El Trigésimo Cuarto Juzgado del Crimen de Santiago remitió a la Corte de Apelaciones de la capital los antecedentes de una querella presentada por un particular en contra de la Presidenta de la República, Michelle Bachelet Jeria, por los delitos de ejercicio ilegal de la profesión de médico y falsificación de instrumento público.

El querellante, singularizado como Rodolfo José Novakovic Cerda, fija el delito por el cual se querella en el año 1982, fecha en que la Mandataria obtuvo la Licenciatura en Medicina por la Universidad de Chile.

 

EN LO PRINCIPAL: Querella Criminal por Delitos continuados que se indican; PRIMER OTROSÍ: Exención de Fianza de Calumnias; SEGUNDO OTROSÍ: Solicita diligencias; TERCER OTROSÍ: Acompaña documentos; CUARTO OTROSÍ: Se traiga carpeta investigativa RUC que se indica; QUINTO OTROSÍ: En subsidio, solicita designación de Ministro en Visita; SEXTO OTROSÍ: Patrocinio y Poder.

S.J.L. 34° Juzgado del Crimen de Santiago

RODOLFO JOSÉ NOVAKOVIC CERDA, C.N.I 10.839.300-9, chileno, soltero, de profesión Ingeniero Físico, domiciliado para estos efectos en calle Ricardo Morales 2959, Depto. 1205, comuna de San Miguel, correo electrónico: rodolfonovakovic@gmail.com, fono 22-9733491, celular 97-6607430, a SS respetuosamente digo:

Que, por el presente acto y de conformidad a las normas y disposiciones del Código de Procedimiento Penal, vengo en deducir querella criminal en contra de doña VERÓNICA MICHELLE BACHELET JERIA, cédula nacional de identidad 5.811.892-3, domiciliada actualmente en Palacio de La Moneda s/n, por los delitos continuados de Ejercicio Ilegal de la Profesión de Médico; delitos que no sólo fueron conocidos por el Ministerio Público –incumpliendo la disposiciones del Art. 483 del nuevo Código Procesal Penal y restantes disposiciones legales que serán expuestas en los Antecedentes de Derecho- sino que fueron reconocidos ante mi persona por el Fiscal de Delitos de Alta Complejidad de la Zona Metropolitana Centro Norte don José Morales Opazo, en presencia de la abogada asesora doña Fernanda Orpis, en audiencia de fecha 27 de noviembre de 2014, cuando me comenta que S.E. la Presidente de la República le reconoció no estar en posesión de su título pero que solicitó la prescripción ante él atendido a que demostró que la última vez que ella habría ejercido como médico se remontaba al mes de noviembre del año 1991 (como consta en documentos que se acompañan en otrosí); todo ello conforme a los antecedentes de hecho y de derecho que seguidamente paso a exponer en forma pormenorizada.

I.- LOS HECHOS

I.1.- Introducción

Que, es importante poner en su conocimiento de SS, que mi investigación para con los antecedentes académicos de la Mandataria se suscitó a raíz de las indagaciones por las que fui contratado dentro del bullado Caso Nutricomp ADN, y en relación con cartas que, quien deduce esta acción así como madres afectadas con el fatídico fármaco (medicamento) Nutricomp ADN, dirigiésemos personalmente hacia doña Michelle Bachelet Jeria, dada su calidad de Médico, Pediatra y Epidemióloga (pues así ella se ha presentado ante el público como en documentos oficiales como el de ANEPE y el que se encuentra en otras entidades públicas, cuyas copias se acompañan en otrosí).

Que, en efecto, en algunos medios de prensa extranjeros (los cuales no siempre pueden ni deben ser considerados como veraces) sostenían que doña Verónica Michelle BACHELET JERIA habría continuado sus estudios de Medicina en Alemania, para luego retornar a Chile en 1979, convalidar aquellos y terminar así su Licenciatura a fines del mes de octubre de 1982, y apenas dos meses después, obtener su título de Médico Cirujano con fecha 7 de enero de 1983.

Que, en virtud de ello, y tal como consta en correos cuyas copias se acompañan en otrosí, consulté a la institución alemana donde la señora BACHELET JERIA habría estudiado, encontrándome con la sorpresa de que no existen antecedentes académicos de las asignaturas cursadas y aprobadas en dicha entidad extranjera, lo que se agrava por el hecho que ni en ese entonces ni al momento de formular mi consulta existen convenios entre dicha entidad y las universidades chilenas, por lo que resulta imposible para doña Verónica Michelle BACHELET JERIA haber podido convalidar los ramos allá cursados con aquellos correspondientes a la Universidad de Chile.

Que, a partir de entonces, y habiendo razones fundamentadas para sospechar de la inexistencia de documentos físicos originales que probasen que doña Michelle BACHELET JERIA estaba en posesión de su Licenciatura en Medicina, de su título de Médico Cirujano, y de sus especialidades de Pediatría y su mención en Epidemiología, decidí iniciar –siempre como aristas del Caso Nutricomp ADN- una indagación formal que permitiese acreditar o descartar aquellas sospechas.

I.2.- Inexistencia de documentos originales en la Universidad de Chile

Que, no obstante que en más de tres ocasiones la Universidad de Chile, en la persona del rector, han acreditado por escrito, tanto a mi persona como a Contraloría General de la República, que doña Verónica Michelle BACHELET JERIA sería Médico Cirujano titulada el día 7 de enero de 1983, sin embargo, y como la misma institución académica lo reconoce, no existen certificados originales ni títulos originales, sino meras y simples fotocopias que no constituyen actos administrativos de confianza.

Que, en efecto, cada vez que yo –como ciudadano chileno poderdante- le he solicitado, en términos respetuosos y convenientes, que ella me acompañe copias fotostáticas en tamaño natural y en colores (a mi costa), la señora BACHELET JERIA y personal de su Gabinete, una y otra vez ha denegado aceptar mi petición, argumentando –entre otras razones- que si bien la Presidencia de la República está bajo la Ley de Transparencia, no sucedería lo mismo con la Presidente de la República.

Que, al apersonarse Contraloría General de la República (como consta en documento acompañado en otrosí) doña Patricia Arriagada Villouta pudo comprobar que en la carpeta de la señora BACHELET JERIA no existían documentos ni certificados originales respecto de su Licenciatura en octubre de 1982 y su título de Médico Cirujano en enero de 1983, pero aún así la Universidad de Chile –sin tener documentos originales de sustento- respaldó a la Mandataria indicando que ella, según registros, habría obtenido su título de Médico Cirujano el día 7 de enero de 1983.

I.3.- Imposibilidad de Poder Ingresar a Chile antes de Navidad de 1982

Que, como la propia señora BACHELET JERIA y su dignísima madre, doña ÁNGELA JERIA GÓMEZ, lo han reconocido, cuando abandonaron nuestro país, luego de haber sido ambas torturadas (según versión de ambas), se les extendió un tipo de Pasaporte designado bajo una letra “L”, es decir, limitando su ingreso; lo que significa que el Ministerio del Interior de la época no permitía que ni su madre, ni ella (ya mayor de edad), pudiesen ingresar al país sin que previamente se emitiese una autorización oficial, y sin que previamente sus nombres –en forma escrita- apareciesen publicados oficialmente en los diarios de la época.

