La Contraloría General de la República emitió a fines de 2014 un dictamen en el que instruía que Mikel Uriarte debía devolver 54 millones de pesos al Fisco, debido a la incompatibilidad entre ser concejal de Las Condes y director de Fonasa. Uriarte, que también presidió el directorio de TVN durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, recurrió a todas las instancias administrativas y judiciales para evitar ese desembolso. Y así, casi inadvertido, pasó el avenimiento al que llegó con Fonasa, en la Corte Suprema, después de casi cuatro años de litigios: el 24 de enero pasado el ministro Arturo Prado convocó a los abogados de las partes para llegar a un acuerdo -el caso había pasado por el Cuarto Juzgado Civil y la Corte de Apelaciones-, que se concretó el pago de 25 millones de pesos el 31 de enero, en la cuenta bancaria del juzgado civil.

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