Una de las cosas que me impresionaron a mi regreso a vivir a España fue la amplia cobertura que los medios de comunicación le otorgan a una violencia que no se trepida en calificar como “machista”. El año 2017, además, asistió a un debate sobre la necesidad de un Pacto de Estado contra la Violencia de Género y las movilizaciones del pasado 8 de marzo mostraron una recepción del movimiento #Metoo con mayor intensidad comparativa frente a otros países.

En ese magma en ebullición cae la sentencia del caso La Manada. La condena para cinco hombres que, en una clara encerrona, abusaron sexualmente de una joven de 18 años durante la festividad de San Fermín ha desatado una ola de furia, expresada en las redes bajo el lema #Cuéntalo. Inentendible al sensato juicio resulta el voto particular de uno de los magistrados que pidió la absolución de los acusados. Asistimos a un debate acerca de la necesidad de revisar la forma cómo se juzgan los delitos sexuales que escala hasta la UE. Solo seis países cumplen el Convenio de Estambul que vincula el delito de violación a la falta de consentimiento de la víctima. La vergüenza recorre el país cuando está muy lejos de ser uno de bárbaros. No solo dispone, desde 2007, de una ley cuyo objetivo es la igualdad efectiva entre hombres y mujeres sino que no baja, en ningún caso, del 10% de los mejores países para ser mujer, de acuerdo a varios índices internacionales.

El fallo introduce estresores adicionales a un poder del Estado que está bajo el ojo del huracán. Viene antecedido por otros casos polémicos, la salida de prisión de un violador múltiple sin rehabilitar y una reciente resolución histórica de las asociaciones progresistas y conservadoras que agrupan -en la práctica- a la totalidad de los jueces, rebelándose contra una actitud del feminismo más radical que acusa “maltrato judicial” frente a cualquier fallo que no coincida con sus exigencias. El asunto, además, debe colocarse en el marco más amplio de lo que se ha calificado como la mayor crisis institucional que vive España: su unidad nacional se encuentra desafiada por el secesionismo catalán. El gobierno de Mariano Rajoy ha concentrado su lucha en el frente legal pero, dado que el país está a la cola de la UE en independencia judicial, ello envalentona todavía más a los empecinados en la ruptura de España.

La onda expansiva también llega a Chile. Revive casos como el suicidio de Gabriela Díaz, violada por otra “manada” frente a la que la justicia fue ciega y coincide fatalmente con otros horrores: denuncias por la violación múltiple de una mujer por hinchas, tras un partido de fútbol y otras contra Herval Abreu, así como el brutal asesinato de Ámbar, una niña de poco más de un año. Es cierto, son distintos, pero con un denominador común: el desprecio por la vida de las mujeres.

/Columna de María de los Ángeles Fernández para La Tercera

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