Que, en efecto, al consultar al Ministerio del Interior por la fecha de autorización de doña Michelle BACHELET JERIA y de su madre doña Ángela JERIA GOMEZ con anterioridad a diciembre de 1982, la institución contestó que consultados los registros, no figuran los ingresos oficiales de ambas personas; lo cual es consistente con las listas de los nombres de exonerados y exiliados autorizados a ingresar a Chile a partir del día 24 de diciembre de 1982 (fecha en que se publicó la primera lista de personas, con pasaporte L, autorizadas a retornar a la nación; lista donde NO FIGURA ni el nombre de la actual Presidente de la República ni la de su madre).

Que, por tanto, resulta de la mayor gravedad que con fecha 22 de octubre de 1982 (cuando aun no aparecía ni la primera lista con los nombres de los exiliados autorizados a retornar) figure una copia fotostática simple (que me fuera entregada por la Universidad de Chile) con el nombre de la señora BACHELET JERIA acreditándola como Licenciada en Medicina, y que luego, dos meses después (cuando se requieren dos años de internado para obtener el título de Médico Cirujano) aparezca otra copia simple presuntamente del título de Médico que le fuera otorgado el 7 de enero de 1983 (es decir, a días de haber sido publicada oficialmente la primera lista de exiliados autorizados a retornar, donde ni su nombre ni el de su madre figuraban).

Que, es importante reflexionar SS, ¿cómo pudo haber entrado y estudiado oficialmente antes de diciembre de 1982 doña Michelle BACHELET JERIA si, como lo expone el propio Ministerio del Interior, no existen registros de ello?, ¿cómo pudo ingresar a Chile y lograr que la Universidad de Chile, en poder entonces de los militares, le autorizase a estudiar libremente sin ser detenida y procesada por haber entrado en forma furtiva y, más aún, cuando exhibe un pasaporte tipo “L”? No resulta comprensible, más allá de toda duda razonable, que la actual Mandataria se haya dado la maña de entrar ilegalmente en 1979, con Pasaporte L, y más encima estudiar formalmente la carrera de medicina para obtener su Licenciatura el 22 de octubre de 1982 tendiendo en consideración que aún ni su nombre ni el de su madre figuraban entre aquellos beneficiados con la autorización de ingreso que se emitiría recién a partir de diciembre de 1982.

Que, buscando entre las listas oficiales, vemos que la madre de la Mandataria, doña Ángela JERIA GÓMEZ, figura como autorizada a ingresar en la lista publicada con fecha 20 de agosto de 1983; lo que quiere decir que, dado que el nombre de doña Michelle BACHELET JERIA no figura en las listas anteriores, tanto su madre como la actual Mandataria no pudieron haber ingresado –al menos no oficialmente- con anterioridad al 20 de agosto de 1983; no obstante, y como se observa en los documentos que oficialmente me acompañó la Universidad de Chile, doña VERÓNICA BACHELET JERIA figura obteniendo su Licenciatura el día 22 de octubre de 1982 y figura titulándose de Médico Cirujano el 7 de enero de 1983. ¿Cómo pudo ser esto si ella figuraba como persona Non Grata para el Gobierno del General Pinochet?

I.4.- Frentista dice que BACHELET JERIA ingresó en forma clandestina

Que, tal como fue expuesto en carpeta investigativa RUC 1400708296-8, en documentos que ingresé al Fiscal de Alta Complejidad, le comenté al señor Morales que tuve la ocasión de conversar con el señor Sergio Godoy Fritis (cuya hija Paula Godoy Echegoyen es funcionaria del Ministerio de Salud y ex Directora del Programa de Salud PRAIS para los retornados y víctimas de DDHH) quien –habiendo solicitado conversar personalmente conmigo- me certificó que la señora BACHELET JERIA, el señor OSVALDO PUCCIO, y él mismo, habrían ingresado en forma clandestina al país, por un paso fronterizo no habilitado, aproximadamente en marzo de 1981, siendo él detenido en Chillán por agentes de la CNI el día 23 de mayo de 1981 y condenado a cumplir pena de prisión en la cárcel de dicha ciudad por el delito de ingreso clandestino.

Que, como se expone en documento acompañado en otrosí, de fecha 9 de septiembre de 2014, y que fuese dirigido por mi persona al Fiscal don Andrés Montes Cruz, el señor Sergio Godoy Fritis me reconoce que la señora BACHELET JERIA ingresa con él en 1981 en forma clandestina, haciéndose imposible –según él- el que ella hubiese podido ingresar de forma oficial a Chile y menos aún estudiar abiertamente y con autorización de la Universidad de Chile (con rectores militares) a partir de abril de 1979. El señor Godoy Fritis me comenta además que la señora BACHELET JERIA no habría estudiado en la RDA materias relacionadas con Medicina sino con Estrategia Militar (al igual que él) y que luego ella las continuó en los Estados Unidos.

Que, dados estos hechos, solicité formalmente al Ministerio Público efectuar una pericia sobre la tinta, composición y caligrafía sobre los diplomas originales que pudiese tener en su poder doña Michelle BACHELET JERIA, lo cual no prosperó atendido a que –como se describirá más adelante- el fiscal don José Morales Opazo me cita para el día 27 de noviembre de ese año 2014 para exponerme, además de tomarme una declaración en mi calidad de testigo, que doña Michelle BACHELET JERIA le reconoce no estar en posesión del título de Médico Cirujano pero, al mismo tiempo, se acoge a la Prescripción del delito bajo el sistema garantista de la Nueva Reforma Procesal Penal, por lo cual el Ministerio Público no remite los antecedentes al 34° Juzgado del Crimen –como debió haber procedido- ni persigue la Mandataria por la comisión de un delito continuado.

I.5.- Evelyn Matthei dice no existir Autorización especial para el ingreso de doña Ángela Jeria y de su hija en 1979

Que, pese a la inexistencia –según el Ministerio del Interior- de documentos que indicasen que doña Ángela Jeria y su hija pudiesen haber ingresado a Chile con anterioridad al 20 de agosto de 1983, algunas personas que conocieron a la señora Bachelet y a su madre me comentaron que –atendida la larga amistad existente entre el General Matthei y el General Alberto Bachelet- era probable que el general Fernando Matthei Aubel, tras asumir como Comandante en Jefe el año anterior (1978), hubiese solicitado a los ministros Fernández y Montero Marx la emisión de un permiso especial o autorización No Oficial para permitir que su antigua amiga, doña Ángela Jeria Gómez, y su hija, doña Michelle BACHELET JERIA, pudiesen entrar años antes que el Ministerio del Interior comenzase a evaluar recién las listas de aquellos que, a partir del 25 de diciembre de 1982, serían autorizados a retornar.

Que, para certificar esta postura le escribí a doña Evelyn Matthei quien gentilmente me invitó a almorzar a su casa en junio de 2015, remitiéndome previamente algunos correos remitidos a los ex Ministros señores Fernández y Montero Marx (de la época) en donde doña Evelyn les consultaba por algún documento especial emitido por su padre, o a solicitud de él, autorizando el ingreso prematuro –en 1979- de doña Ángela y de doña Michelle.

