Pese a la gravedad de la materia en discusión por sí misma -la regulación y alcances de la objeción de conciencia institucional frente al aborto-, el criterio que puede desprenderse del pronunciamiento de la Contraloría tiene implicancias que exceden esta controversia y pueden dar pie a una intervención estatal que afecte otros ámbitos propios de los particulares y las entidades privadas.

En efecto, la Contraloría ha emitido un dictamen en el que afirma que el protocolo reciente del Gobierno sobre la referida objeción no se ajusta a derecho. La ley dejó establecido que las corporaciones pueden invocar la objeción de conciencia, pero no las entidades estatales. Podría producirse que todos los médicos de una de estas últimas instituciones sean objetores, en cuyo caso la ley determina que el establecimiento deberá derivar a la paciente en forma inmediata a otro lugar donde le puedan prestar el servicio requerido. Pero la dificultad se ha producido con las objeciones planteadas por instituciones privadas. Según lo establece la Contraloría, aquellas entidades que han suscrito convenios con el Estado -y por ello reciben recursos públicos- toman el lugar del respectivo servicio para los efectos de otorgar las prestaciones y, en consecuencia, “no pueden adoptar una posición que les impida realizar las prestaciones de salud a que se encuentra obligado el Estado”.

El gobierno anterior había defendido este mismo criterio y ante su decisión de enviar un protocolo acorde con él, la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Clínica Alemana de Osorno habían presentado recursos judiciales. En ellos manifestaban su interés de continuar con el convenio con el Estado, situación que también interesa al Ministerio de Salud, pues son muchos los casos de embarazos complicados que se atienden en esos centros. Las autoridades de salud de los dos gobiernos han buscado mantener los convenios, pero debido a la forma del protocolo anterior y a la interpretación de la Contraloría con el nuevo, eso no parece posible. La autoridad ha declarado que acatará el dictamen, pero esos hospitales privados resolverán sobre su posible insistencia ante los tribunales una vez que se dicten las nuevas regulaciones.

La ley determina que el ministerio deberá dictar “protocolos” para regular la objeción de conciencia, en lugar de exigir reglamentos, lo que a la Contraloría tampoco le ha parecido admisible. Es muy posible que ahora se ajuste el protocolo a la interpretación que ha hecho la Contraloría, aunque existen buenas razones para otras interpretaciones y, por ende, la participación de los tribunales no puede descartarse. La objeción de conciencia institucional no se requiere para que las instituciones privadas no practiquen abortos, pues en ninguna especialidad ellas realizan la totalidad de las prestaciones. El único sentido posible de la ley, sostienen algunos expertos, es el de ser objetor como excepción a los casos en que de lo contrario sería obligatorio.

Por cierto, la discusión sobre estas regulaciones crea situaciones políticas que son aprovechadas, como el anuncio del Frente Amplio de una posible acusación constitucional contra el ministro de Salud.

El desenlace de toda esta polémica aún deberá esperar. Sin embargo, la apreciación de que ahí donde el Estado coloca recursos -no en función de las entidades que las reciben, sino de las personas que son atendidas por ellas, sea en materia de prestaciones de salud o de servicios educacionales, entre otros- cabría exigirles a clínicas, colegios o universidades privadas una lógica “paraestatal”, es de gravísimas implicancias. La idea de que esas entidades tuvieran que renunciar a sus idearios, sin relación con los estándares de calidad del servicio que prestan a los pacientes o estudiantes, es incompatible con una sociedad respetuosa de las personas y de las entidades colectivas que ellas conformen.

/Editorial del diario El Mercurio

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