En carta publicada en la edición de ayer, el profesor Julián López asimila la evidencia de un grave delito, que surge de un control policial a un vehículo con vidrios polarizados, a la confesión que se obtiene bajo tortura.

Es preocupante para la ciudadanía, en particular para los millones de chilenos que a diario ven incrementada su inseguridad y la de sus familias por la acción de delincuentes armados, lo que se aprecia como ausencia del buen criterio y sentido común que se espera de jueces y estudiosos en la evaluación de la peligrosidad de quien es sorprendido en delito flagrante.

Para algunos, correspondería prescindir del innegable valor probatorio de los graves antecedentes descubiertos si se accede a ellos sin estricta sujeción a las normas que regulan los controles y registro de conductores con vehículos objetivamente sospechosos.

Si hay un error en el procedimiento policial, este debe investigarse y eventualmente sancionarse, pero no puede ello significar que salga ganando el delincuente y la impunidad.

Desafortunada resulta también la asimilación de la prueba descubierta con eventual infracción de aspectos procedimentales o formales con los testimonios obtenidos bajo tortura, ya que nadie discute que en este último caso son ilegítimos y carecen de credibilidad y de valor probatorio.

Apreciamos el progreso de la ciencia jurídica en pro del imperio del Derecho, y precisamente por ello y para que las personas confíen en la protección de las instituciones y no recurran a tomar la justicia en sus manos, se deben recoger, también en esta materia, las inquietudes ciudadanas respecto de la inseguridad que vivimos y no aparecer amparando más al delincuente que a la gran mayoría de la sociedad, que hoy aparece como la víctima inocente de la delincuencia violenta que nos afecta.

Carta al diario El Mercurio de Fernando Barros T., Abogado

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