Que, como puede verse en los correos cuyas copias acompaño en otrosí para conocimiento de SS, tanto los ex Ministros como la propia señora Evelyn Matthei reconocen que NO EXISTEN documentos ni autorizaciones previas que hubiesen permitido a las señoras JERIA y BACHELET ingresar al país antes del 20 de agosto de 1983 (fecha en la cual el nombre de la madre de la Presidente recién figura entre las listas de los exiliados autorizados al retorno); todo lo cual es consistente con la documentación entregada formal y oficialmente por el Ministerio del Interior según la cual no hay documentos que permitan acreditar la entrada oficial de la señora BACHELET JERIA en 1979, por lo que no cabe posibilidad alguna que ella se hubiese licenciado de la carrera de Medicina el 22 de octubre de 1982 ni de Médico Cirujano el 7 de enero de 1983.

I.6.- Fiscal en ejercicio me reconoce que doña Michelle no es Médico

Que, como brevemente lo indiqué anteriormente a SS, fue el propio fiscal don José Morales Opazo, con ocasión de mi citación para el día 27 de noviembre de 2014 a sus oficinas en la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, quien me certificó –en presencia de su abogada asesora doña Fernanda Orpis- que la señora Bachelet le habría reconocido no estar en posesión del título de Médico Cirujano y que se había acogido a la causal de Prescripción del delito atendido a que ella logró demostrar (como consta en documentos que se acompañan en otrosí) que la última vez que trabajó como médico correspondió al mes de noviembre de 1991, por lo que se satisfacía –según me explicó el fiscal- ampliamente el plazo dispuesto por la ley para perseguir este tipo de delitos.

Que, ante mi consulta, de por qué el Ministerio Público no derivó los antecedentes al 34° Juzgado del Crimen para que fuese dicho tribunal el que –por ley- conociese de este delito, el señor Morales Opazo me contestó que la señora BACHELET JERIA se había amparado bajo el Principio de la Ley más Favorable, en este caso, la nueva Reforma Procesal Penal por ser más garantista.

I.7.- Testigo declara que en 1996 doña Michelle reconoce no ser Médico

Que, en marzo de 2017 y tras conversar con el ex Brigadier de Ejército don José Rafael Martínez, de conducta intachable y quien ocupó importantes cargos en CORFO hasta los 90’s, me comentó que en 1996 coincidió en la ANEPE (Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos) con la entonces funcionaria del Ministerio de Salud doña Michelle BACHLET JERIA quien le reconoció no tener aún el título de Médico Cirujano pero que ella estaba esperando unas revalidaciones para el año siguiente (1997), en que ya podría ejercer la profesión.

Que, con la finalidad que SS se instruya de lo comentado, se acompaña copia original de Declaración Jurada efectuada por el testigo, estimando procedente que pueda ser llamado ante SS para que pueda ratificar su declaración y, a la vez, aportar mayores detalles que, de cierto, serán importantes para esta investigación.

I.8.- Universidad de Chile y USACH reconocen que la acusada no es Pediatra ni Epidemióloga

Que, no obstante insistir la Universidad de Chile, sin tener los documentos originales de respaldo, de que doña Michelle BACHELET JERIA retomó sus estudios de medicina en abril de 1979, que se licenció en octubre de 1982 y que se tituló de Médico Cirujano en enero de 1983, reconoce dicha institución que la actual Mandataria no es ni Pediatra ni es Epidemióloga.

Que, de igual forma, pese a que un decreto emitido por la USACH le confería en 2011 el grado de Doctor Honoris Causa por ser ella Médico, Pediatra y Epidemióloga, al realizar las presentaciones respectivas por Ley 20.285 y ante Contraloría General invocando la Ley 19.880, finalmente el Rector de la USACH (ver documentos que se acompañan en otrosí) modifica el decreto original y revierte la distinción indicando que se borre del decreto los hechos que dicen relación con que la señora BACHELET JERIA es Pediatra y Epidemióloga y reconoce que su nombre no fue puesto en el Libro de Oro de la casa de estudios.

Que, no obstante lo anterior, con fecha 15 de enero de 2016, don Fernando Duarte Martínez-Conde, en su calidad de Secretario General de la ANEPE, me remite la carpeta personal con fotografía y datos personales de doña Michelle BACHELET JERIA en donde se puede advertir que ella, como funcionaria del Ministerio de Salud, se identifica académicamente como Médico con especialidad en Pediatría y Epidemiología; información esta última que no es consistente ni con la documentación acompañada ni con la declaración de los testigos.

Que, de los antecedentes de Hecho entregados pormenorizadamente, se desprende ante SS que resulta materialmente imposible que la señora BACHELET JERIA pueda haber ingresado al país en 1979, por lo que no resulta comprensible que se haya podido licenciar de la carrera de Medicina en octubre de 1982, y dos meses después, de Médico Cirujano el día 7 de enero de 1983.

I.9.- Michelle Bachelet no cumplía con los requisitos para obtener el título de Médico Cirujano el 7 de enero de 1983.

Que, atendida la cercanía entre la fecha de otorgación del grado de Licenciado en Medicina hasta la de otorgación del título de Médico Cirujano, me intrigó el que fuesen tan cercanos en el tiempo. A raíz de tener personas cercanas en mi entorno que se titularon de medicina, tengo en mi acervo cultural personal la certeza que deben pasar varios meses entre uno y otro hecho pues se debía cursar el internado entre ambos. Imaginando que yo podría estar equivocado, quise verificar de fuente fidedigna si eso era así en la época en que la Universidad de Chile habría otorgado dichos títulos a doña Michelle Bachelet Jeria, por lo que solicité en dicha casa de estudios, en la Unidad de Gestión de Información Institucional, que me hiciese llegar una copia del Decreto Universitario 7.290 del año 1962, que establece el Reglamento General de la Enseñanza Médica, el cual determinaba los requisitos para obtener el título de Médico Cirujano en los años en que la Universidad de Chile habría entregado dicho título a doña Michelle Bachelet.

Que de la simple lectura del articulado, específicamente de los artículos 70 y 71, y sin necesidad de tener conocimiento técnico o científico alguno, se puede desprender que entre la obtención del grado de Licenciado de Medicina y el título de Médico Cirujano, deben transcurrir, al menos, 12 meses (a los que se les debe sumar los tiempos en que la vigorosa y expedita burocracia universitaria tarde en emitir los certificados correspondientes).

Tal es así, que el inciso 3° del artículo 70 del mentado Decreto reza:

“El grado de licenciado será requisito indispensable para iniciar el internado”.

En tanto, el artículo71, en lo que nos interesa, señala:

“Para optar al título de Médico-Cirujano se requiere:

  1. Haber cumplido con un mínimo de 12 meses de Internado a satisfacción de los profesores Jefes de Servicio en que ha hecho sus estadas”.

Entonces, queda claro que, de no mediar una distorsión del continuo espacio-tiempo que desconozcamos, no es posible que Michelle Bachelet Jeria haya obtenido su licenciatura en octubre de 1982, cursado doce meses de internado y obtener el Título de Médico Cirujano en enero de 1983.

I.10.- Michelle Bachelet permanentemente sostiene estar en posesión del título de Médico Cirujano.

