El reciente incidente entre los diputados Ignacio Urrutia y Pamela Jiles ha vuelto a ponernos frente al dilema de los últimos 50 años: ¿Es imposible aceptar la verdad sobre la historia del Chile reciente que las fuentes muestran en toda su crudeza?

¿Cuáles evidencias?

Que el gobierno de Frei Montalva gestó conflictos en el campo que iban mucho más allá de una simple reforma de la propiedad. Véanse los testimonios sinceros de Rafael Moreno y de Jacques Chonchol.

Que hubo emprendedores y propietarios que maltrataron a sus trabajadores, dando pie al cultivo del odio en su contra.

Que desde el marxismo y la comprobación de las explotaciones se predicó la toma del poder por la vía armada, y que para eso se crearon movimientos militarizados. Basta asomarse a los seis tomos de Víctor Farías, con documentos de la izquierda chilena de entre 1969 y 1973.

Que a esos planteamientos respondieron grupos paramilitares de concepción nacionalista, los que incurrieron también en crímenes y atentados contra la propiedad.

Que el gobierno de la UP desarrolló a fondo un proyecto de control total del país y que dentro de sus fuerzas -o por sus márgenes- hubo grupos armados que lo apoyaron. Corvalán, Altamirano y Pascal Allende lo han reconocido ampliamente, y la literatura de izquierda es hoy desfachatada para mostrar sus recursos militares (“Compañeros”, sobre el GAP, es un magnífico ejemplo).

Que durante los gobiernos de Frei y Allende los militares chilenos siguieron viajando a formarse en represión antisubversiva, sin que nuestra democracia considerara ilícita o criminal esa formación.

Que la inmensa mayoría de la población pidió la intervención militar y apoyó con entusiasmo al gobierno establecido desde septiembre de 1973. Los militares terminaron lo que los civiles iniciaron.

Que hubo resistencia armada, dura y constante, en los primeros días del nuevo régimen y hasta finales de 1974.

Que en la acción represiva hubo de todo: prevención legítima y proporcionada, dudosas maniobras e ilegítimas acciones. Estas últimas se expresaron en detenciones arbitrarias, en inaceptables torturas, en crueles desapariciones y en varios crímenes atroces, a pesar de todas las advertencias públicas y privadas hechas por los gobernantes y que constan en diversas fuentes.

Que desde fuera de Chile y con su correlato dentro de nuestro territorio se fueron reorganizando los grupos subversivos y terroristas para volver a perpetrar numerosos atentados, algunos de especial crueldad y relevancia, lo que suscitó nuevas olas de represión, tortura y muertes.

Que el retorno a la democracia estaba perfectamente delineado por el gobierno del Presidente Pinochet, quien junto a las Fuerzas Armadas y de Orden cumplió a cabalidad con la palabra empeñada, una vez perdido el plebiscito de 1988.

Que ya en democracia, grupos de izquierda han vuelto a perpetrar crímenes gravísimos -el de Jaime Guzmán, aún impune-, desplegando redes de protección que implican a Cuba y a otros diversos Estados.

Que cientos y cientos de uniformados han sido efectivamente procesados y condenados, mientras casi no hay subversivos presos. Con independencia de sus responsabilidades concretas -que en algunos casos son muy graves-, los militares han sido condenados con violación de su derecho a un debido proceso y por la ficción jurídica del secuestro permanente.

Que las reparaciones económicas a militantes de izquierda han beneficiado legítimamente a muchas víctimas y a sus familias, pero que de ellas también se han aprovechado quienes no lo fueron.

Que todo lo anterior no puede decirse sin que se corra el riesgo de ser acusado como instigador al odio.

/Columna de Gonzalo Rojas para El Mercurio

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