Defensa de Lula por la clase política chilena

    Los jueces brasileños han demostrado estar al margen de la contingencia política, pero les será difícil abstraerse del debate público, con el PT insistiendo en que la democracia está en riesgo por estas acciones judiciales

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    Sorprende la actitud asumida por un grupo de dirigentes políticos de la izquierda chilena no solo al hacer una abierta defensa del ex presidente brasileño Lula da Silva -condenado a 12 años de cárcel por corrupción pasiva-, sino al llegar a sugerir que si, a causa de sus problemas legales, este no puede inscribir su candidatura, las elecciones a realizarse en octubre en ese país carecerían de legitimidad. Con ello, ponen en tela de juicio a la judicatura brasileña y pasan por alto decisiones fundadas, adoptadas por jueces de primera y segunda instancia. Se trata de una presión política ejercida desde el exterior y que contrasta con aquella máxima de “dejar que las instituciones funcionen”, tan enarbolada por sectores de la misma izquierda en nuestro país.

    El caso del ex mandatario ha vivido horas agitadas, luego de que ayer un magistrado ordenara su liberación, aceptando una petición de habeas corpus que habían presentado diputados del Partido de los Trabajadores el viernes a última hora, justo cuando ese letrado asumía el turno de fin de semana del tribunal de apelaciones que emitió la sentencia. Frente a ello, el juez de primera instancia Sérgio Moro, quien envió a prisión a Lula, pidió no cumplir la orden y exigió la intervención del juez instructor de la causa en el mismo tribunal, quien rechazó la excarcelación. Ante las decisiones contradictorias, el presidente del tribunal dio la última palabra, reconociendo la decisión del juez instructor.

    Es evidente que con Lula encabezando las encuestas, el PT no se quedará en calma esperando que la judicatura actúe. Ya acusó de “conjura judicial” los pronunciamientos del fin de semana y, a pesar de su queja de que se ha politizado la justicia, es precisamente eso lo que está haciendo dicho partido. Por su parte, un centenar de fiscales han denunciado que el magistrado que ordenó liberar al ex presidente incurrió en “activismo judicial” y “violó flagrantemente el principio del colegiado y, por consiguiente, el orden jurídico y el Estado Democrático de Derecho”. Según ha informado la prensa, el juez en cuestión fue funcionario del gobierno de Lula y perteneció al mismo PT antes de ser designado en el tribunal por Dilma Rousseff.

    El ex mandatario está en prisión por una de las siete causas que se llevan en su contra, todas relacionadas con corrupción. Y si bien se ha declarado inocente, es sabido que durante su gobierno fueron muchos los escándalos que explotaron con la investigación del caso conocido como “Lava-Jato”, que tiene como foco a la estatal Petrobras, a un sinnúmero de políticos y a constructoras como OAS y Odebrecht, las que pagaron ingentes sobornos para adjudicarse licitaciones públicas. Las mismas empresas corrompieron la política en numerosos países de la región y fueron las causantes de la caída del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, en Perú, y de la condena a prisión del entonces vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas. En Chile, debe recordarse que OAS ha sido vinculada al uso de un avión en la penúltima campaña presidencial de Marco Enríquez-Ominami, y se han investigado también vínculos con otros dirigentes,

    Como presidente, Lula sacó a millones de personas de la pobreza y encabezó un gobierno que, durante el ciclo favorable de los commodities , pudo impulsar la economía. Sin embargo, durante su gobierno ocurrieron hechos delictivos que están en la palestra. Si la justicia no es rápida para decidir si es culpable o inocente, seguirán las presiones para habilitar su candidatura. Los jueces brasileños han demostrado estar al margen de la contingencia política, pero les será difícil abstraerse del debate público, con el PT insistiendo en que la democracia está en riesgo por estas acciones judiciales

    A diferencia de Venezuela, con un Poder Judicial totalmente capturado por el régimen de Nicolás Maduro, en Brasil la justicia ha probado estar desligada del gobierno, impulsando acciones contra políticos de todos los signos, lo cual hace que las acusaciones de intervención en el sistema democrático sean injustificadas. Comparaciones de ambos procesos no hacen sino enturbiar los llamados a defender la democracia en la región y, como señalaron diputados democratacristianos chilenos, es “poco prudente” enviar una carta en defensa de Lula, porque “Brasil es una democracia plena, y no corresponde desde Chile hacer declaraciones sobre cuestiones” que están en los tribunales de ese país.

    /EDitorial del diario El Mercurio

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