El juicio emitido la noche del miércoles por el Presidente Sebastián Piñera respecto de las pensiones que reciben militares condenados por violaciones a los DD.HH. en Punta Peuco -las que, según información de Capredena, en algunos casos superan los dos millones de pesos-, generó inquietud entre parlamentarios de Chile Vamos.

“Me parece muy mal que una persona que cometió delitos atroces esté recibiendo ese tipo de pensiones del Estado, pero eso es porque así lo establecen las leyes”, dijo el Mandatario en un programa de TVN

La opinión de Piñera, luego fue acompañada con un “anuncio” respecto de posibles modificaciones. “Estamos haciendo un esfuerzo muy grande por corregir ese tipo de situaciones que hiere y atenta la conciencia de todos los hombres y mujeres”, señaló.

El tema fue abordado por parte de la bancada de la UDI, partido que ha abogado públicamente para que ex uniformados condenados en Punta Peuco y que padecen enfermedades terminales puedan cumplir las penas en sus hogares.

Al respecto, el diputado UDI Osvaldo Urrutia dijo que los reos en ese recinto “están cumpliendo su pena y sin ningún beneficio. Muchos de ellos han muerto producto de enfermedades terminales, no siendo objeto de piedad ni perdón. Quitarles, además, su pensión no es la forma más adecuada de seguir castigando a estos chilenos”.

Su par Jorge Alessandri complementó: “El Presidente ha planteado un argumento de justicia. A él no le parece bien, en principio, que una persona condenada por delitos de lesa humanidad siga recibiendo una pensión del Estado. Ahora, en realidad, no es una pensión del Estado, sino que le corresponde por los años de servicio que prestó en las FF.AA. y de Orden. Por lo tanto, yo no estoy de acuerdo con que se eliminen”.

Desde RN, el diputado Gonzalo Fuenzalida aseveró que, en su opinión, “por muy terrible que sea el delito cometido, eso no impide que ese condenado reciba una pensión, ya que es un derecho constitucional. Distinto es que ese condenado reciba doble pensión o pensiones sobre lo que establece la ley, ya que en ese caso hablaríamos de algo ilegal y repudiable”.

El presidente de RN, Mario Desbordes, en tanto, dijo que “se tendrá que investigar si cumplían los requisitos para tener derechos para los montos que perciben”, pero precisó que no conoce el proyecto que busca impulsar el gobierno, por lo que prefería no opinar aún.

En plena campaña presidencial, Piñera propuso extender la carrera militar, pues dijo, en ese momento, que no tenía sentido que estos jubilen a los 55 años, cuestión que fue rechazada públicamente por la multigremial de militares.

Proyecto “no retroactivo”

Al margen de las declaraciones públicas de los parlamentarios, hoy hubo varios llamados telefónicos de los dirigentes partidarios a autoridades de gobierno. Los personeros buscaban aclarar las modificaciones que impulsará el Ejecutivo, luego del planteamiento de Piñera.

Hoy, fuentes de gobierno explicaron que las declaraciones del Mandatario hacían alusión a un proyecto de ley que está trabajando el Ministerio de Defensa, encabezado por el ministro Alberto Espina. En esta iniciativa, que está consignada en el programa de gobierno, se busca extender la carrera militar, lo que incluye modificar el periodo de jubilación.
Sin embargo, dicen las mismas fuentes, pese a las palabras del jefe de Estado no está contemplado rebajar las actuales pensiones que reciben los reos de Punta de Peuco.

Eso sí, explican, se revisarán una a una las pensiones ya otorgadas “por inutilidades de segunda clase”, es decir, aquellas que aumentan el monto de la jubilación a raíz de lesiones físicas o psicológicas provocadas en actos de servicio en cumplimiento de las funciones asignadas. En algunos casos, dicen, estas asignaciones podrían haber sido “mal utilizadas”. De hecho, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) ya se ha querellado por cuatro pensiones de segunda clase que no tendrían justificación.

En Defensa recalcan que solo para aquellos casos en los que el monto de las jubilaciones no tendrían justificación, están estudiando una fórmula para corregirlo, lo que incluye una revisión de los tiempos transcurridos y los requisitos que se podrían haber incumplido.

“La ley no es retroactiva en Chile y el patrimonio previsional suele estar protegido de ser embargado para todos los chilenos y también en el caso de los condenados por estos crímenes. Cualquier cambio solo puede operar hacia el futuro y entiendo que es la postura del gobierno en esta materia”, dijo el jefe de bancada de Evópoli, Luciano Cruz-Coke.

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