Durante los últimos días, algunas sedes y facultades de 14 universidades a lo largo del país -a las que se han sumado dos colegios emblemáticos-, han sido tomadas como parte del movimiento estudiantil que demanda mayor seguridad frente a hechos de violencia que sufren las mujeres y de equidad de género al interior de las instituciones educacionales.

Si bien se trata de objetivos legítimos -en el contexto de que la sociedad debe tomar conciencia y enfrentar las situaciones denigrantes que en esta materia se viven-, y en que claramente en todas las instituciones deben existir los mecanismos y protocolos para evitar cualquier tipo de violencia de género y de abuso de poder, el medio utilizado en este caso se hace a costa no solo de entorpecer el normal funcionamiento de ellas, sino de conculcar el ejercicio de otros derechos de los estudiantes, como es el derecho a la educación.

Es fundamental que en la consecución de estos fines se respeten los espacios que se ha dado la sociedad democrática y se utilicen mecanismos razonables y efectivos para visibilizar causas sociales, evitando que la legitimidad de las demandas se desvirtúe por manifestaciones de fuerza y la confusión con objetivos de otra naturaleza. En particular, tratándose de estudiantes de educación superior, es dable esperar que están en un mejor pie para promover intelectualmente estos debates y generar conciencia en las instancias del debate público, sin necesidad de recurrir a medidas de fuerza que finalmente terminan siendo inconducentes.

/Editorial del diario La Tercera

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