“No podemos permitir que sigan ingresando a Chile personas que empiezan no respetando nuestra ley de migración -porque vienen pretendiendo ser turistas y no son turistas – son abusados y explotados por bandas de trata de personas (…) y luego los abandonan. Por eso decidimos cambiar la ley de migración”.

Esa fue una de las frases que dijo el Presidente Sebastián Piñera el pasado 10 de abril, cuando anunció una nueva Ley de Migración, tema contemplado en su programa de gobierno y que ya había significado un dolor de cabeza para la administración de Michelle Bachelet que incluso le costó la interpelación del ministro del Interior, Mario Fernández, por no enviar un proyecto al Congreso.

A través de una serie de medidas – algunas ya se han implementado – el Mandatario quiso enfrentar la nueva realidad demográfica y social del país apenas llegó a La Moneda, un tema que aunque fue valorado en sus inicios, ya ha dejado entrever una serie de dificultades para los migrantes y han surgido las primeras críticas.

Ante este escenario y considerando el que muchos extranjeros “vienen pretendiendo ser turistas y no lo son”, tal como dijo el Mandatario en su discurso, se anunció un “periodo de regularización” que comenzó el pasado 23 de abril para que los migrantes que ingresaron hasta el domingo 8 de abril y no contaban con visa solicitaran una regularización extraordinaria de sus papeles.

“Ha llegado el momento de poner orden en este hogar que compartimos”, señaló el Presidente Sebastián Piñera, quien contó con el respaldo de Chile Vamos en esta materia. Sus palabras fueron apoyadas, por ejemplo, por la diputada Paulina Núñez, quien sostuvo que esta normativa permitirá el ingreso de extranjero “ordenado, seguro y regular”.

Esta medida apuntó a los migrantes que tuvieran el timbre que certifique su ingreso oficial por alguna aduana o por el aeropuerto y que se encontraban en situación irregular.

“Terminado ese periodo de 90 días, nosotros nos damos un año para poder revisar los antecedentes. Si cumple el requisito judicial en su país de origen, vamos a ir entregando la visa temporaria de un año, renovable por un año más, para que pueda ejercer las actividades que venía haciendo de manera regular en Chile”, explicó en ese entonces el Rodrigo Ubilla, subsecretario del Interior, cartera que estará a cargo de este proceso.

Junto con este proceso de regularización fueron anunciadas también una serie de indicaciones al antiguo proyecto de ley de migraciones de 2013. Aquí se contempla otorgar una residencia temporal para los migrantes que busquen radicarse por un tiempo limitado, luego podrá optar a la residencia definitiva, y al cabo de cinco años, solicitar la nacionalidad chilena.

“El proyecto de ley cambia la operatoria que hoy existe para la obtención de la residencia temporal, ya que esta solo se podrá solicitar fuera de Chile, prohibiendo que se pueda solicitar el cambio de calidad migratoria de turistas a residentes estando en Chile”, explicó el Presidente Sebastián Piñera en ese entonces.

Esto último fue cuestionado por las organizaciones sociales que mostraron su preocupación ante las “políticas restrictivas” para quienes quieren permanecer en el país. “Nos parece arbitrario que el acceso a la seguridad social y a los beneficios de cargo fiscal, sólo puedan ejercerse luego de dos años residiendo en el país”, expresaron en un comunicado.

Además sostuvieron que “la imposición de visas consulares solo genera un flujo más inseguro y nuevas vías de ingreso irregular al territorio”.

¿Venezolanos v/s Haitianos?

Otra de las medidas anunciadas por el Mandatario apuntaron a cambios a las visas para venezolanos y haitianos, dos de las nacionalidades que más han llegado al país en los últimos años.

Esto último porque los migrantes que entraron al país sudamericano como turistas y luego solicitaron otro tipo de visa creció en 26.858 personas entre los haitianos (de 8.419 a 35.277) y en 21.250 personas entre los venezolanos (de 9.501 a 30.751), en los años 2015 y 2016.

Sin embargo, la medida no estuvo exenta de polémicas ya que tanto políticos como organizaciones sociales acusaron “discriminación” en los procesos impuestos para cada nación e incluso sostuvieron que existiría un “sesgo político” por parte de Piñera a la hora de facilitar el ingreso de venezolanos como una manera de “debilitar” el régimen de Nicolás Maduro.

Esto último porque desde el 16 de abril pasado, quienes provengan de Haití deberán tramitar en el consulado chileno en su país una visa turista que durará 30 días, sin propósito de inmigración, residencia o desarrollo de actividades remuneradas”.

Y en el caso que quieran trabajar o buscar ayuda humanitaria, deberán optar a una visa especial.

La medida contrastan con los anuncios en torno a Venezuela, donde no se exige tramitar antes la visa de turista y para aquellos que quieran radicarse en Chile podrán optar a una “Visa de responsabilidad democrática” – junto a otros instrumentos que facilitan el ingreso a profesionales o estudiantes universitarios – la que se podrá extender por un año y es  prorrogable por dos.

Hasta el momento más de 28.000 personas han solicitado esta visa humanitaria y 2.992 han podido acceder a ella, según datos que fueron entregados por Cancillería a La Tercera el pasado 25 de mayo.

Sin embargo, entre los venezolanos existe la sensación de que la visa de Responsabilidad Democrática ha puesto más trabas a su intención de salir del país ya que para postular exige una serie de requisitos como pasaporte vigente y antecedentes penales apostillados (un tipo de certificación para que puedan ser usados en el extranjero) que deben ser obtenidos en el país de origen, donde la corrupción de funcionarios públicos y la burocracia ha dado pie a un comercio ilegal del que también participan civiles y por el que se cobran miles de dólares a la hora de solicitar estos papeles.

Así lo reveló un reportaje publicado por La Tercera en el que decenas de venezolanos contaron “el calvario” a la hora de tramitar sus documentos y que incluso evalúan intentar ingresar al país como turistas y aquí cambiar su status migratorio.

Pese a que esta visa humanitaria para quienes dejan el país a causa de la crisis política y económica fue aceptada por gran parte del mundo político, el diputado Matías Walker quien comentó la nota en su cuenta de Twitter, sostuvo que a la hora de ser anunciada “advirtió que la visa de regularización democrática exigida a los venezolanos sólo haría más engorrosa su venida a Chile. Me pidieron que no insistiera. Que estaban felices. Ahora se exigen las apostillas en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, es decir, la bendición de la dictadura de Maduro.

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