El directorio de SQM contrató como asesores a los señores Julio y Eugenio Ponce, por ello fue criticado duramente por el ex vicepresidente de Corfo, Eduardo Bitran, por varios parlamentarios y por dirigentes políticos de distintos sectores. En un comienzo parecía que esta incorporación era una forma de eludir las obligaciones que la compañía había adquirido con la Corporación de Fomento, un fraude al espíritu de lo acordado, que habría sido la exclusión total del principal accionista y su familia en la administración de la compañía.
Sin embargo, luego se conocieron correos entre los abogados que aclaran que la negociación contempló expresamente la posibilidad de una relación de asesoría en el futuro. Pero esto no calmó las voces críticas, especialmente de parlamentarios que utilizan todo tipo de adjetivos, anuncian comisiones investigadoras e, incluso, un dirigente político ha dicho que SQM debería nacionalizarse.
Hay una sola cosa por la que no expresan ninguna preocupación: si la decisión es legal o no; como tampoco si ellos son competentes para fiscalizar el convenio y su cumplimiento o cuál es la sede para perseguir una eventual infracción, ni menos cuál sería la infracción concreta. Que SQM sea una empresa de capitales privados, cuyos dueños son sus accionistas, libres administradores de su patrimonio, en la medida que lo hagan dentro de la ley y sus obligaciones contractuales, es una minucia en la que a nadie -o casi nadie- le interesa detenerse.
Así como he discrepado de los jueces que fallan con criterio de legislador, hoy critico a los legisladores y políticos en general, que actúan como justicieros. Los políticos no están para hacer justicia en casos particulares; si SQM vulneró la ley, incumplió alguna obligación contractual o burló el interés de la Corfo en el convenio, es algo que puede y debe ser conocido en sede judicial.
Ni los políticos, ni la política, están para determinar lo que es “presentable” o “impresentable” en el actuar de los particulares; las potestades públicas y el poder que conllevan existen para cumplir y hacer cumplir la ley. El resto es propio del debate de ideas, del escrutinio público al que los señores Ponce, la empresa y cualquier persona estamos expuestos, en la medida que exista un interés general. Si algo afecta la reputación y el valor de una compañía, ese es un problema de sus accionistas; si un minoritario se siente injustamente afectado, que demande.
No se trata de defender al señor Ponce, sino de llamar la atención sobre el nocivo efecto sobre la política de eso que Guy Debord llamó “la sociedad del espectáculo”. En esta verdadera farándula se olvidan las nociones básicas de un estado democrático de derecho, en que el poder público se ejerce reglado, en ámbitos de competencia y sujeto a responsabilidad.

/Columna de Gonzalo Cordero para La Tercera

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