La seguridad ha vuelto a ocupar el sitial de gran preocupación ciudadana, a raíz de los crímenes cometidos recientemente en contra de un suboficial de Carabineros y de una madre de familia durante un asalto en la comuna de La Reina. Ambos tienen un ingrediente especial: los responsables fueron menores (aunque uno ya había cumplido los dieciocho años) con un “sólido” prontuario delictual juvenil, lo que indica que las medidas que se tomaron antes no los inhibieron de continuar su actividad antisocial. Y el punto en común fue que nunca estuvieron privados de libertad efectivamente o por un tiempo significativo; vale decir, que no cumplieron realmente ninguna pena.
Se suma a lo anterior, que según cifras de Carabineros, un 30% de los menores detenidos en los últimos 16 meses lo han sido en más de una oportunidad y que algunos superan las veinte. La famosa “puerta giratoria” en su máxima expresión. El Ministerio Público agrega otro dato: que en los últimos años los delitos cometidos por menores han aumentado un 50%.
No puede sino concluirse que el sistema penal de adolescentes está mostrando un completo fracaso. Hay que recordar que este tema no es nuevo, porque la ley vigente, que data de 2005, fue precisamente dictada por el clamor ciudadano por la creciente actividad criminal de los menores y la impunidad que significaba que fueran considerados inimputables hasta los 18 años, salvo el trámite de declaración de discernimiento, que con frecuencia concluía que habían actuado sin él. Es decir, una ley que buscaba, de acuerdo a la demanda de los votantes, que los menores comenzaran a pagar con un castigo efectivo sus fechorías, no sirvió de nada, porque las penas al final no se aplican.
El gobierno pretende responder endureciendo las penas. Exasperar éstas no siempre es la respuesta correcta, porque muchas veces lleva a que menos se apliquen, sino que asegurarse que las leyes se cumplan como fueron concebidas. En una palabra, que haya castigo efectivo. Cuando se plantea el tema de la responsabilidad penal de los menores, salen todo tipo de expertos (se sabe con qué sector político se les identifica) declarando que la cárcel no es la solución, sino que la rehabilitación y la reinserción. Esto es equivocado, porque el castigo forma parte esencial de la rehabilitación y no puede haberla si una persona -joven o adulto- no asume las consecuencias de sus actos. Dicho de otra manera, si no hay castigo -y la amenaza de endurecerlo si hay reincidencia- no hay incentivo para enmendar y rehabilitarse; es una primera etapa indispensable, aunque no la única, pues la meta final sin duda es la reinserción.
Por eso, los ciudadanos deben estar alertas e impedir que cualquier iniciativa legal que se emprenda empiece a ser desfigurada en el Congreso por los partidarios de la impunidad, dejando la puerta abierta a que no se cumplan las penas. Para eso existe un mecanismo de castigo: el voto.

/Columna de Axel Buccheister para La Tercera

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