Por estos días se han multiplicado los actos vandálicos al interior de una serie de colegios “emblemáticos” de Santiago, con hechos de violencia más propios del lumpen que de escolares en plena etapa de formación. Fue el caso, por ejemplo, del liceo Miguel Luis Amunátegui, donde en medio de una toma -que irónicamente entre otros aspectos reclamaba por una mejor infraestructura- se produjo un incendio intencional que destruyó parte de las instalaciones. Esta semana, la oficina del director del Liceo de Aplicación fue destruida y quemada, como respuesta a una serie de sumarios que la nueva autoridad había abierto en contra de alumnos acusados de vandalismo. El hecho fue acompañado de graves amenazas hacia su persona.

Estos desmanes han despertado muestras de amplio repudio, y es así como el Presidente de la República prestó todo su apoyo al director del Liceo de Aplicación. Días antes, el alcalde de Santiago había resuelto suspender el año académico 2018 del Liceo Amunátegui, debido al deterioro de las instalaciones, lo que obligará a reubicar a los alumnos. Además, se están emprendiendo acciones judiciales en contra de los apoderados cuyos hijos aparecen responsables de los destrozos, siguiendo la política del “rompe paga”.
Parece un hecho que la violencia en las manifestaciones estudiantiles se está saliendo de control, con consecuencias nefastas para el sistema educacional y para la seguridad de la propia comunidad escolar. Es la consecuencia previsible de haber consentido que los grupos radicalizados actuaran durante mucho tiempo en total impunidad, al punto que las tomas ya son vistas como parte de la normalidad. Que ello derivara en peligrosos actos vandálicos era solo cuestión de tiempo, y a la luz de lo que se ha visto, los límites ya no parecen existir.

De allí que las medidas que ha adoptado el municipio de Santiago sean valorables, y en la medida que el tema de la seguridad en los colegios comience a ser asumido por la propia Moneda, cabría esperar que se produzca un quiebre en la irresponsable indiferencia seguida hasta ahora. Aun cuando el fenómeno de la violencia responde a factores muy diversos y de difícil erradicación, no cabe duda de que el primer paso es comenzar por hacer efectivas las responsabilidades del vandalismo. Los propios alumnos y los apoderados deben ser conscientes de que en la medida que se permita que estas minorías coopten las instituciones -y destruyan a su antojo- es imposible la normalidad académica. Es probable que la mayor parte de la comunidad estudiantil sea una víctima pasiva, pero en la medida que se organice puede ejercer una efectiva presión para defender -y exigir- la normalidad de sus colegios.

/Editorial del diario La Tercera

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