par en par las puertas del país a cientos de miles de extranjeros, sin control y ni registro adecuado, abusados por mercenarios y traficantes de personas que los trajeron amenazados, aprovechando la fragilidad de la regulación chilena. Curiosa omisión, viniendo de una ex Mandataria que hoy se pasea sonriente por el mundo y que dice defender los derechos humanos. Lo cierto, es que los derechos de esos miles de inmigrantes fueron violentados por verdaderas mafias que actuaron impunemente a vista y paciencia del Gobierno.

Las consecuencias de esa irresponsabilidad las estamos pagando hoy, al ver que son miles los indocumentados sin soporte alguno y sin claridad sobre cómo sobrevivir en nuestro país. Son ellos, los que, con desesperanza, acuden en masa a extranjería a buscar una última oportunidad para seguir aspirando a cumplir sus sueños.

El gobierno de Sebastián Piñera ha enfrentado esta crisis con decisión y agilidad: una propuesta migratoria para discutir en el Congreso y una serie de medidas administrativas, para enfrentar la emergencia inmediata. La decisión del Gobierno es valiente, efectiva y comprehensiva, de muchos aspectos que estaban desregulados, desactualizados o derechamente errados, y es en ese mérito que consideramos que la propuesta es valorable y esperamos que cuente con el apoyo de todos los sectores. Incluso, con el apoyo de aquellos que desde el Gobierno no hicieron nada y que hoy no tienen derecho a criticar el coraje que otros si han mostrado.

Sin embargo, la propuesta migratoria tiene un problema, que podría poner en jaque los fundamentos del sistema legal chileno y podría ser un mal precedente para nuestra jurisdicción al abrir un proceso de regularización extraordinario para los extranjeros irregulares que entraron de manera clandestina.

De acuerdo a las cifras entregadas por el Ministerio del Interior, alrededor de 300.000 extranjeros se encontrarían en situación irregular. Dentro de ellos, están quienes tienen su permiso de visa vencido; la residencia vencida; la visación en trámite; permiso de turista vigente u otras situaciones análogas. Si bien, en algunos de esos casos operaron situaciones irregulares como las declaraciones falsas al ingresar al país o falsos contratos de trabajo para optar por la residencia, entendemos que la regularización es un proceso indispensable para permitirle a estas personas el acceso a servicios básicos y la posibilidad de optar a un empleo para poder sustentarse.

Lo que se debe analizar es si corresponde dar el mismo tratamiento a quienes ingresaron de manera clandestina por pasos no habilitados. Sin perjuicio de las justificaciones que puedan existir debemos priorizar el respeto por nuestra legislación vigente y la integridad de nuestro ordenamiento jurídico. Es de esperar que en la nueva ley en trámite considere este punto y establezca la reconducción inmediata a la frontera de aquellas personas inmigrantes clandestinos.

No sería  aceptable que la futura legislación dejara abierta una ventana para regularizar la situación de los inmigrantes clandestinos. La única alternativa viable  sería la expulsión de los mismos y el reforzamiento de las medidas de fiscalización de la ley migratoria para poder concretar esas expulsiones.

Chile es y seguirá siendo un país abierto y solidario, a pesar de los errores del Gobierno anterior. Es por ello que debemos exigirle con fuerza al Gobierno que avance con la reforma migratoria sin que permita legitimar el ingreso clandestino de extranjeros, por las consecuencias que tiene para el futuro de nuestro país.

/Escrito por José Antonio Kast para La Tercera

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