Según cifras oficiales, el 53% de los alumnos que este año ingresó a la Universidad Alberto Hurtado cuenta con gratuidad, mientras que el 46% del total de su matrícula, que asciende a 6.200 estudiantes, posee este beneficio. El plantel, vinculado a la Compañía de Jesús, es uno de los 33 que adscribieron a la nueva política pública, pero también es uno de los más afectados por los coletazos económicos que ha significado su implementación en los ya tres años de régimen. Por lo mismo, y ante las nuevas condiciones que fija la recién promulgada Ley de Educación Superior, el rector, Eduardo Silva, no oculta sus dudas a la hora de ser consultado por la continuidad de la UAH en la gratuidad.

¿Qué aportes entregará la nueva Ley de Educación Superior?

Los aportes son valiosos: la valoración de la educación como un derecho social que se vuelve asequible gracias a la gratuidad, créditos y becas; el reconocimiento de la heterogeneidad del sistema y la provisión mixta; abrir el Cruch a toda universidad que acredite su complejidad y cumpla con las ocho exigencias que la ley establece; la dotación de una institucionalidad más robusta con la subsecretaría y la superintendencia, etc. Al mismo tiempo, deberemos ser capaces de superar sus límites al implementarla: evitar que las nuevas regulaciones ahoguen la imprescindible autonomía; mejorar los mecanismos de acreditación y aseguramiento de la calidad; impedir que la gratuidad deteriore a las universidades que se adscriban a ella; financiar la investigación con aportes basales, etc.