El pasado 28 de febrero el juzgado de Garantía de Rancagua, formalizó a Sebastian Dávalos Bachelet como autor del delito de estafa en perjuicio del empresario Gonzalo Vial Concha, en una de las diversas aristas del caso Caval, acogiendo el requerimiento del fiscal del Ministerio Publico Emiliano Arias. También fueron reformalizados los ex socios de Caval, Natalia Compagnon, nuera de la ex presidenta Michelle Bachelet y Mauricio Valero.

El empresario se querelló en contra de los 3 imputados acusando que le habían entregado 8 informes, pagando por esto $1.162 millones y descubriendo más tarde que serían una simple copia de otros realizados por “Cochilco”.

Una de las aristas principales del caso Caval, recordemos, se inicia con la querella presentada por el SII en contra de los socios de esa empresa, Mauricio Valero y Natalia Compagnon, como autores del delito tributario de presentación de declaraciones maliciosamente falsas, debido a la incorporación de facturas falsas en su contabilidad con el objeto de rebajar indebidamente la base imponible del impuesto a la renta.

 

Pero además, surgió la pregunta inmediata de cuál era el origen de las extraordinarias ganancias de esta sociedad en tan corto período de tiempo desde su constitución. Es que según un balance de resultados correspondiente a 2012, en su primer año Caval logró facturar más de $1.500 millones en asesorías.

 

Las ganancias se justificaron con las asesorías al empresario Gonzalo Vial Concha, quién inicialmente declaró -en junio de 2015- en la Fiscalía de Rancagua que los pagos correspondieron a “análisis de proyectos mineros, de puertos y también por diversos estudios comerciales en relación a un terreno de 24 hectáreas que tengo en Rancagua”.

 

Sin embargo, en posteriores declaraciones de Vial realizadas en la investigación, fue cambiando su versión y aseguró que Compagnon, en el marco de estas asesorías, le habría mostrado más de 300 correos electrónicos que hacían alusión directa a maquinaciones de terceros en contra de sus negocios. Según el empresario “el origen de esos documentos era gente especializada en su empresa Caval, que se dedicaba a la informática (…). Me dijo que existía un complot en mi contra”.

 

Vial también declaró que Caval le realizó asesorías mineras. Sólo más tarde, “se habría dado cuenta” de que esta información podría “ser parte de un engaño”, cuyo único propósito era conseguir dinero por parte de sus empresas.

 

Habiendo avanzado la investigación del caso, fue quedando en evidencia la estafa.

 

En efecto Vial Concha señaló que en febrero de 2012 sus empresa suscribió con Caval, un acuerdo de representación y comisiones, consistente principalmente, en la “búsqueda de pertenencias mineras, en segmentos de cobre, oro o hierro, y otros proyectos en el mismo sector minero, infraestructura y equipamiento asociado a esa actividad”, pagando por ello $1.162 millones.

 

Todos quienes conocen o incluso sólo han incursionado en el sector minero saben que jamás se paga dinero por la “búsqueda” de pertenencias mineras. Hay miles de ofertas en el mercado y por ellas no se paga. Cualquier interesado antes de poner un peso en una de estas ofertas o proyectos va a querer contar con algún contrato que le permita acceder al dominio de la pertenencia minera. Usualmente este contrato es una opción de compra de la pertenencia minera, en virtud de la cual el interesado en comprar –el inversionista- irá aportando dinero progresivamente en la medida que los estudios geológicos demuestren que realmente existen minerales en el yacimiento, y además, que la ley de estos, es decir el grado de concentración de oro, plata, cobre, estaño, etc. presente en las rocas y en el material mineralizado del yacimiento.

 

Sólo así es posible determinar la viabilidad económica de una operación de explotación minera. El costo de extracción debe ser menor que el valor comercial del material que es extraído para que la operación sea económicamente factible.

 

En la medida que los estudios demuestren que es conveniente seguir financiando los gastos de exploración y explotación, el inversionista seguirá aportando dinero que permitan continuar con los estudios y finalmente ejercerá la opción de compra, usualmente sobre un porcentaje mayoritario, conservando una participación el dueño del proyecto o pertenencia minera.

 

Así opera este negocio. Nadie gasta dinero en la “búsqueda de pertenencias mineras”.

 

La investigación a cargo de la Fiscalía determinó la existencia de una estafa, justificada por una serie de facturas falsas emitidas por terceros para justificar diversos servicios supuestamente prestados al empresario.

 

En la audiencia de formalización el fiscal Arias indicó también que Dávalos “vivía por y para Caval”, en tanto que la fiscal Marcia Allendes afirmó que “la empresa Caval fue creada para estafar al señor Gonzalo Vial, incluso podríamos señalar que ésta era una empresa imaginaria, “si se toma en consideración que de todas las facturas presentadas por Caval la mayoría son al empresario”, dijo la persecutora que además aseguró que Dávalos estaba al tanto de estos negocios.

 

Ahora falta esperar el resultado de esta investigación la que sí cuenta con más evidencias concretas para impedir que termine con un sobreseimiento en favor de Dávalos, como ocurrió en la arista de los delitos de negociación incompatible, uso de información privilegiada, tráfico de influencias, revelación de secreto y cohecho, en la arista principal del caso Caval.

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