Que, no obstante todo lo señalado anteriormente, Michelle Bachelet Jeria en reiteradas ocasiones ha señalado estar en posesión del título de Médico Cirujano. Aún más, en la página web del gobierno “http://www.gob.cl/presidenta/”, en la cual está publicada la biografía de la presidente, en el acápite “Retorno y apoyo a víctimas de la dictadura”, se puede leer:

“En 1979 regresa a Chile donde obtuvo el título de Médico cirujano”.

Además, es un hecho público y notorio que Michelle Bachelet Jeria en forma permanente se ha hecho pasar por médico, haciendo incluso ostentación de ello.

II.- EL DERECHO

Que, seguidamente, pasaré a describir los argumentos legales por los cuales, primero, no puede hacerse fe de ninguno de los documentos exhibidos y entregados por la Universidad de Chile; y segundo, las razones por las que no procede que haya sido el Ministerio Público y el 7° Juzgado de Garantía quienes hayan tomado conocimiento de los hechos y aplicado la Prescripción de un delito continuado en el tiempo, porque ello atenta contra toda la normativa jurídica vigente, pero muy en especial en contra del Art. 483° del Código Procesal Penal, contra el Art. 4° transitorio de la Ley 19.640 orgánica constitucional del Ministerio Público, contra el Art. 7° transitorio de la última modificación del Código Orgánico de Tribunales (COT) y contra el Art. 8° transitorio de la Constitución Política de la República.

Que, en efecto, desde la época del monarca Juan sin Tierra, ha quedado establecido en toda normativa vigente y en el derecho internacional que ningún tribunal ni sus coadyuvantes podrán conocer de hechos que hayan sido cometidos con anterioridad a su conformación, pues nuestra Carta Magna y códigos son claros y señalan en forma expresa que las normativas de estos nuevos códigos podrán conocer de hechos cometidos con posterioridad a su entrada en vigencia.

Que, permítame SS iniciar las consideraciones de Derecho partiendo de un análisis de derecho administrativo sobre la Resolución o Decreto que –según la Universidad de Chile- fundamenta la reincorporación de la señora BACHELET JERIA como alumna repitente del 4° año de Medicina.

II.1.- Invalidez de Decreto o Resolución N° 196 de 1979 por falta de requisitos de validez

Que, tal como consta en documento acompañado en otrosí, la rectoría de la Universidad de Chile me hizo entrega de copia fotostática de una Resolución de fecha 20 de abril de 1979, signada bajo el número 196.

Que, tal como lo ha señalado nuestra normativa expresa antigua y vigente, todo acto administrativo y documento emanado por los órganos de la Administración del Estado para ser declarado válido, debe cumplir con tres requisitos copulativos, sin los cuales aquél no puede ser considerado como válido. En efecto, más allá de lo expresado por la Ley 19.880 como definición de Acto Administrativo, la Excma. Corte Suprema –a raíz del caso “INP con Cuello”- expresó terminantemente con fecha 30 de agosto de 2007 que para que impere la validez de un acto administrativo, éste debe cumplir copulativamente con tres presupuestos: la investidura regular del agente; que su actividad se desarrolle dentro de su competencia; y que el acto administrativo se ajuste a la forma prescrita por la ley.

Que, podría pensar SS que este concepto, respecto de los tres presupuestos que debe cumplir el acto administrativo, es nuevo y ha sido sólo expuesto en 2007 por la Corte Suprema. No obstante, lo que hace el Excmo. Tribunal no es más que sintetizar aquello que ya es parte de la tradición chilena; tanto es así que nuestro país se considera como uno de los más legalistas del Cono Sur, puesto que la formalidad con que deben ser emitidos los actos administrativos ha sido siempre el tenor de todas nuestras instituciones, por lo que la Resolución N° 196, de fecha 20 de abril de 1979, que me fuese entregada por la Universidad de Chile carece de toda validez porque no se ajusta en lo formal a lo que la ley dispone.

Que, en efecto, en primer lugar, el documento es totalmente borroso y de difícil lectura; segundo, carece de los timbres y de las firmas de los funcionarios correspondientes, haciéndose además imposible de leer el nombre y cargo de los mismos; tercero, en lo formal la Resolución carece de la palabra EXENTA, por lo cual el acto administrativo debe ser considerado como AFECTO por lo cual debió pasar por el Control de Legalidad ante la Contraloría para que ésta tome razón del mismo o lo represente por la ilegalidad de que pudiese adolecer; cuarto, si se hubiese tratado de una Resolución EXENTA que incumplió con lo dispuesto en el Art. 14° de la Res. 600 de Contraloría General de la República de julio de 1977, entonces dicho acto administrativo debió haber sido sometido al denominado Control de Reemplazo, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 15° de la Resolución 600 del Ente Contralor. Que, de hecho, este último artículo dispone expresamente que “la exención de la toma de razón será sin perjuicio del cumplimiento de otras medidas de control que disponga el Contralor General, en el ejercicio de sus atribuciones, con el objeto de asegurar la legalidad de los actos de la Administración y de hacer efectivas las responsabilidades que procedan”.

Que, consultada Contraloría General de la República por mi persona, el Ente Contralor acreditó desconocer totalmente este Decreto o Resolución N° 196 que autorizaba la reincorporación de la señora Michelle BACHELET JERIA como alumna regular del cuarto año y me acompañó, en su defecto, copia de la única Resolución o Decreto N° 196 de la cual Contraloría tomó razón con fecha 12 de julio de 1979 que dice relación con el caso de una contratación funcionaria en la sede de Arica de la Universidad de Chile.

Que, si la Resolución o Decreto N° 196 que reincorporó a la señora BACHELET JERIA fuese un documento veraz y legal, éste habría cumplido con las formalidades que establece nuestra ley expresa y normativa vigente; nada de lo cual cumple el documento que me proporcionase la misma Universidad de Chile y cuya copia fotostática acompaño en otrosí ante SS.

Que, como resumen de esta sección, si la señora Verónica Michelle BACHELET JERIA realmente hubiese ingresado oficialmente a nuestra patria en 1979, primero que nada existiría un documento emitido por el Ministerio del Interior autorizando su ingreso; segundo, existiría un acto administrativo emanado por la Universidad de Chile consultando al Ministerio del Interior si el nombre de la alumna solicitante cumple con los requisitos legales y las autorizaciones que en ese tiempo se extendían formalmente (dado que se trataba del Gobierno Militar). Por ello, sólo si el Ministerio del Interior informaba positivamente sobre la persona, entonces la Universidad de Chile podría recién iniciar los trámites de incorporación. Aún más, el propio Ministerio del Interior, en los documentos que se acompañan en otrosí, reconoce la inexistencia de actos administrativos y/o autorizaciones formales que indiquen que la señora BACHELET JERIA fuese autorizada a ingresar a Chile antes de agosto de 1983.

Que, si la primera lista de exiliados políticos autorizados a retornar al país fue publicada la víspera de Navidad de 1982 (lista en donde los nombres de doña Michelle Bachelet Jeria y de su madre doña Ángela Jeria Gómez no figuran), entonces es imposible que la hoy Mandataria pudiese haber ingresado a Chile en 1979, lo que implica que no resulta posible de aceptar que doña Michelle se hubiese licenciado el 22 de octubre de 1982 y que tan sólo dos meses después se hubiese titulado de Médico Cirujano el 7 de enero de 1983.

