La discusión pública acerca del proyecto de ley de identidad de género ha dado cuenta de una gran confusión, muy frecuente entre sectores conservadores del mundo de la medicina. ¿En qué consiste? En meter en un mismo saco la transición social de género —es decir, asumir externamente una identidad trans en la “vida real”, que puede o no, y en distintos grados, incluir una transición de tipo corporal— con el derecho a la identidad de género, entendido éste como la facultad legal para modificar el documento nacional de identidad, que es a lo que fundamentalmente apunta el proyecto.

Por ejemplo, la endocrinóloga de la Universidad de los Andes Francisca Ugarte ha criticado un proyecto de ley que en realidad no existe, ya que dicha iniciativa se orienta más bien a abordar el cambio de sexo registral, y no a la transición de género —social y biológica— de las personas trans, sean mayores o menores de edad.

Por lo que respecta al aspecto biológico, el proyecto no contempla estándares de salud en materia de reasignación de sexo (hormonal y quirúrgico), todo lo cual se rige por la lex artis, específicamente por protocolos médicos y, particularmente, por el Standards of care de la Asociación Mundial para la Salud Transgénero (WPATH, por su sigla en inglés). De acuerdo con este protocolo, los tratamientos hormonales comienzan en la adolescencia, mientras que las cirugías sólo se aplican a partir de la mayoría de edad. Y estos protocolos pueden actualmente ejecutarse sin que la persona haya modificado su documento nacional de identidad. Por eso es que es un error considerar que el proyecto dará pie a los cambios de sexo en términos corporales. Éstos ya se pueden efectuar en Chile conforme a las lex artis y a los estándares de salud trans-específica. De hecho, las personas trans normalmente acuden a la justicia para modificar su partida de nacimiento, luego de que han avanzado en tratamientos hormonales o quirúrgicos, aunque sim necesariamente llegar a la cirugía de reconstrucción genital.

Además, y como así lo referí en una columna anterior, recientes estudios como el de Olson y otros, titulado Mental health of transgender children who are supported in their identities, publicado en 2016 en la revista Pediatrics de la Asociación Americana de Pediatría, cuestionan trabajos anteriores, que hablan de una “remisión” de la transgeneridad en más de un 80%. Las razones para este cuestionamiento son fundamentalmente tres: a) no se basan únicamente en niños trans, que expresan persistentemente el deseo de vivir conforme al “sexo opuesto”; b) no incluyen a niños trans que han transicionado socialmente; y c), muy vinculado con el punto anterior, se trata de niños que no han recibido el apoyo de sus padres ni de sus escuelas, sino que, por el contrario, han sido tratados con vistas a una futura “curación”.

Pero, volviendo al proyecto de ley, ¿pueden las personas decidir sobre su propia identidad de género? O, dicho de otra forma, ¿por qué tendrían otros que decidir sobre la vida de las personas trans? ¿Acaso, en el marco de una sociedad libre, no son los mismos individuos —en su caso, acompañados de sus padres— quiénes deberían resolver la mejor manera de enfrentar una realidad ineludible, como es el hecho de desear persistentemente vivir de acuerdo al “otro sexo”?

Por último, no deja de llamar la atención que el principio de subsidiariedad, tan invocado por los conservadores para cuestiones económicas, brille por su ausencia en asuntos asociados a la libertad sexual. Parece ser que, en el caso de ellos, los principios políticos terminan cediendo frente a visiones dogmáticas y totalitarias, profundamente contrarias al derecho de las personas a buscar su propio destino, a su propia manera, y no a la manera de un supuesto “bien común” colectivo o, más bien, colectivista.

/Escrito para El Líbero por Valentina Verbal, historiadora y consejera de Horizontal

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