Ya en nuestro primer reglamento constitucional, el de 1811, se afirmó que existía “la necesidad de dividir los poderes”. Y ese principio, que Locke y Montesquieu habían explicitado gradualmente, ha inspirado toda nuestra vida constitucional.

Pero hoy, en el Chile de 2018, cunde la confusión sobre el papel de cada uno de los poderes del Estado. Algunos lo enredan todo por falta de formación, mientras otros actúan con la intención de complicarle la vida al entramado institucional, porque solo les interesa la subversión del actual sistema republicano.

La mayor perturbación se da en los continuos desvaríos en que incurren algunos miembros del Legislativo respecto de los ministros de Estado. Desde que se restablecieron las nefastas interpelaciones parlamentarias, los diputados no han cesado de jugar al paco y ladrón, sin ninguna conciencia del grave deterioro que le causó a la marcha del país un sistema similar en la segunda mitad del siglo XIX. Es lamentable, porque en la mayoría de los parlamentarios ni siquiera hay maldad, sino que simplemente carecen de conocimientos básicos sobre nuestra historia patria. Si a eso se le suma -en los extremos de la banalidad- ese conjunto de actos de supuesta fiscalización que no pasan de ser manifestación de los caprichos personales de algunos diputados, y en el otro extremo -el de la enorme gravedad teórica- unas acusaciones constitucionales completamente degradadas, no cabe duda que el Legislativo intenta -por frivolidad o por doctrina- invadir las atribuciones del Ejecutivo. Y para qué decir cuando se acusa a un gobierno de pasividad legislativa, como si no fueran los miembros del Congreso los primeros llamados a imaginar buenas soluciones para nuestros problemas.

Pero el Ejecutivo no se queda atrás y también colabora a la confusión de los poderes.

Cada vez que desde La Moneda se insiste en la cantidad y en la calidad de sus iniciativas de ley, el Gobierno parece entenderse a sí mismo más como un colegislador que como un administrador. Olvida que los ciudadanos votaron por un Presidente, no por un superparlamentario. Y lo mismo sucede cuando un ministro, el de Justicia por ejemplo, se refiere a los tribunales mediante análisis que corresponden a los comentaristas políticos. Igual cosa sucede cuando hasta el Presidente de la República aparece criticando un desvarío judicial. Ciertamente su comentario recaía sobre una pésima decisión, pero no era al Ejecutivo a quien le correspondía entrar a calificarla.

Y si nos asomamos al Poder Judicial, resulta sorprendente cómo se extendió entre algunos de los magistrados superiores un modo de entender su tarea que ha pretendido convertirlos en auténticos legisladores: el activismo judicial. El alejamiento de sus funciones en la Corte Suprema del ministro Carlos Cerda sirve para meditar sobre los excesos a los que pueda llevar una concepción de esa tarea que no solo ha perjudicado gravemente a la verdadera justicia en los procesos contra los militares, sino que ha puesto en jaque a todas las normas tradicionales de interpretación de la ley vigente. Después de Novoa Monreal, ha sido lo más grave que ha ocurrido en la materia, solo que ahora ha sido de manera más silenciosa.

Un abogado me decía: pero es que resulta conveniente recuperar el modo romano de “decir el derecho”. Sí, buen amigo, pero estamos simplemente en Santiago de Chile: mucho cuidado.

Y queda todavía por sumar a la confusión institucional la situación del Tribunal Constitucional y de la Contraloría General.

Durante Bachelet era imposible, pero ahora es el momento para que los constitucionalistas piensen en serio sobre el tema y ofrezcan soluciones.

/Columna de Gonzalo Rojas para El Mercurio

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