La impactante imagen que ilustra esta nota pertenece a Pablo Tomasello Rayo, fotógrafo de El Mercurio de Valparaíso, en medio de las manifestaciones del 21 de mayo del año pasado. En ese instante un grupo de encapuchados lanzan bombas molotov al interior de un local de Farmacias Ahumada de calle Pedro Montt.  De inmediato se produce un incendio y las llamas suben hasta las oficinas del Concejo Municipal, donde se encontraba el guardia de seguridad Eduardo Lara Tapia. El funcionario quedó atrapado entre el humo, lo que provocó su asfixia y posterior muerte.

Esta imagen, que representa la extrema violencia que se vivió aquel día, fue galardonada como la mejor fotografía regional del año 2016 por la Asociación Nacional de la Prensa. Y junto a otros registros, sirvió de prueba para que la Fiscalía pudiera finalmente identificar e inculpar a cinco manifestantes como coautores de robo en lugar no habitado e incendio con resultado de muerte,  y solicitar su prisión preventiva. Sin embargo, el juez del tribunal de garantía resolvió dejar en libertad a los inculpados, con medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual. La misma situación ocurrió con un sexto formalizado, en el mes de diciembre. Por otro lado, las pruebas genéticas practicadas a los primeros cinco detenidos por este caso habrían salido negativas, por lo que la defensa solicitará que sean sobreseídos de la causa.

LUIS LARAEl próximo viernes 17 de marzo se realizará una nueva audiencia, donde la defensa de la familia de Eduardo Lara pedirá ampliar el plazo de la investigación, pese a que su hijo, Luis Lara Soto (en la foto), cree que en el proceso penal ya no hay mucho más que hacer: “Tanto la Intendencia como la municipalidad se hicieron parte en la querella, pero todo quedó en nada. Lamentablemente creo que en el tema penal no vamos a sacar nada”.

– ¿Por qué cree que eso?

– Hay una serie de fotos y videos que ubican a estas personas en el lugar de los hechos, pero no prendiendo fuego. Ellos dicen que estaban haciendo desórdenes pero que no tenían la intención de matar porque no sabían que había gente adentro. Eso fue lo que el abogado defensor dijo en la audiencia. Ellos dicen que sí hicieron un fuego, pero no con la intención de matar.

-En los últimos meses, ¿se ha podido reunir con el alcalde Sharp?

– No ha tenido ningún acercamiento, nunca se ha reunido con la familia. El alcalde Sharp no ha hecho nada. No tiene ningún interés en hacer algo, porque ya se enfrió el tema. Ya nadie se interesa por Eduardo Lara Tapia. Con suerte lo van a recordar para el próximo 21 de mayo.

– ¿Y qué acercamiento han tenido con las autoridades del gobierno central y del gobierno regional?

– Desde el 24 de mayo del año pasado, cuando se realizó el velorio, nunca más supimos de las autoridades.  Cuando a comienzos de 2016 hubo una protesta y murieron dos estudiantes en la plaza Victoria, en menos de un año esos universitarios tuvieron un monolito recordatorio, porque se dijo que ellos fallecieron defendiendo los derechos del movimiento estudiantil. Y yo digo, mi papá falleció, demolieron el edificio y no ha pasado nada, no queda nada. Si mi papá hubiera fallecido producto de la negligencia de un uniformado, estoy seguro que aún estarían los políticos defendiéndolo. Como lo que pasó con el joven Rodrigo Avilés, que fue lesionado por un Carabinero al que finalmente dieron de baja.

– ¿Se siente defraudado?

– Totalmente. Desde el día que falleció mi papá, a mí me pareció totalmente irregular la actuación del gobierno. Cuando el 21 de mayo del 2015 el joven Avilés resultó lesionado, el hospital Van Buren estaba lleno de políticos y de personeros de Estado. Hasta llegó la Presidenta Bachelet. En cambio, cuando murió mi papá no había nadie del gobierno, la Presidenta estaba en Valparaíso y no pasó por el hospital. El intendente llegó hasta los estacionamientos y ni siquiera se acercó a la familia. Mi papá era un trabajador y dónde están sus derechos humanos. Nadie del Instituto de Derechos Humanos se ha acercado hasta ahora. Yo creo que el gobierno se está cuidando las espaldas, quiere evitar algún roce con el movimiento estudiantil o con algún movimiento sindical.

– Si usted ya no confía en la causa penal, ¿va a iniciar una causa civil por la responsabilidad de los empleadores de su padre?

– Responsables por omisión hay varios, pero eso es una causa civil que deberíamos entablar contra la corporación municipal cuando termine la causa penal. Y también contra la municipalidad y la Inspección del Trabajo. Al final, toda la investigación de la causa penal, nos servirá para iniciar una causa civil y encontrar a los responsables por la muerte de mi padre.

Entrevista de Nicolás González para El Líbero

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