II.2.- Correcta aplicación del Principio de Jerarquía y de Desconfianza

Que, en naciones como Alemania se ha razonado –y también en Chile por parte de la Unidad Especializada en Lavado de Activos, Delitos Económicos y Crimen Organizado del Ministerio Público a raíz del Caso Nutricomp ADN– que el Principio de Confianza debe retroceder cuando los intervinientes poseen especiales deberes de vigilancia u otras misiones de control (Roxin).

Que, cuando nos encontramos entre pares o entre ciudadanos chilenos poderdantes comunes y corrientes, sí que procede el Principio de Confianza habida consideración que todos estamos en el mismo nivel jerárquico (Principio de Igualdad).

Que, sin embargo, cuando un ciudadano asume un cargo público o uno que implica autoridad dentro de una estructura jerarquizada como es el Estado, dicho ciudadano ya no puede ser visto por los demás como “un par” pasando a ser un servidor de los demás; y así, de conformidad al Principio Proadministrado consagrado en el inciso 3° del Art. 1° y Art. 5° de la Carta Magna, es el ciudadano común y corriente quien se transforma en el bien jurídico máximo a proteger ya que será el Estado quien deba responder por cualquier daño o lesión que cause al ciudadano, sin importar que haya habido o no culpabilidad de los agentes del Estado. Como dice el profesor Fiamma “la responsabilidad de la Administración del Estado chileno procede cada vez que ésta cause un daño al ciudadano, incluso cuando el Estado haya actuado dentro de la más estricta legalidad”.

Que, por tanto, al asumir un ciudadano como Presidente de la República sobre él recae –para con los demás- el Principio de Jerarquía y el Principio de Desconfianza que existen en toda organización jerárquica. El Presidente de la República, de este modo, se transforma en Máximo Servidor de los ciudadanos, y tanto estos últimos como el primero deberán velar por el correcto desempeño de todos los demás funcionarios y jefes de los órganos de la Administración del Estado,  pues aparece una relación vertical.

Que, así las cosas, las conductas y aseveraciones públicas de un Presidente de la República se encuentran enmarcadas por el Principio de Jerarquía, de modo que es el ciudadano a pie quien actúa como “superior jerárquico” de todos los mandos y autoridades que conforman la estructura jerárquica denominada Estado. Por ello, cada uno de los ciudadanos sabemos que existen deberes de vigilancia sobre el Mandatario, de tal modo que cuando existen elementos claros que él falta a la verdad, o que se conduce fuera de aquellos presupuestos básicos que son gobernados por el Principio de Probidad, dicha Máxima Autoridad debe dar un paso al costado y renunciar.

Que, en el caso de la señora BACHELET JERIA, en atención a todos los documentos y declaraciones de testigos (como lo es el caso del Fiscal don José Morales Opazo quien me dijo que la Presidente reconoció en privado no tener título de Médico), y dado que ella ha continuado argumentado ser Médico Cirujano en forma desafiante y pese a lo sucedido en causa RUC 1400708296-8, no queda más que suponer que S.E. la Presidente de la República ha vulnerado gravemente el Principio de Probidad y de Confianza, haciéndose necesario la presente acción con la finalidad que se investigue con celo profesional y jurídico la manera en cómo obtuvo los certificados falsos de Licenciatura y de Médico Cirujano, debiéndose determinar si en dicho acto ilícito participó materialmente la propia Universidad de Chile (pues ha sido dicha institución la que, pese a no tener los respaldos originales como lo observó Contraloría General, ha seguido sosteniendo que la señora BACHELET JERIA es médico titulada el 7 de enero de 1983.

II.3.- Improcedencia de la aplicación del Art. 107 del Código de Procedimiento Penal en delitos continuados

Que, habida consideración que el delito de Ejercicio Ilegal de la Profesión de Médico es un delito continuado en el tiempo, que interrumpe la prescripción cada vez que la señora Presidente dice públicamente ser Médico, Pediatra y Epidemióloga, no resulta procedente que SS proceda a cerrar la investigación de oficio en función de los argumentos indicados en el Art. 107° del Código de Procedimiento Penal.

II.4.- Desconocimiento de la disposición del Art. 483 del Código Procesal Penal

Que, llama poderosamente la atención que el Ministerio Público, personalizado en las figuras de los fiscales Andrés Montes Cruz y José Morales Opazo, se haya negado a derivar los antecedentes a SS, atendido a que no existe ninguna normativa a favor de los fiscales que les permita conocer de hechos cometidos o iniciados con anterioridad a la entrada en vigencia de los nuevos Tribunales de Justicia.

Que, aun más, el Ministerio Público debió haber separado el caso del Ejercicio Ilegal de la Profesión de Médico de la Presidente en dos partes: una primera parte, a cargo de SS, por los delitos cometidos entre 1982 y el año 2005; y una segunda carpeta, desde 2005 en adelante, por los delitos reiterados protagonizados por la propia Presidente cuando en 2009 se inscribe en la Superintendencia de Salud como Médico Prestador independiente (tal como lo señala el documento acompañado en otrosí).

Que, el hecho que los abogados del CDE hayan pedido al fiscal José Morales que el delito de la señora BACHELET JERIA no fuese conocido por el antiguo sistema inquisitivo sino única y exclusivamente por el “nuevo sistema”, es una demostración patente que la Mandataria no deseaba que sus diplomas originales de Licenciatura y Medicina fuesen periciados en su hechura y confección.

Que, no obstante lo anterior, el Ministerio Público actuó contrario a Derecho, al desconocer abiertamente lo preceptuado en el Art. 483 del nuevo CPP, Art. 4° transitorio de la Ley 19.640, Art. 7° transitorio del COT y Art. 8° transitorio de nuestra Carta Magna; pues todo el ordenamiento jurídico dispone que el Ministerio Público y los nuevos Tribunales de Justicia sólo pueden conocer de hechos o delitos acaecidos con posterioridad a la entrada en vigencia del Código Procesal Penal (CPP).

Que, con fecha 14 de marzo pasado, el Excmo. Tribunal Constitucional emitió un potente fallo en este sentido cuando en la causa Rol 2991-16 determinó la improcedencia de que los nuevos Tribunales de Justicia pudiesen conocer de los delitos cometidos por Militares en el año 1986 ó 1987.

Que, considerando el Principio de que no puede darse tratamientos legales diferentes a hechos de una misma naturaleza, no procede entonces que el Ministerio Público y el 7° Juzgado de Garantía hayan conocido, fallado y cerrado el caso denominado “título de BACHELET” en causa RUC 1400708296-8, sin con ello haber vulnerado gravemente las disposiciones del Art. 483 del CPP y de la demás normativa ya mentada.

II.5.- Improcedencia de la aplicación del Principio In Dubio Pro Reo y de la Ley más Favorable en la especie

Que, si bien es cierto lo que me dijo el fiscal Morales, que ante dos leyes o códigos vigentes el imputado o el investigado puede acogerse a aquella ley más favorable, no es menos cierto que es obligación del Ministerio Público y del 7° Juzgado de Garantía de Santiago proceder conforme a las disposiciones señaladas en el Art. 483 del nuevo CPP, por lo que no puede aceptarse, en especial en un país tan legalista como el nuestro, que los fiscales Montes y Morales hayan aplicado el Principio del In Dubio Pro Reo sin tener en cuenta que el tribunal destinado por ley a conocer de estos hechos es el que preside SS.

