En estos días el debate en el Congreso se ha centrado en la discusión respecto de la entrega de beneficios sociales a los inmigrantes. Por un lado el Gobierno plantea que estos deben entregarse a los extranjeros que cuenten con a lo menos dos años de residencia regular, mientras que la Nueva Mayoría y el Frente Amplio plantean que únicamente debe solicitarse la visa temporal, es decir un plazo mínimo de seis meses. Realmente la discusión es solo de formas, por cuanto el fondo es el mismo: ambas partes plantean que un inmigrante con un periodo de residencia de seis meses a dos años está en igualdad de condiciones con un chileno para obtener beneficios sociales.

Ambos escenarios planteados tanto por el Gobierno como por la oposición presentan situaciones abiertamente injustas y opuestas al bien común establecido en nuestra legislación. Como señala la Constitución en su artículo primero, el fin del Estado de Chile es promover el bien común, entendido como “las condiciones sociales que permitan a todos y cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible”. Y estos integrantes de la comunidad nacional no son otros sino que todos los chilenos.

Somos nosotros, los chilenos, aquella Nación en que reside la soberanía, la cual ejercemos voluntariamente en las respectivas elecciones periódicas. Aquellos también que estamos llamados a defenderla en caso de amenaza, y que soportamos los tributos que se nos imponen para solventar los gastos del país. A su vez, corresponde respecto de este grupo humano ligado por nacimiento, ascendencia, parentesco y arraigo el derecho de nacionalidad. Esta nos hace parte de aquel fin del Estado, dirigido a buscar para todos y cada uno de los chilenos su realización personal.

Además, en virtud del llamado principio de subsidiariedad ese bien común encuentra un orden de prelación, por el cual el bien individual de uno exige la preocupación y respeto solidario activo por la obtención del bien común de los demás. De esta manera, las evidentes deficiencias de distribución y la consecuente desigualdad son enfrentadas por el Estado con ayudas sociales para que los miembros de la comunidad logren su realización. La República de Chile tiene como fin el desarrollo material y espiritual de los chilenos, y por ello debe apoyar con ayudas sociales a aquellos compatriotas que más lo requieran, en la medida que los recursos alcancen.

Al proponer Gobierno y oposición entregar estos escasos recursos de beneficios sociales tanto a inmigrantes como chilenos en iguales condiciones está siendo injusto. Olvidan que el Estado de Chile está al servicio de los chilenos, y lo ponen al servicio de sus ideologías, para las cuales la pertenencia a Chile no dista mucho de la afiliación a alguno de sus partidos políticos. Además representa un acto de profunda irresponsabilidad en gestión de recursos, pues Chile después del desgobierno de Michelle Bachelet no es un país con abundancia para repartir. Durante la pasada administración nuestro país creció en promedio un 1,5%, la cifra más baja desde el gobierno de Salvador Allende, y la deuda externa de Chile llegó hasta un 64% del PIB, cifra que no se alcanzaba desde 1987.

De aprobarse tan injusta e irresponsable propuesta los extranjeros en situación regular y los chilenos nos hallaremos notoriamente discriminados. Para los primeros pues el haber llegado a Chile en busca de una mejor vida, respetando nuestra institucionalidad y buscando la integración en la comunidad nacional no tendrá ningún valor, pues otro podrá obtener lo mismo con menos esfuerzo. Para los nacionales relegará nuestro derecho al desarrollo pleno a un segundo plano, siendo tan extranjeros en nuestro país como un inmigrante de temporada.

/Gustavo Saldaña