El tema de la modernización del Estado ya está instalado en la agenda. Tanto, que desde hace un mes trabaja, bajo la conducción de Ramiro Mendoza, excontralor general de la República, un grupo de 12 reconocidas personalidades en propuestas de reformas. En poco más de 60 días deberán hacer la presentación de sus ideas al Presidente Sebastián Piñera.

Mientras eso ocurre en la vereda pública, en la Sofofa también han avanzado en propuestas con el mismo foco.

Es más, según cuentan fuentes cercanas al organismo gremial que dirige Bernardo Larraín, el miércoles pasado se presentaron al comité ejecutivo los principales contenidos del documento que pretende dar visibilidad a las propuestas de la entidad para modernizar el Estado a través de cambios a regulaciones e instituciones.

PULSO tuvo acceso al documento completo que está en “evolución”, porque aseguran que “se puede seguir enriqueciendo” con las propuestas de los consejeros y los gremios asociados.

Sin embargo, hasta ahora, las ideas planteadas se han rescatado de los distintos grupos de trabajo y de varias rondas que han hecho entre los socios para realizar un catastro de las regulaciones sectoriales que requerirían cambios. Y también, de lo planteado por los integrantes del comité de políticas públicas que dirige Rafael Palacios y que está compuesto por 11 personas, entre los que están consejeros como Rodrigo Álvarez, Rodrigo Hinzpeter y Fernando Barros, y profesionales externos, como Ignacio Briones y Natalia González. Aquí, una selección de las principales iniciativas del gremio.

 

 

Cambios tributarios basados en “recaudación, competitividad, justicia y simplificación”

– A modo de contexto, el documento de la Sofofa asegura que  la corrección de la reforma tributaria de 2015 avanzó en aspectos como la norma antielusión y la creación de un sistema especial para las pymes. Sin embargo, aseguran que se “retrocedió en aspectos relevantes, como son la menor competitividad en la tributación a las empresas y la complejidad del sistema en su totalidad”.

En el texto se lee que la modernización tributaria es necesaria “para que la recaudación fiscal que necesitamos no se imponga a costa del ahorro y la inversión”, y que para hacer los cambios es importante generar un “contrato social de largo plazo que dé certeza y estabilidad al régimen tributario”.  Según explican cercanos a la Sofofa, esto es importante para alcanzar una simetría entre las expectativas de beneficios sociales y la carga tributaria que actualmente se tiene.

Según el documento, los cambios al sistema tributario debieran fundarse en cuatro “principios esenciales”: recaudación, competitividad para la inversión, justicia tributaria y simplificación.

En términos de recaudación, se plantea que esta esté alrededor del 20% del PIB y que cualquier modificación tributaria que se implemente debe ser “fiscalmente neutra, considerando la recaudación futura adicional por estimación de mayor crecimiento económico”.

Por el lado de la competitividad, se plantea que mientras en el mundo países como Estados Unidos, Francia e Inglaterra han bajado los impuestos corporativos, en Chile las cosas van en otro sentido. Es más, en el documento se preguntan si es “inocuo” para Chile mantener la actual tasa de impuestos a las empresas y si es que podemos gravar a “nuestras empresas por encima de nuestros socios comerciales”.

A la hora de hablar de justicia tributaria, aseguran que a igual renta debiera haber “igual pago de impuestos, con independencia de su origen, tipo de empresa o sector económico”, y plantean la necesidad de volver a un sistema tributario integrado.

Las principales propuestas

* Reducir el impuesto a las empresas en función de la evolución del balance estructural.

* Disminuir gradualmente el umbral para determinar la base de renta exenta para el impuesto global complementario hasta llegar al promedio de la Ocde.

* Crear un impuesto único de aplicación general a las emisiones.

* Revisar las exenciones y los hechos no gravados que aún están en el sistema.

* Separar el monto que se paga por IVA en boletas y facturas.

* Crear una defensoría del contribuyente y bajar el pago de 1,5% mensual de intereses que cobra el Estado por pago de impuestos pendientes. P

 

 

Inversión: propuestas para mejorar el sistema de evaluación ambiental

 

– Partiendo de la base de la necesidad “urgente de modernizar” el procedimiento de obtención de permisos ambientales, el documento de la Sofofa hace 12 propuestas tendientes a modernizar el Estado para facilitar y mejorar la inversión.

El texto detalla que “la institucionalidad ambiental no está logrando compatibilizar adecuadamente participación, vocación territorial y cuidado del medioambiente con la importancia de ofrecer plazos ciertos y criterios predecibles a los inversionistas”.

Además, agregan que con la actual institucionalidad, los gobiernos locales no perciben parte de los beneficios de recaudación tributaria que generan las inversiones que se instalan en sus comunas y que eso debiera cambiar.

En términos de la modernización del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, el documento plantea que el proceso debiera tener dos etapas. Una primera de participación cuidadana temprana, que se vincule a una segunda en la que prevalezcan los criterios técnicos para resolver las medidas de compensación, mitigación y reparación  que se deberán implementar para ejecutar el proyecto.

Otro cambio interesante que hacen es la necesidad de que las ONG que concurran a los procesos de participación ciudadana cumplan con ciertos requisitos de representatividad, transparencia y experiencia. De esa forma, comentan, se aseguraría que quienes participan sean organismos serios y con conocimiento de los temas.

Las ideas que promueven:

* Estructurar un procedimiento de evaluación ambiental en dos etapas: participación ciudadana y evaluación técnico-ambiental.

* Crear un instrumento o dispositivo de diálogo territorial.

