Existe la inquietud lógica por el cariz que ha ido tomando el conflicto en la Minera Escondida, a un mes ya de su inicio. Violencia, corte de carreteras, ataques a carabineros, todo lo contrario de lo que señalara enfáticamente la Presidenta Bachelet cuando aseguró que en nuestro país  opera a plenitud el Estado de Derecho. Nadie discute que los trabajadores del mineral tienen todo el derecho a una negociación colectiva justa, como lo establece la ley. Este proceso dura 30 días, plazo que se cumple esta semana. Por ende, los trabajadores debieran volver a sus faenas, mientras la empresa y los sindicatos siguen buscando soluciones al conflicto. Puedo asegurar que esto no ocurrirá y la paralización va a continuar. ¿Y la ley? Bien, gracias. Porque a nadie le importa, señora Presidenta que aquí no se respeten derechos tan obvios como trabajar y poder circular libremente por las carreteras de nuestro país. A los huelguistas les da lo mismo que su actitud esté afectando a toda la población de la II Región, tengan o no tengan vínculos con el movimiento sindical. ¿Alguien de La Moneda o de las autoridades regionales los ha llamado a terreno? Nadie. Más aún, al proclamar las virtudes de la Reforma Laboral, sus ideólogos habían insistido hasta el cansancio que uno de sus objetivos era posibilitar que cualquier tipo de huelga vaya por cauces pacíficos. ¿Saben que pasó? el Partido Comunista y la CUT saltaron enfurecidos y le exigieron a los autores que retirara ese punto, lo que de inmediato se hizo. Y aquí están las consecuencias. En La Escondida, están impidiendo que los trabajadores de la minera que no están involucrados en la huelga puedan ejercer su derecho a trabajar, incluso han sacado a la fuerza a trabajadores de empresas contratistas que estaban cumpliendo sus funciones y que no tienen ninguna relación contractual con la empresa, impidiendo adicionalmente la libre circulación en caminos públicos a toda persona que quiera ejercer su legítimo derecho de paso. Al interior del país, se va generando un ambiente de desamparo que solo contribuye a aumentar el desprestigio de nuestras instituciones. Y al exterior, estamos ahuyentando a posibles inversionistas extranjeros, en momentos en que tenemos urgencia por inversiones que permitan crear verdaderos empleos y no aquellas labores que pertenecen a la categoría de “empleos por cuenta propia” (vendedores de súper 8 o músicos que proliferan en las micros), disfrazando así los índices cada vez mayores de cesantía en Chile.