El Gobierno presentará una indicación en la que apoya la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores de edad, proponiendo que esta se aplique también a los hechos cuyos plazos de prescripción no han terminado de correr, y utilizará las urgencias para que el proyecto sea despachado a la brevedad. El anuncio, que se realizó en medio de la conmoción por otro caso atroz de vulneración y homicidio de una pequeña niña, ha sido bien recibido por todos los sectores políticos y, probablemente, por una parte muy considerable de la población.

Desde el punto de vista jurídico y técnico, sin embargo, el respaldo a la iniciativa no es unánime. En contra de la imprescriptibilidad se invocan dos grupos de razones. En primer lugar, que con ella se socava uno de los pilares fundamentales de todo ordenamiento jurídico: la relativa certeza que proporciona la consolidación de las situaciones ante el derecho. La institución de la prescripción es el resultado de una ponderación entre las exigencias de la justicia y aquella estabilidad que permite a las personas concentrarse en el cumplimiento de sus objetivos con beneficio del bien común. No se consideran deseables las consecuencias sociales que se producirían si las personas tuvieran que vivir teniendo en cuenta la posibilidad de ser acusadas por hechos que ocurrieron hace 40, 50 o más años. El argumento de que esto solo afectaría a quienes pudieran haber cometido algún delito sexual contra menores no es definitivo, pues como es sabido basta con el relato de una denuncia para que se inicie un proceso penal y, por otro lado, una vez que se declara imprescriptible un cierto grupo de delitos, la imprescriptibilidad de otros grupos de delitos graves podría ser solo una cuestión de tiempo. En el extremo, solo los delitos de menor relevancia quedarían sujetos a prescripción y aun en este caso podrían levantarse argumentos de discriminación en contra de sus víctimas.

En segundo lugar, se arguye en contra de la imprescriptibilidad que si la prueba de esta clase de delitos ya es compleja cuando son recientes, con mayor razón lo será cuando han transcurrido varias décadas. La principal prueba en estos casos está constituida por peritajes físicos y psicológicos de credibilidad del relato, pues se suele contar solo con el testimonio de la propia víctima. Si a estas limitaciones probatorias se añade la imprescriptibilidad, podría incrementarse el riesgo de condena de personas inocentes.

Pero también hay poderosos argumentos a favor de la imprescriptibilidad. Aparte de la consideración más bien política en orden a “dar una señal” sobre la gravedad de estos delitos, está el hecho de que efectivamente se trata de ilícitos muy graves, que en muchos casos dejan huellas más profundas e imborrables que los ataques meramente físicos. Con toda la importancia que tiene la inviolabilidad del cuerpo, la incolumidad sexual abarca dimensiones de la persona que trascienden su corporalidad, y esto debe verse reflejado con claridad en el régimen punitivo. Sobre todo, sin embargo, apoyan la idea de la imprescriptibilidad la dinámica y el contexto característicos de estos delitos. En muchos casos, el delincuente se decide a actuar porque cuenta con que la víctima no lo delatará, sea porque la amenaza directamente, sea porque mantiene bajo su control aspectos o personas importantes para la vida del menor. La imprescriptibilidad puede desbaratar esta confianza, ya que el perpetrador difícilmente podrá estar seguro de mantener indefinidamente ese control. La imprescriptibilidad podría cumplir así una función inhibitoria o preventiva.

En cualquier caso, la introducción de la imprescriptibilidad es una decisión que el legislador debe ponderar con mucho cuidado, pues si de algo se puede estar seguro es de que esta tendrá efectos no solo en este delicado ámbito, sino que también en la totalidad del ordenamiento jurídico.

/Editorial del diario El Mercurio