Como era de esperarse, la discusión con respecto a la ley de migración podría estar mostrando los primeros atisbos del populismo que caracteriza a nuestros eximios legisladores. La propuesta de libre acceso a subsidios estatales sin mayores requisitos por parte de migrantes que arriben al país, impulsada por la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados, muestra la lógica perversa detrás de la excusa de garantizar la seguridad social para los migrantes: ganar votos a cambio de ofrecer servicios.

Cuando en las sociedades se impone la creencia de que el rol de los políticos y funcionarios del Estado es dedicarse a transferir recursos a diversos grupos de interés, el tema ya no trata acerca de buscar mayor equidad sino de una burda dinámica clientelar. Y como es evidente, los legisladores buscan asegurarse el apoyo electoral de los grupos con capacidad de presión ofreciéndoles beneficios, subsidios y ayudas a cuenta de los contribuyentes. Bajo esa lógica perversa, no es raro que la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados haya rechazado un criterio más que razonable con respecto a las normas que rigen la migración, que era establecer que la obtención de beneficios sociales exigiera a lo menos dos años de residencia.

Sin duda pueden existir detalles discutibles dentro de la indicación del Ejecutivo como, por ejemplo, el rechazo al acceso a licencias médicas de parte de un migrante contratado y regular, pero el punto central es el precedente que se marca al plantearse que da lo mismo regularizar tu situación como migrante para acceder a los beneficios sociales. De la ética del trabajo que mueve hoy a los migrantes, se pasa a la ética del asistencialismo que mueve a los políticos.

Actualmente y tal como se ha indicado en otras ocasiones, los migrantes aportan fiscalmente, igual que cualquier chileno rico o pobre, mediante el IVA, que es el impuesto que más recauda en Chile. La mayoría de ellos busca encontrar un empleo y regularizar su situación, no para acceder a beneficios estatales, sino para aprovechar las ventajas que ofrece una economía más abierta, estable y mucho menos intervenida gubernamentalmente que la que existe en sus propios países, tal como ocurre en Haití o Venezuela. En otras palabras, los migrantes no vienen a parasitar del asistencialismo gubernamental sino a vivir de su trabajo. No quieren depender de la ayuda del Estado ni de las burocracias sino de sí mismos. Es decir, el incentivo para migrar a Chile es trabajar y obtener una renta mejor que la que podría obtener en sus países de origen. En ningún caso el incentivo es ser beneficiario del “altruismo y solidaridad” de los políticos.

Por eso cuando algunos de nuestros legisladores comienzan a decir que no importa ser regular o irregular para acceder a seguridad social, lo que están haciendo es distorsionar el incentivo positivo que mueve a los migrantes hacia Chile. Y es que una de las cosas que más asusta a los políticos y burócratas es que las personas, de forma creciente, no dependan de ellos y su supuesta alta moral. En el caso chileno, el migrante parece ser la nueva justificación para acrecentar el asistencialismo gubernamental.

Lo que a simple vista se muestra como un beneficio para los migrantes, podría terminar perjudicándolos en el largo plazo, al incentivar la llegada en función del asistencialismo gubernamental y no en función de la posibilidad de encontrar mejores empleos para no depender de la ayuda estatal. Porque lo cierto es que apuntar a que nadie dependa del Estado es la única política honesta, incluso en términos migratorios.

A manos de políticos y burócratas sin escrúpulos, los migrantes podrían terminar siendo simples clientes electorales de aquellos que les ofrecen seguridad social sin escatimar gastos. Obvio, porque las promesas que hacen nuestros políticos nunca surgen de sus propios bolsillos. Pero así no se conforma una sociedad justa, digna o libre. Porque una sociedad donde muchos dependen de la ayuda estatal ha fracasado en todo sentido.

/Escrito para El Líbero por Jorge Gómez Arismendi, Director de Investigación Fundación Para El Progreso