Luego de dos horas de discusión, generada por la petición que hizo la fiscalía de modificar el auto de apertura, se dio inicio al juicio oral del caso Caval. Tuvieron que pasar más de tres años de investigación para llegar a esta instancia, en que el Ministerio Público busca establecer responsabilidades por las presuntas irregularidades en el proceso de compra y venta de tres terrenos en Machalí, Región de O’Higgins, en las que habría incurrido la empresa Caval.

Los únicos dos acusados que llegaron a juicio fueron los principales actores del caso: los dueños de Caval, Mauricio Valero y Natalia Compagnon, nuera de la expresidenta Michelle Bachelet. Al primero se le acusa del delito de soborno, por supuestos pagos a funcionarios públicos a cambio de hacer gestiones para cambiar el uso de suelo de los terrenos adquiridos. En tanto, a Compagnon se le atribuye el ilícito tributario de emisión de facturas ideológicamente falsas por $ 108 millones.

La empresa Caval, como persona jurídica, también es acusada de soborno, donde sus socios son sindicados como representantes legales de la firma.

Estos hechos fueron relatados por la fiscal Marcia Allendes en la apertura de los alegatos, quien comenzó su alocución con categórica afirmación: “¿Por qué estamos acá? Esa respuesta comienza con una palabra: Caval, empresa de la que los acusados son socios, únicos, en partes iguales, con los mismos derechos y obligaciones. Caval, la empresa que por medio de sus socios era capaz de hacer un sinfín de actividades, todo lo que un ser humano normal pudiera hacer alguna vez, la empresa acá presente y sus socios podían hacerlo”.

Luego de detallar los supuestos pagos que Valero habría realizado a terceros, la fiscal Allendes sacó a colación el antecedente que originó el caso Caval: el parentesco de Compagnon, socia de la empresa, con Michelle Bachelet, la expresidenta.

“Compagnon era la oferente, ella ofrecía estos negocios que la empresa Caval tiene como sus giros, era la imagen de la empresa y, por qué no decirlo, es un hecho público y notorio, conocido por todos en nuestro país, la acusada Natalia Compagnon Soto, por sus lazos familiares, de los cuales, y lo dice esta fiscal en forma responsable, abusó y usó sin consentimiento, en este caso de la máxima autoridad de este país en ese tiempo”, dijo Allendes.

La persecutora afirmó que ni Compagnon ni Valero tenían antecedentes profesionales que les hayan permitido realizar los negocios que hicieron, y que el éxito de la empresa se sostenía en que “Compagnon, moleste a quien le moleste, era la imagen de Caval. Hecho público y notorio (…) Ingresó a la contabilidad de esta empresa facturas por servicios no realizados en forma efectiva, rebajando los impuestos y también obteniendo los beneficios de lo que esto significaba”.

La empresa

En tanto, sobre la empresa Caval, la fiscal acusó que los socios “realizan acciones tendientes a comprar, sí, lo dice el Ministerio Público responsablemente, a comprar servicios de funcionarios públicos” para el cambio de uso de suelo. La fiscalía pide una pena de cuatro años y un día para ambos acusados, y el pago de una multa para Compagnon del 300% sobre lo supuestamente evadido en impuestos.

El abogado de Compagnon, Antonio Garafulic, criticó la alusión de la fiscalía sobre los lazos familiares de Compagnon: “Son meramente falacias que pretenden tratar de introducir hechos no comprendidos dentro de la acusación. Las consideraciones adicionales al parentesco o al presunto favorecimiento es totalmente impertinente en este caso”. Además, señaló que su representada estaría dispuesta a declarar en el juicio.

Finalizada la audiencia, el fiscal del caso, Sergio Moya, ahondó en los alegatos de la fiscal Allendes. “Va a quedar establecido en la prueba que la carta de presentación de Caval (…) se fundaba en gran parte en las vinculaciones personales de la imputada Natalia Compagnon que se presentaba como nuera de la expresidenta de la República”. Para este martes se espera que sea la ronda de presentación de la defensa de los acusados.