Que, en este sentido, en la causa Rol 2991-16, el abogado Christian Heerwaggen también solicitó al TC que sus militares defendidos pudiesen acogerse a ser juzgados por los tribunales de la Nueva Reforma Procesal Penal (atendido sus disposiciones más garantistas a favor de los procesados), a lo cual el TC señaló en su fallo que se hace improcedente que los nuevos tribunales conozcan y fallen sobre hechos que sucedieron con anterioridad a la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal.

II.6.- Jurisprudencia en Requerimiento causa Rol 2991-16 ante Tribunal Constitucional

Que, como habrá escuchado SS en algunos medios de prensa, a comienzos del año 2016 el abogado Christian Heerwaggen dedujo un requerimiento de Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad a favor de algunos militares condenados por delitos de violaciones a los DDHH; requerimiento que fue acogido a tramitación declarándose admisible bajo el Rol 2991-16 y cuyos alegatos tuvieron lugar el 12 de julio del año pasado. El abogado señor Heerwaggen solicitaba básicamente al tribunal la inaplicabilidad del Art. 483° del Código Procesal Penal (CPP) para que sus defendidos pudiesen ser juzgados por los tribunales constituidos bajo la nueva reforma, atendido que habiendo dos sistemas procesales penales vigentes, sus clientes deseaban ser juzgados por aquellos que fusen más garantistas a diferencia del sistema inquisitivo que SS representa.

Que, curiosamente mientras en el caso de la señora Bachelet fueron los propios abogados del Consejo de Defensa del Estado (CDE) quienes estuvieron de acuerdo con solicitar la prescripción del delito ante el Ministerio Público (dos abogados del CDE estuvieron presentes el día 27 de noviembre de 2014 cuando fui llamado por el fiscal don José Morales Opazo) y que los hechos fuesen conocidos sólo por el Ministerio Público, en la causa Rol 2991-16 el CDE se opuso terminantemente a esta medida indicando básicamente que nadie puede ser enjuiciado y/o juzgado por tribunales que se han constituido con posterioridad a la comisión de los posibles delitos.

Que, una vez terminado el alegato en la 2° Sala del Tribunal Constitucional (TC) me acerqué al abogado Heerwaggen indicándole que existía jurisprudencia en que hechos cometidos –en forma continuada- desde 1982 fueron conocidos por el Ministerio Público sin ser la carpeta derivada a los antiguos jueces del crimen de Santiago; narrándole así el caso de lo sucedido para con S.E. la Presidente de la República en Carpeta Investigativa causa RUC 1400708296-8. El profesional me pidió que por correo le enviase el RUC y datos del proceso, algo que hice aquella misma tarde.

Que, sólo transcurrido más de siete meses, recién con fecha viernes 17 de marzo pasado se conoció públicamente el fallo de la causa Rol 2991-16 (de fecha 14 de marzo de 2017). En un dictamen de más de treinta fojas, el TC determinó la improcedencia de que los tribunales y Ministerio Público constituidos bajo la nueva reforma procesal Penal pudiesen conocer de hechos cometidos con anterioridad; fallo que, ergo, se aplica también al caso de la señora BACHELET JERIA; esto es, jamás el Ministerio Público ni el 7° Juzgado de Garantía debieron haber cerrado el proceso en contra de la Mandataria sino que debieron haber dividido la investigación en dos grandes partes: a).- desde 1979 hasta 2005 ante el 34° Juzgado del Crimen o por medio de un Ministro en Visita Extraordinario, y b).- desde 2005 hasta el presente porque la señora BACHELET JERIA ha seguido declarando ante la prensa escrita y en todos los medios que ella es Médico Cirujano, que es Pediatra y que es Epidemióloga.

II.7.- Ejercicio ilegal de la profesión de Médico Cirujano

Que el artículo 112 del Código Sanitario establece en su inciso primero que

“Sólo podrán desempeñar actividades propias de la medicina, odontología, química y farmacia u otras relacionadas con la conservación y restablecimiento de la salud, quienes poseen el título respectivo otorgado por la Universidad de Chile u otra Universidad reconocida por el Estado y estén habilitados legalmente para el ejercicio de sus profesiones”.

En ese sentido, el artículo 113 del mismo cuerpo legal señala:

“Se considera ejercicio ilegal de la profesión de médico-cirujano todo acto realizado con el propósito de formular diagnóstico, pronóstico o tratamiento en pacientes o consultantes, en forma directa o indirecta, por personas que no están legalmente autorizadas para el ejercicio de la medicina”.

En relación con este articulado del Código Sanitario, el Código Penal señala en su artículo 113° a. lo siguiente:

“El que, careciendo de título profesional competente o de la autorización legalmente exigible para el ejercicio profesional, ejerciere actos propios de la respectiva profesión de médico-cirujano, dentista, químico-farmacéutico, bioquímico u otra de características análogas, relativa a la ciencia y arte de precaver y curar las enfermedades del cuerpo humano, aunque sea a título gratuito, será penado con presidio menor en su grado medio y multa de seis a veinte unidades tributarias mensuales.

Para estos efectos se entenderá que ejercen actos propios de dichas profesiones:

1.- El que se atribuya la respectiva calidad;

2.- El que ofrezca tales servicios públicamente por cualquier medio de propaganda o publicidad;

3.- El que habitualmente realizare diagnósticos, prescribiere tratamientos o llevare a cabo operaciones o DO intervenciones curativas de aquellas cuya ejecución exige los conocimientos o las técnicas propios de tales profesiones.

Las disposiciones de este artículo no se aplicarán en ningún caso a quienes prestaren auxilios cuando no fuere posible obtener oportuna atención profesional.

En las mismas penas incurrirá el que prestare su nombre para amparar el ejercicio profesional de un tercero no autorizado para el mismo”.

Que la página web del gobierno de Chile www.gobierno.cl indica, en la biografía de la presidente, que: “En 1979 regresa a Chile donde obtuvo el título de Médico Cirujano, y gracias a sus calificaciones y publicaciones obtiene la beca Colegio Médico de Chile para su especialización en Pediatría y Salud Pública en el Hospital Roberto del Río”, por lo que ha incurrido y sigue incurriendo en la causal n°1 del artículo 113° a. del Código Penal.

Que es un hecho público y notorio que en reiteradas ocasiones ella ha hecho ostentación del título de médico cirujano, especialmente a contar de marzo de 2000, cuando asume como Ministra de Salud, durante el gobierno de Ricardo Lagos.

Que el Artículo 193 del Código Penal señala:

“Será castigado con presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo el empleado público que, abusando de su oficio, cometiere falsedad:

7.° Dando copia en forma fehaciente de un documento supuesto, o manifestando en ella cosa contraria o diferente de la que contenga el verdadero original”.

Asimismo, el artículo 196 del Código Penal prescribe:

“El que maliciosamente hiciere uso del instrumento o parte falso, será castigado como si fuere autor de la falsedad.”

