Las denuncias por acoso sexual en ambientes laborales se han acelerado. Según registros de la Dirección del Trabajo (DT), que es el organismo público que recibe este tipo de casos, a nivel nacional se registraron 101 acusaciones entre enero y abril de 2017, mientras que a igual fecha de este año hubo 135 reportes. Ello implica un aumento del 33%.

En cuanto al acoso laboral, en el mismo período hubo 642 denuncias en 2017, mientras que este año bajaron a 627.

En todo el año 2017 hubo 2.409 denuncias por acoso laboral, de las cuales 686 correspondieron a la Región Metropolitana, equivalente al 28,4%.

La lectura que hacen en el Gobierno es que las acusaciones por acoso sexual han aumentado porque los trabajadores conocen más sus derechos y han perdido el miedo. Dicho fenómeno también se asocia a las denuncias nacionales e internacionales que se han hecho públicas.

La Ley 20.005, que reguló esta materia, establece que la persona víctima de acoso sexual debe hacer llegar su reclamo por escrito a la dirección de la empresa, establecimiento o servicio en que trabaja o a la respectiva Inspección del Trabajo. El empleador puede optar entre hacer directamente una investigación interna o, dentro de los 5 días siguientes a la recepción de la denuncia, derivarla a la Inspección del Trabajo, la que tiene 30 días para efectuar la investigación. La investigación interna efectuada por el empleador debe realizarse en un plazo de 30 días. Una vez concluida, los resultados deben enviarse a la Inspección del Trabajo.

Si la denuncia es hecha por el afectado, hombre o mujer, o derivada por el empleador a la Inspección del Trabajo, esta efectuará una investigación en los mismos términos descritos anteriormente. Finalizada la investigación, la Inspección del Trabajo le comunica los resultados al empleador y de haber comprobado la existencia del acoso sexual, le sugerirá adoptar medidas concretas.

Ante el incremento que han tenido las acusaciones, el Ministerio del Trabajo tomó cartas en el asunto y ha trabajado en la creación de una plataforma web para denuncias internas y externas que afecten a funcionarios de la cartera en materia ética, como acoso sexual y laboral. El mismo instrumento también podría ser replicado en otros organismos públicos.

Según explicó Fernando Arab, subsecretario del Trabajo, quien está a cargo del proyecto, “en las próximas semanas estaremos implementando una plataforma de gestión de integridad, la cual busca promover buenas prácticas al interior de la institución, en materias de probidad y transparencia, así como para evitar y sancionar conductas de acoso, ya sea sexual y laboral, de los funcionarios. Todo esto en línea con nuestro código de ética”.

En el código de ética de la Subsecretaría, además del rechazo al acoso sexual y laboral, está la relación de respeto entre funcionarios y jefaturas, el rechazo a la discriminación, y un ambiente laboral inclusivo. A nivel externo, está el rechazo al soborno y al cohecho.

El proyecto se implementaría el próximo mes.