Dos hechos ocurridos la reciente semana, volvieron a colocar en el tapete la dramática situación que hoy vive una generación completa de militares que en un período trágico de nuestra historia, desempeñando grados subalternos, en cumplimiento de su deber militar y las ordenes de sus superiores, debieron actuar para sacar al país del caos, desgobierno y peligro de guerra civil que se cernía sobre Chile, un Chile que una vez superadas sus angustias y olvidado la incertidumbre y la inestabilidad vivida, espoleado por la izquierda nacional e internacional, transformó la necesaria búsqueda de justicia en una vesánica venganza, que operó solo contra los ex uniformados y nunca contra quienes llevaron al país  a la crisis que llevó a su población a clamar por la intervención de sus FF.AA. y policías para evitar el desastre de la escasez, la inflación descontrolada, las tomas ilegales alentadas por el gobierno, el enfrentamiento diario de ciudadanos contra grupos armados y organizados, los desembozados llamados de los extremistas a la rebelión y el quiebre de las FF.AA. y Carabineros y el enfrentamiento constante entre el gobierno de Allende con el Poder Judicial y el Congreso.

Hoy los  subalternos de entonces y ahora viejos uniformados en retiro, enfrentan la indiferencia de una ciudadanía manipulada desde hace ya largos años y una ofensiva judicial que mas que justicia parece venganza…

Así, la mañana de este jueves se confirmó el deceso del primer uniformado condenado por Derechos Humanos que cumplía pena en Colina 1, el otro penal donde un número creciente de ex uniformados son enviados a cumplir condenas,  el Suboficial en retiro de Carabineros Leonidas Bustos San Juan (QEPD) de 87 años, quien cumplía condena desde 2015 acusado por tener participación  en la muerte de 5 personas en el sector de Portezuelo, comuna de Quilicura en septiembre 1973. El Suboficial Bustos presentaba una deteriorada condición de salud producto de su avsnzava edad, murió en su celda, esperando un auxilio medico que nunca llegó. Su deceso se suma así a otra veintena de muertes de condenados que han ocurrido en los últimos años.

El promedio de edad de los ex uniformados presos supera los 75 años de edad, y muchos de ellos presentan una grave condición de salud. Se espera una resolución gubernamental respecto a indultar en vida al General (R) Héctor Orozco, hoy de 85 años, y al ex inspector de investigaciones Altez España de 92, para que puedan pasar sus últimos días en algún lugar que les permita contar con los cuidados adecuados a sus deterioradas condiciones médicas.

De esta forma los reos ancianos y enfermos continúan esperando un gesto humanitario de las autoridades mientras sus vidas se consumen.

Por otra parte, las prensa nos dice que en Argentina, en Mar del Plata (provincia de Buenos Aires), fue detenido el Coronel en Retiro (Subteniente en 1973) Sergio Jara Arancibia, quien desde el mes de de agosto de 2017 se encontraba prófugo de la justicia, y por ende, pesaba sobre él una orden de detención para ser puesto a disposición de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, por lo que se tramita su extradición  para ser “puesto a disposición de la Justicia para su debido proceso”, según difundió el Ministerio de Seguridad argentino en una nota de prensa.

El Coronel Jara decidió fugarse del país y evadir lo que consideraba una absoluta falta de justicia, cuando la Corte Suprema de Chile confirmó el año pasado su condena a prisión por el asesinato de un médico y un funcionario público opositores al régimen militar, hechos en los cuales niega su participación y en los que manifestaba la injusticia de ser condenado  por ningún otro hecho probatorio que el sólo testimonio de terceros, en un proceso efectuado bajo un sistema derogado en Chile el año 2005, pero que rige hoy exclusivamente para los ex uniformados que son sometidos a proceso, sin tener estos las garantías procesales que se otorgan a todos los chilenos, como son la presunción de inocencia, la presencia de un juez de garantía, de un abogado  en las diligencias del tribunal, la absoluta necesidad de probar los hechos por los que son imputados, en fin de todo un sistema del cual se excluyó a los ex uniformados acusados (muchas veces a la bandada),  por los hechos ocurridos durante el periodo del gobierno militar.

La situación descrita no puede dejar de ser comparada con la del terrorista Galvarino Apablaza, el “Comandante Salvador” del FPMR Autónomo, acusado por su participación en el asesinato del senador Jaime Guzmán y en el secuestro de Cristián Edwards, ambos hechos ocurridos en 1991 durante el gobierno de Patricio Aylwin, por los que Apablaza huyó a Argentina donde fue detenido el 2004, permaneciendo recluido durante siete meses en la Cárcel de la Unidad de Investigaciones Antiterroristas de Buenos Aires, hasta que el 4 de Julio de 2005, el juez del caso, Claudio Bonadío, decidió no conceder el pedido de extradición a Chile, entendiendo que en nuestro  país se vería afectado su derecho al debido proceso y a la defensa, permaneciendo entonces en el país vecino hasta nuestros días.

Se debe felicitar a la izquierda  por su habilidad para manipular gobiernos y la opinión pública nacional e internacional. Apablaza  alega falta de garantías para enfrentar la justicia chilena… Sería bueno que nuestros juristas y nuestros diligentes parlamentarios averiguaran… sólo un poco, qué garantía procesales tuvo Jara y qué garantías procesales tienen hoy los ex uniformados sometidos a proceso.

/Por Roberto Hernández Maturana para Chile Merece

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