Human Rights Watch (HRW) exigió al Gobierno chileno detener la deportación de inmigrantes venezolanos e hizo un llamado a que todas las expulsiones cumplan con el derecho internacional de los derechos humanos.

A través de un documento publicado en su sitio web, el organismo se cuadró con las sentencias emanadas desde la Corte Supremas y las distintas cortes de apelaciones, donde se exigía detener, en casos específicos, las deportaciones de venezolanos debido a “los graves riesgos que podrían” en su país.

Además, estas sentencias dejaron en evidencia “violaciones al debido proceso” como “el derecho a ser oído y a presentar pruebas”.

José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, declaró que “los tribunales de Chile han demostrado que muchos venezolanos que buscaban escapar de la devastadora crisis en su país de origen fueron deportados sin debido proceso, vulnerando estándares elementales del derecho internacional”.

En esa misma línea, planteó que “es contradictorio que el gobierno chileno condene con firmeza los abusos en Venezuela mientras ignora los derechos de los venezolanos en su afán por deportarlos a un país donde sus vidas podrían correr peligro”.

Human Rights Watch denunció que el 6 de junio se deportó a 53 venezolanos, incluidos 34 que fueron expulsados durante el fin de semana, cuando “las cortes de apelaciones estaban cerradas”. Mientras algunos tenían familiares en Chile, no se les permitió hace una llamada telefónica y tampoco tener acceso a un abogado, lo que “limitó sus posibilidades para objetar la deportación”. Incluso, agregaron, algunas tenían apelaciones en trámite contra sus órdenes de deportación.

Problemas en procesos de deportación

Human Rights Watch dio cuenta de los distintos problemas que se han relacionado a la deportación de venezolanos y otras fallas en el sistema de inmigración y refugio.

La primera de ellas es la “Ausencia de debido proceso”, donde la Policía de Investigaciones (PDI) hace un llamado a aquellos que ingresaron de manera ilegal a que se autodenuncien para regularizar su situación. El problema es que, posteriormente, usan esa denuncia como prueba para su deportación.

“Adicionalmente, la PDI a veces no les informa a los migrantes por qué están siendo detenidos, o les dice que la detención forma parte del proceso para obtener estatus legal en el país. Esto no permite que los migrantes contacten a un abogado o adviertan a su familia acerca de su inminente deportación”, consignaron.

Por lo mismo, el organismo denunció que los policías no permitieron que los migrantes objetaran su deportación antes de que se dictara la orden de deportación y que, en muchos casos, las órdenes de expulsión fueron dictadas meses antes, pero la persona implicada no había sido notificada. Una vez detenidos, la mayoría no tuvo acceso a un abogado, y cuando se lograba, ellos no tenían tiempo para apelar la deportación ante un tribunal o para que el tribunal pudiera frenarla.

En un segundo punto, se refieren a las “Deportaciones colectivas y falta de determinación individual”, donde apelan a que todas las personas tienen derecho a que se revise de forma individual cada caso, “incluyendo la necesidad de recibir protección y los riesgos que la deportación podría representar para su vida, su libertad o su integridad”.

A eso suman la “Separación de familias”, donde aseguraron que a los venezolanos, las deportaciones sumarias no les permiten demostrar que tienen vínculos familiares en Chile debido a la dificultad que tienen para acceder a estos documentos.

Como las deportaciones en Chile son adoptadas sin conceder audiencias, los migrantes no tienen la oportunidad para presentar sus argumentos y las pruebas que les permitirían demostrar sus vínculos familiares. Además, muchos de ellos prefieren no dar a conocer si tienen familiares con el fin de protegerlos de una eventual expulsión.

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