Diversos estudios indican que en nuestro país impera la desconfianza hacia los demás, circunstancia que se considera muy negativa para la cohesión de la sociedad. Mi tesis es que, entre otras razones, eso se debe a que los que defraudan, mienten e incumplen salen siempre bien librados; que en Chile el que “la hace, no la paga”. Porque si hubiera reales consecuencias de hacerlo, no sucedería con tanta frecuencia y sería más fácil confiar en los otros.

En naciones desarrolladas -que por algo lo son-, como Estados Unidos o Gran Bretaña, defraudar es muy grave. Así, no es raro que en la lista de los diez más buscados del FBI aparezcan estafadores y no sólo asesinos. A Bernie Madoff, un gestor de inversiones que no hizo otra cosa que abusar de la credibilidad y la confianza de sus clientes, le dieron 150 años de cárcel.

En el modesto Chile, Rafael Garay, prevaliéndose de la imagen que se forjó a través de cierta prensa, captó $ 1.800 millones abusando de la confianza y credibilidad de 29 personas que se relacionaron con él, incluso a nivel de amistad personal. Muchas de ellas perdieron todos sus ahorros, dado que el “economista” se farreó el dinero. Luego, inventó que estaba con cáncer al cerebro (que llegó a decir en la TV que fue consecuencia de una pasada por Fukushima), cortina de humo que tendió para ganar tiempo y fugarse a Rumania, desde donde hubo que extraditarlo, a lo que se opuso alegando que era un perseguido político.

No obstante, no irá a juicio oral. Negoció con el Ministerio Público reconocer todos los hechos y someterse a un juicio abreviado, con una pena de 5 años de cárcel, la que podría ser cumplida mediante un castigo alternativo, si el juez de garantía que conocerá del asunto lo determina; y la experiencia es que siempre ocurre así. Es decir, Garay se va para su casa. Y éste no era caso de boletas truchas a grandes empresas para financiar la política y que éstas pagaran menos impuestos, es uno de abuso de confianza y engaño a personas concretas que perdieron todo.

Agréguese que Garay no tiene irreprochable conducta anterior, pues ya fue condenado a una pena que no cumplió, por conducir completamente ebrio y atropellar a una joven, quien tuvo que volver a aprender a hablar y caminar por el daño que ella sí sufrió en el cerebro. Esta joven relató hace un tiempo que nunca más supo de él, salvo que años después la llamó por teléfono y que lejos de pedirle perdón, se dedicó a victimizarse. Indemnización por el daño sufrido, cero.

Pero no todo está perdido: legalmente condenar a una pena alternativa depende sólo del juez (no queda sujeto en esto al acuerdo con la fiscalía) y puede disponer que se cumpla efectivamente la pena de cárcel, la que en todo caso sería apenas de un año más, porque ahí Garay podría optar a la libertad condicional. En suma, del juez depende sentar un mínimo precedente que quien “la hace, la paga”. Una modesta primera piedra para restituir la base necesaria para volver a confiar entre nosotros.

/Columna de Axel Buchheister para La Tercera

/gap