Y que la rectoría de la Universidad de Chile me hizo entrega de una fotocopia simple del decreto 196 de fecha 20 de abril de 1979, el que no coincide con el decreto 196 del año 1979 de la misma Universidad de Chile que conserva la Contraloría General de la República, además de copias de los títulos de Licenciada en Medicina y de Médico Cirujano de doña Verónica Michelle BACHELET JERIA, los que acompaño en el tercer otrosí.

POR TANTO,

En mérito de lo expuesto, y por las razones de hecho y de derecho que detenidamente he presentado,

A SS RESPETUOSAMENTE solicito: se sirva tener por deducida querella criminal en contra de la señora Verónica Michelle BACHELET JERIA por el delito continuado en el tiempo de Ejercicio Ilegal de la Profesión de Médico, tipificado en el artículo 113 a. del Código Penal, en relación con los artículos 112 y 113 del Código Sanitario, y contra quien resulte responsable por la posible falsificación de instrumento público, tipificado en el artículo 193 n° 7 del Código Penal, solicitando que en su momento proceda a decretar autos de procesamiento que corresponda en la etapa específica y, en definitiva, que proceda a aplicarle la máxima penal legal, todo ello con expresa condena en costas.

PRIMER OTROSÍ: Atendido a que, de conformidad a la correcta aplicación del Principio de Desconfianza arriba expuesto, la presente acción se enmarca dentro de una acción ciudadana tendiente a incentivar la Probidad Administrativa entre nuestras autoridades, solicito a SS se me declare, así como al abogado que me representa, exentos del pago de fianza de Calumnias.

SEGUNDO OTROSÍ: Solicito a SS decretar las siguientes diligencias:

1.- Que se oficie a S.E. la Presidente de la República para que acompañe a vuestro tribunal los diplomas originales que acreditan que ella es Licenciada en Medicina, Médico Cirujano, Pediatra y Epidemióloga; ordenando que cada uno de éstos sean periciados en su confección y/o hechura, determinando la edad de los mismos, el tipo de tinta usada, la caligrafía del funcionario público que en 1982 y 1983 presuntamente trazó los textos que ahí figuran, etc.

2.- Que se llame a prestar declaración al fiscal don José Morales Opazo para que señale cómo es efectivo que tomó conocimiento de que la señora BACHELET JERIA no es Médico ni está en posesión de su título, y por qué no derivó los antecedentes a los tribunales del crimen antiguos.

3.- Que se llame a prestar declaración a la abogada asistente del Ministerio Público de la época doña Fernanda Orpis para que señale cómo es efectivo que con fecha 27 de noviembre de 2014, en mi presencia, escuchó la versión del fiscal José Morales Opazo según el cual doña Michelle BACHELET JERIA no estaba en posesión de título de Médico Cirujano y que solicitó la prescripción del delito dentro de la nueva reforma procesal penal.

4.- Que se llame a prestar declaración a don Sergio Godoy Fritis para que narre cómo es efectivo que le consta que la señora Michelle BACHELET JERIA ingresó al país junto con él y don Osvaldo Puccio, en 1981, por un paso fronterizo no habilitado, en forma ilegal, siendo él detenido semanas después y condenado por dicho delito.

5.- Que se llame a prestar a declaración a don José Rafael Martínez, para que explique al tribunal cómo es efectivo que le consta que en 1996, mientras se encontraba realizando un curso en la ANEPE, doña Verónica Michelle BACHELET JERIA le señaló que no estaba en posesión de su título de Médico Cirujano.

6.- Que se llame a un careo entre mi persona y los ciudadanos antes mencionados, de modo de poder yo verificar y certificar mi versión aquí expuesta con aquella que viertan los testigos aquí nombrados y responder a cualquier consulta formulada por SS.

7.- Que se oficie a la PDI y a Policía Internacional para que señalen las fechas de entrada y salida oficiales de doña Michelle Bachelet entre los años 1973 y 1985, ambos años inclusive.

8.- Que se oficie al Ministerio del Interior y Extranjería para que acompañen los documentos y actos administrativos que den cuenta de la salida e ingreso oficial que tuvieron las señoras ANGELA JERIA GÓMEZ y VERÓNICA MICHELLE BACHELET JERIA, debiendo acompañar además copia de los actos administrativos que dieron origen a la lista de exiliados políticos autorizados a retornar al país el día 20 de agosto de 1983 (en cuya lista figura el nombre y apellidos de doña Ángela Jeria Gómez, madre de la Mandataria).

9.- Que vuestra SS se apersone a la Oficina de Títulos y Grados de la Universidad de Chile para que determine oficialmente la documentación original que pueda dar cuenta de los estudios, asignaturas y grados académicos seguidos por la señora Michelle BACHELET JERIA.

10.- Que se oficie a la universidad alemana correspondiente para que señale las asignaturas y convalidaciones que cursó y efectuó, respectivamente, doña Michelle BACHELET JERIA, así como los tratados que en aquel tiempo existían entre dicha casa de estudios y la Universidad de Chile, permitiendo o denegando la convalidación y/o revalidación de los estudios y asignaturas por ella cursada en los años 70’s.

11.- Que se oficie a la ANEPE para que remita todos los antecedentes que disponen de la señora BACHELET JERIA indicando si ella completó sus antecedentes personales indicando la efectividad de que ella era Médico con especialidad en Pediatría y Epidemiología.

12.- Que se oficie al Ministerio de Salud y a Contraloría General de la República para que señalen las fechas en que la señora BACHELET JERIA trabajó en instituciones del Estado en calidad de Médico, Pediatra y Epidemióloga, debiendo ambas instituciones informar por escrito si ella cobró asignación de título así como informar sobre el Monto que el Fisco le canceló por dicho concepto.

13.- Que se oficie al Ministerio Público para que remita copia íntegra de la Carpeta Investigativa signada bajo el RUC 1400708296-8 así como el informe final aprobado por el 7° Juzgado de Garantía; y para que informe cuáles fueron las razones jurídicas que ambas entidades tuvieron para no derivar los antecedentes al 34° Juzgado del Crimen, como procede en derecho.

TERCER OTROSÍ: Sírvase SS tener por acompañados los siguientes documentos y actos administrativos en forma cronológica:

1.- Copia fotostática simple de Resolución N° 196, de fecha 20 de abril de 1979 emitido por la Universidad de Chile, sede Santiago, de texto casi ilegible, sin membrete claro, sin firmas e ilegibles también los nombres de quienes firmaron el documento, en el que supuestamente se autoriza a la reincorporación de doña Michelle Bachelet como alumna repitente de cuarto año. Esta Resolución N° 196 no antepone al número la palabra EXENTA (incumpliendo lo dispuesto en Res. 600 de 1977 de Contraloría) por lo que debe considerarse como una Resolución AFECTA, esto es, que debe pasar por el Control de Legalidad para que Contraloría General de la República tome razón de ella o la represente por la ilegalidad de que pudiese adolecer.

2.- Copia fotostática simple de Resolución N° 196, de la cual Contraloría General de la República tomó razón el 12 de julio de 1979, que fuera emitida por la Universidad de Chile, Sede Arica, y que dice relación con la calidad de contratado del profesor Adolfo Albornoz Bustamante.

3.- Copia fotostática simple de Diploma de Licenciado en Medicina, de fecha 22 de octubre de 1982, otorgado presuntamente por la Universidad de Chile a doña Verónica Michelle Bachelet Jeria.

