La Organización de Estados Americanos (OEA) cree que la Corte Penal Internacional (CPI) no está cumpliendo con su papel: lleva casi tres años sin decidirse a actuar en el drama de Venezuela, eje de un nuevo informe del organismo continental que denuncia “delitos de lesa humanidad” perpetrados por el régimen de Nicolás Maduro, publicado al final de este artículo.

“No podemos explicarnos por qué la fiscal Fatou Bensouda no toma ninguna acción”, dijo a Infobae Jared Genser, autor del reporte de la OEA que, entre 2014 y 2020, confirmó 18.093 asesinatos perpetrados por las fuerzas de seguridad del Estado y los grupos paramilitares, incluidas ejecuciones extrajudiciales y asesinatos de manifestantes.

La investigación también revela 653 casos documentados de tortura, aunque destaca que “la cifra real es mucho mayor, ya que informes confiables destacan que muchas de los miles de personas detenidas han sido víctimas de torturas y malos tratos”. El documento de la OEA certifica además 15.501 detenciones arbitrarias.

La OEA, liderada por el uruguayo Luis Almagro, es muy dura en el análisis de lo que está sucediendo en la otrora potencia petrolera mundial: “Tras reunir y analizar una voluminosa cantidad de pruebas, incluso el testimonio de ex funcionarios del régimen, el informe concluyó que había fundamentos razonables para establecer que en Venezuela se habían cometido crímenes de lesa humanidad”.

“Sobre la base de las recomendaciones del Grupo de Expertos, el secretario general Luis Almagro sometió el Informe y las pruebas recopiladas a la Fiscalía de la CPI, invitó a los Estados Partes en el Estatuto de Roma a remitir la situación a la Fiscalía, e instó a la Fiscal a abrir una investigación sobre los crímenes de lesa humanidad de asesinato; encarcelación u otra privación grave de la libertad física, tortura, violación, persecución y desaparición forzada”.

La organización que reúne a los países de las tres Américas añade que “lamentablemente, desde que se publicó ese Informe, no ha dejado de aumentar la magnitud e intensidad de los presuntos crímenes de lesa humanidad que afectan a millones de venezolanos, tanto directa como indirectamente”.

“La crisis humanitaria, producto de las políticas deliberadas del régimen, ya de por sí grave cuando apareció el Informe de la OEA de 2018, se ha agudizado aún más: se registran innumerables casos de víctimas y miles de muertes, y se extiende el espectro de la hambruna generalizada. Entre tanto, el régimen no sólo protege a los autores de esos desmanes contra cualquier responsabilidad real, sino que, para premiar su lealtad, les concede frecuentes ascensos, sobre todo a los dirigentes de mayor rango, que son los principales culpables”.

Genser, que dirigió el informe como líder de un equipo de cuatro personas y un par de ayudantes, cree que la fiscal Bensouda “está subestimando la escala de lo que sucede en Venezuela”.

En la conferencia de presentación del informe, Almagro agregó: “Es una tragedia en Venezuela que muchos actores internacionales se escondan tras el principio de no interferencia. La CPI es el único organismo internacional con el mandato de perseguir los crímetes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Maduro. (…) Ha creado una cultura de impunidad. La CPI no sirve al pueblo venezolano”.

A comienzos de noviembre de 2020, el fiscal chavista Tarek William Saab viajó a La Haya para intentar impedir que la CPI avanzara a la siguiente etapa del proceso judicial conocido como “Venezuela I”, sobre posibles delitos de lesa humanidad cometidos por el régimen chavista. Bensouda le dijo que ya habían avanzado porque existen “fundamentos razonables para creer que en Venezuela han ocurrido delitos de competencia de la Corte“. Sin embargo, aún no se abrió una investigación.

En el caso llamado “Venezuela II”, presentado en 2020 por el gobierno chavista sobre las sanciones internacionales, la fiscalía dijo que busca “llegar a una determinación sobre si existe una base razonable para creer que la presunta conducta es de competencia de la Corte”. Se espera que en el informe de fin de año de los exámenes preliminares de la corte haya definiciones.

El informe denuncia también 724 desapariciones forzadas en 2018 y 2019, así como la continuidad de los casos de agresiones sexuales y violación de detenidos establecidos en el informe de 2018: “Fuentes fidedignas han comunicado la existencia de una pauta continua de agresiones sexuales y violaciones contra los detenidos desde 2018”.

A Genser le duele la inacción de Bensouda. “La justicia internacional es un medio muy importante, pero la mera apertura de una investigación tiene además un efecto disuasorio”, dijo el autor del informe a Infobae.

“Si la gente de Maduro sabe que en el futuro pueden ir a juicio van a pensar dos veces lo que hacen, en especial los mandos medios y bajos a la hora de recibir órdenes. El efecto de no hacer nada es mucho más que el problema de que no haya un proceso”.

Genser recordó que en septiembre de 2018, seis países se presentaron ante la CPI para pedir una investigación: Argentina, Colombia, Chile, Canadá, Paraguay y Perú. La política exterior de Argentina cambió desde entonces, pero el funcionario dijo no tener “información que sugiera que Argentina retiró el pedido”.

“Y si lo hiciera, no tendría efecto práctico”, añadió.

La OEA enfatizó que no le pide a Bensouda “en modo alguno” que presente “conclusiones sobre denuncias concretas de crímenes de lesa humanidad ni que presente cargos específicos contra los presuntos responsables”.

¿Qué quiere entonces la OEA? “Simplemente que decida, al término de un proceso de casi tres años de duración, si dispone de toda la información necesaria para hacer una determinación”.

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