Se usa tanto la palabra “posverdad”, que el Diccionario de la Real Academia Española la incluyó en sus páginas, definiéndola como la “distorsión deliberada de una realidad, que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales”.

A propósito de posverdades, hace un tiempo atrás el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, anunció con bombos y platillos que construiría viviendas sociales en un terreno que posee su comuna, pero que está ubicado en un sector muy exclusivo de Vitacura. Son 28 mil metros cuadrados (unas tres manzanas) en la ribera sur del río Mapocho y al oriente de la calle Tabancura, con un valor que asciende a unos US$ 30 millones.

Lavín ha dicho que lo que construirá ahí son viviendas sociales y ha estigmatizado a los vecinos del sector como si fueran contrarios a su idea. Pero lo que no ha dicho el alcalde es que las juntas de vecinos adyacentes al lugar nunca han sido contrarias a la integración social y a mejorar las viviendas sociales. Lo que siempre han pedido es que, dado lo saturado que está el sector con viviendas en altura y otras por construir, ese paño sea destinado a áreas verdes que pueden ser usadas por cualquier santiaguino. Por ello, luego de múltiples negociaciones, la Municipalidad de Vitacura cambió el plano regulador en respuesta a la petición de la comunidad.

Pero aquí viene el quid del asunto. Joaquín Lavín, de manera astuta, ingresó a pocas horas de aprobarse el cambio del plano regulador un anteproyecto de viviendas que él aseguraba a los medios de comunicación iban a ser “sociales”. Varios vecinos, vía Twitter, comenzamos a preguntarle si estaba seguro que serían viviendas sociales y no DFL2, porque no olía bien el tema. Él respondió siempre que serían sociales. También se quiso aclarar con él si es que, bajo el concepto de sociales, no se buscaba ganar aplausos, para finalmente vender los terrenos a un tercero y obtener los US$30 millones. Pese a la insistencia, el alcalde nunca contestó.

La verdadera Caja de Pandora la vino a abrir esta semana el destacado arquitecto y decano de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo, Pablo Allard. En una columna de opinión, Allard expresó que “las razones del bloqueo (al cambio del plano regulador) no tienen que ver con una política de vivienda o inclusión social; más bien se trata de una movida urgente para proteger el valor de mercado de un predio que Las Condes no necesita, pero ve como reserva de sus arcas fiscales. Por muy legítima que sea la defensa de sus activos, el jaque mate político-comunicacional de Lavín es lapidario, ya que pone a la vivienda social como argumento para defender su posición. Prueba de ello es que el proyecto ingresado por Las Condes son departamentos DFL2, y que en la solicitud de anteproyecto no se declaran como vivienda social”.

¿Claro o no? Lo que pregona el alcalde como vivienda social no es tal. ¿Y si finalmente vende el terreno? Obtiene sus US$ 30 millones y dice que hizo un estupendo negocio, porque así podrá hacer muchas más viviendas “sociales” en su comuna, para que no se tengan que ir a otra. Es legítima su aspiración, sólo que la transparencia y credibilidad en algún lado se nos perdieron.

Escrito para El Líbero por Rosario Moreno C., periodista y licenciada en Historia UC

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