4.- Copia fotostática simple de Diploma de Médico Cirujano, de fecha 07 de enero de 1983, otorgado presuntamente por la Universidad de Chile a doña Verónica Michelle Bachelet Jeria.

5.- Copia fotostática de la Lista de 1.149 Exiliados autorizados a retornar a Chile por el Ministerio del Interior, de fecha sábado 20 de agosto de 1983, dentro de la cual aparece recién autorizada a retornar al país doña ANGELA JERIA GÓMEZ (madre de doña Michelle Bachelet Jeria).

6.- Copia fotostática simple de Carta de Renuncia, de fecha 29 de noviembre de 1991, escrita y firmada por doña Verónica Michelle Bachelet Jeria presentada al Director del Servicio de Salud Metropolitana Occidente, en donde ella indica que, en su calidad de Médico Epidemiólogo, viene en presentar la renuncia al cargo en el Departamento Programas de las Personas por motivos particulares.

7.- Copia fotostática simple de Ficha Personal de doña Michelle Bachelet Jeria, de fecha 11 de marzo de 1996, confeccionada por la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE), dependiente del Ministerio de Defensa Nacional, en que certifica que entre el 11 de marzo y el 21 de junio de 1996 la señora Bachelet se graduó del 1er Curso Superior de Estudios Políticos y Estratégicos; Ficha Personal en la que doña Michelle Bachelet se identifica –en sus datos personales– como Médico con especialidad en Pediatría y Epidemiología, y que trabaja en su calidad de en el Ministerio de Salud como Asesora Gabinete del Ministro y Subsecretario de Salud.

8.- Copia simple de Resolución EXENTA N° 09, de fecha 11 de enero de 2013, emitida por el Rector de la USACH, don Juan Manuel Zolezzi Cid, según el cual se otorga a doña Michelle Bachelet Jeria el Grado de Doctor Honoris Causa de dicha casa de estudios, otorgándosele además una Medalla en su categoría Dorada, y que dicha distinción quede registrada en el Libro de Oro de la USACH en consideración de que doña Verónica Michelle Bachelet es, entre otras cosas, Médico, Pediatra y Epidemióloga (Resolución que luego es revisada y enmendada por medio de Resolución EXENTA N° 1040 del 27 de marzo de 2015).

9.- Copia fotostática simple de Oficio FR N° 2425 / 14, de fecha 28 de julio de 2014, firmado por el Fiscal Regional don Andrés Montes Cruz dirigido a mi persona, en donde me informa que la investigación sobre el caso de denuncia por los antecedentes académicos de la señora Bachelet Jeria fueron remitidos al Fiscal Jefe de la Fiscalía Local de Alta Complejidad, don José Morales Opazo.

10.- Copia de escrito ingresado al Fiscal Regional don Andrés Montes Cruz, de fecha 09 de septiembre de 2014, donde procedo a narrar la inexistencia de Convenios de Convalidación de Estudios de Medicina entre la Universidad alemana de Humboldt y la Universidad de Chile, así como de los antecedentes aportados verbalmente por el señor Sergio Godoy Fritis, quien asegura que –junto con don Osvaldo Puccio– ingresó ilegalmente en 1981 junto a doña Michelle Bachelet Jeria.

11.- Copia simple de Certificado de Inscripción, de fecha 14 de octubre de 2014, emitido por don Enrique Araya Ramírez, Intendente de Prestadores de Salud de la Superintendencia de Salud, en donde certifica que con fecha 21 de abril de 2009 doña Michelle Bachelet Jeria se inscribió como Médico Cirujano en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud dicha Superintendencia.

12.- Copia fotostática simple de mi declaración, en calidad de testigo, de fecha 27 de noviembre de 2014, en causa RUC 1400708296-8 ante el fiscal don José Morales Opazo y ante la abogada Fernanda Orpis.

13.- Copia simple de Oficio Ord. N° 3793, de fecha 25 de febrero de 2015, emitido por el Ministerio del Interior y Subsecretaría del Interior, donde se acredita que dicha entidad no posee el conjunto de 10 listas ni sus actos administrativos de respaldo en que figuran los exiliados que, a partir de la navidad de 1982, fueron autorizadas por el Gobierno de Chile a retornar al país.

14.- Copia simple de Resolución N° 1040, de fecha 27 de marzo de 2015, emitido por Rectoría de la Universidad de Santiago (USACH) en donde modifica la Resolución N° 09 de enero de 2013 (según la cual le otorga a la señora Bachelet Jeria un Doctor Honoris Causa por su calidad de Médico, Pediatra y Epidemióloga) y ordena eliminar del considerando 4° la oración “Pediatra con mención en Epidemiología” y en el considerando 5° la frase “como Epidemióloga”.

15.- Copia simple de Dictamen N° 39.735, de fecha 18 de mayo de 2015, emitido por la Contralora General (S) doña Patricia Arriagada Villouta, quien –entre otros puntos- certifica que ingresó (se apersonó físicamente) en la Universidad de Chile para conocer los antecedentes académicos, en original, que pudiesen existir sobre doña Michelle Bachelet Jeria; encontrándose que no existía documentación en original.

16.- Copia simple de Certificado, de fecha 2 de julio de 2015, emitido por doña Julieta Opazo Sotomayor, Jefe Unidad Gestión Personal Dirección del Servicio de Salud Metropolitano Occidente, donde se certifica que la señora Michelle Bachelet Jeria trabajó hasta el mes de noviembre de 1991 en dicho servicio, aceptándosele su Renuncia Voluntaria por medio de la Resolución N° 2752 de fecha 1° de diciembre de 1991.

17.- Copia simple del Decreto Universitario 7.290 de 14 de diciembre de 1962, perteneciente a la Universidad de Chile, el cual estable el Reglamento General de la Enseñanza Médica.

CUARTO OTROSÍ: Sírvase SS oficiar al Ministerio Público para que remita la carpeta completa de la causa RUC 1400708296-8 que conoció el Fiscal Regional Metropolitano Zona Norte don Andrés Montes Cruz y el Fiscal Jefe de Delitos de Alta Complejidad don José Morales Opazo; carpeta que contiene toda la investigación efectuada por dicho Ministerio así como el Informe Final remitido y aprobado por el 7° Juzgado de Garantía.

QUINTO OTROSÍ: En caso que, por la gravedad de los hechos expuestos, éstos pudiesen causar conmoción o alarma pública, o afectar la estabilidad del país y de sus relaciones internacionales, SS estime que no es vuestro tribunal el competente o adecuado para conocer los hechos que dicen relación con S.E. la Presidente de la República,  solicito en subsidio se solicite al Tribunal Superior se decrete el nombramiento de un Ministro en Visita Extraordinario de conformidad a lo dispuesto en los Arts. 559° y 560° numeral 2° del Código Orgánico de Tribunales (COT).


SEXTO OTROSÍ: Pido a SS se sirva tener presente que confiero patrocinio y poder en esta causa al abogado don Jorge Federico Ernesto von Bischhoffshausen Ábalos, domiciliado para estos efectos en calle Ricardo Morales 2959, Depto. 1205, comuna de San Miguel, correo electrónico: jorgevonb@hotmail.com; quien firma junto a mi persona en señal de aceptación. 

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