Una batalla no menor es la que está dando hoy CCU. La compañía ligada al grupo Luksic y a la holandesa Heineken está sacando la voz para transparentar los impactos que están viviendo ante las distintas amenazas que por estos días rodean a la firma, como las nuevas etapas de la Ley de Etiquetado y también el avance de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), donde CCU ha tenido un rol más bien activo.

Pero donde han estado más alertas en las últimas semanas ha sido en desmitificar que los impuestos que en 2014 comenzaron a gravar a las bebidas azucaradas y también a los alcoholes, tributos contemplados dentro de la reforma tributaria, están dirigiendo a la baja la tendencia del consumo de estos productos.

De hecho, la compañía, en relación a las bebidas azucaradas, ha indicado que desde el año 2003, la tendencia del consumo muestra un crecimiento sostenido de las bebidas sin azúcar, “lo que nos demuestra que este cambio hacia las alternativas menos azucaradas no es en función del impuesto del año 2014, sino del hábito del consumidor de preferir este tipo de productos (…), atribuir cambios en las decisiones de los consumidores a los efectos de una reforma tributaria como la que se implementó el 2014 sería inadecuado”, señaló el gerente de Marketing del área de Bebidas Analcohólicas, Eduardo FFrench-Davis, en una carta enviada a El Mercurio el pasado 10 de julio.

En cuanto a las bebidas alcohólicas, la defensa la realizó el propio Patricio Jottar, gerente general de la firma, quien en una carta enviada a La Tercera el miércoles 11 de julio -en respuesta a una nota publicada en Pulso sobre la recaudación del impuesto a los alcoholes desde el inicio de la reforma tributaria- afirma abiertamente que la aplicación de este tributo no cumplió el objetivo de desincentivar el consumo de alcohol dentro de algunos grupos de la población.

Es más, detalla que “transcurridos cuatro años, la evidencia indica que dicha alza no tuvo el impacto esperado, pues el consumo se ha mantenido estable desde entonces, así como a lo largo de la última década, de acuerdo a los datos de la Ocde y de la OMS”, indica el alto ejecutivo.

Y es el mismo mensaje que hoy profundiza el gerente general de CCU Chile, Francisco Diharasarri, quien habla directamente que el Estado no debe disfrazar el uso de los impuestos bajo un paraguas de salud pública cuando la finalidad solo ha sido mejorar la recaudación tributaria.

“Un impuesto no resuelve el problema. A mi modo de ver, el gobierno lo que está buscando es un medio de recaudación para el déficit fiscal y no para atacar el problema de fondo, que es la obesidad. Acá el problema se llama obesidad, entonces no me diga que necesita un impuesto al azúcar para mejorar la obesidad, si no diga derechamente que acá se necesita un impuesto para recaudar, pero que el gobierno no lo disfrace”, recalca.

Educar e informar

El temor de Diharasarri surge luego de que se conociera que dentro de las políticas del actual gobierno se está analizando gravar a ingredientes como el azúcar y también a los alimentos altos en grasa, como una forma de mejorar la recaudación fiscal debido al déficit que heredó la nueva administración de Piñera.

“No estamos de acuerdo con la provisión, porque creemos que la información y la educación son la clave de las políticas que se deben tomar, como compañía y como gobierno, para cambiar los hábitos alimenticios de la población”, señala Francisco Diharasarri.

Por eso, más que calificar de buena o mala la Ley de Etiquetado, en esta nueva fase de la normativa, donde se abrió la discusión nuevamente, es necesario mejorar el mensaje que se les entrega a los consumidores, con el objetivo de evitar confusiones.

“El mensaje no es elegir productos con menos sellos, porque puede que un solo sello produzca mucho más daños que un conjunto de ellos. El sello no hace la diferencia entre un ingrediente u otro y si estás pasada en un gramo o en un kilo, por lo tanto, no está ayudando a informar a los consumidores a tomar una decisión”, dice.

El líder de las operaciones de CCU en el país recalca que la población hace mucho tiempo que está cambiando los hábitos de consumo. De hecho, recuerda que hace 14 años la firma lanzó el agua mineral saborizada y que hace una década en el mercado local no existían las bebidas deportivas, así como tampoco hace seis años era necesario ofrecer los productos funcionales en base a té. “Un ejemplo práctico es que no se necesitó una ley de etiquetado para masificar el uso de las bicicletas. Es decir, ha habido un cambio en el consumidor, por eso acá lo necesario es cambiar el mensaje e intensificar la vida sana que llenar de advertencias vía sellos, por ejemplo”, explica.

Este año, prototipo REP

Donde tampoco ven necesario que se hable de impuesto para gatillar un cambio de conducta es en lo relacionado con el reciclaje. La firma ha actuado de manera proactiva para avanzar en la puesta en marcha de la llamada ley REP (de Responsabilidad Extendida del Productor), aprobada en el año 2016, pero que aún está en fase de diseño de los reglamentos necesarios para comenzar a operarla.

“Como CCU estamos empujando la ley REP para que no haya motivaciones, bien intencionadas, de crear otras leyes si todavía no tenemos implementada la que en otros países ha funcionado. Eso lo que hace es entorpecer la implementación de algo que, a juicio nuestro, va en el sentido correcto”, dice.

Por eso, llama a todos los sectores y actores del mundo ligado al reciclaje a apurar la elaboración de los reglamentos para poder implementar “lo más rápido posible” el Sistema Integrado de Gestión (SIG), encargado de recolectar y segregar los productos, con el fin de darles una valorización.

“Para mí, durante este año debería estar implementado un prototipo del SIG en una comuna representativa, para extrapolarlo después a otras zonas y estar con los reglamentos listos durante el año 2019”, proyecta un auspicioso Diharasarri.

“Si queremos atacar los problemas de fondo, eso no va con leyes talibanas, hay que atacar las cosas de verdad. Hay que informar al consumidor, crear las condiciones para educar el cambio de hábito e implementar leyes que realmente funcionen, y con eso, en 10 años más, vamos a estar conversando temas totalmente diferentes”, recalca el ejecutivo líder de CCU Chile.

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