* Fortalecer el SEA instalando capacidades institucionales, técnicas y profesionales en áreas de influencia territorial que trasciendan a las regiones.

* Instaurar un procedimiento de actualización de las Resoluciones de Calificación Ambiental para modificaciones de proyectos que no impacten el medioambiente más allá de lo normado.

* En los Tribunales Ambientales, fortalecer el sistema de nombramiento, la gobernanza y sus competencias técnicas y jurídicas.

* Constituir fondos de desarrollo local con aportes de las empresas que desarrollan proyectos de inversión para que estos lleguen a un banco de proyectos sociales comunales y regionales.

* Implementar un Piloto de Plan Regional de Ordenamiento Territorial en la zona norte y en la zona sur.

 

La fórmula laboral: cambios a la jornada y poder contratar a más extranjeros

– Para definir las propuestas en términos laborales y de formación para el trabajo, el documento de la Sofofa parte tomando una serie de antecedentes de cómo ha cambiado el mundo en este aspecto con la irrupción de la tecnología, los mercados cada vez más abiertos y la automatización.

Es más, cita un informe de McKinsey que asegura que en Chile 3,2 millones de empleos podrían ser reemplazados por sistemas automatizados en los próximos 20 o 40 años. “Eso representa un 49% del total de puestos de trabajo que hoy el país puede ofrecer”, aseguran.

Bajo estos datos, cuentan que el gran desafío es ver cómo la economía genera o reconvierte los puestos de trabajo y cómo logra una mayor competitividad.

Así las cosas, en el documento se establece que es necesario adaptar la legislación laboral y la institucionalidad de formación para aprovechar los cambios.

Sin embargo, dicen que “a la fecha las iniciativas de políticas públicas de nuestro país no abordan este desafío en su total complejidad”.

El texto elaborado por el gremio propone una modernización del Código Laboral que permita generar estatutos especiales para, por ejemplo, estudiantes y tercera edad, y que se generen los espacios para que entre empresa y sindicatos se puedan acordar materias como la flexibilidad y la adaptabilidad.

Además, considerando los desafíos en términos de capital humano, las iniciativas que proponen van por la línea de desarrollar una agenda público-privada entre la industria, las autoridades y los organismos de educación para definir, en conjunto, las competencias y necesidades que están hoy demandando los diferentes sectores de la industria.

Parte de las iniciativas que plantean:

* Reformar el sistema de distribución de jornada, pudiendo mensualizar o incluso anualizar la jornada y trabajar con ciclos que arrojen promedios semanales de 45 horas para adaptar dicha jornada a las épocas de mayor actividad para las empresas.

* Ajustar un procedimiento de negociación semirreglada para grupos de trabajadores no sindicalizados.

* Eliminar la limitación de contratación de extranjeros que establece el Código del Trabajo.

* Modernizar el sistema de capacitación y empleo (Sence) para articular la oferta, la demanda y que defina correctamente los incentivos económicos  y tributarios para su utilización en capacitación.

* Rediseñar el sistema de intermediación laboral estableciendo un sistema permanente a cargo de una agencia privada seleccionada mediante licitación. Que ya no dependa de los municipios. P

 

Políticas públicas: la clave estaría en la Comisión Nacional de Productividad

– El que Chile no tenga “un proceso moderno y eficaz de diseño y evaluación de impacto de políticas públicas”  es para la Sofofa un antecedente relevante a la hora de definir las necesidades en términos de cómo se gestan estas iniciativas y el análisis de las consecuencias que tienen.

Es más, según el texto de propuestas, esto “redunda en leyes y regulaciones secundarias, cuyo diseño y discusión no siempre están a la altura de lo que el país requiere”.

Esto, agregan, genera incertidumbres frente a los criterios de la autoridad, ya que, desde el punto de vista de la Sofofa, quedan espacios para “interpretaciones discrecionales o para la judicialización”.

Por otra parte, y como antecedente adicional, agregan que de acuerdo al Índice Global de Competitividad 2017-2018, los mayores problemas para el desarrollo de actividades productivas en Chile son la ineficiencia que produce la burocracia gubernamental y la inestabilidad de las políticas regulatorias.

Según el documento, es necesario que en los procesos de generación de las regulaciones se cuente con “más y mejor” información respecto de los impactos, para que se diseñen marcos regulatorios donde quede menos espacio para la indefinición.

Y tomando en cuenta la “experiencia exitosa” de otros países, como Australia, Reino Unido y Nueva Zelandia, y las recomendaciones de la Ocde y la Apec, aseguran que es necesario “crear una metodología” que permita analizar el beneficio y el impacto de las regulaciones, establecer indicadores de seguimiento y evaluaciones ex post de lo que se establece.

Así las cosas, los cambios que proponen están enfocados en fortalecer la Comisión Nacional de Productividad (CNP) que se creó bajo el gobierno de Michelle Bachelet como una institución consultiva, independiente y autónoma.

El actual gobierno ya le dio un mandato para revisar las “complejidades regulatorias” con los que se encuentran los proyectos de inversión. Pero la idea de la Sofofa va más allá.

La fórmula para hacer seguimiento :

* Transformar a la CNP en una agencia permanente y autónoma. Aseguran que este organismo debiera estar mandatado para hacer una evaluación regulatoria ex post de las políticas para proponer iniciativas de simplificación. Por otra parte, consideran que este organismo debiera validar y supervisar un nuevo proceso de formulación regulatorio que tenga instancias de participación ciudadana, de expertos y de agentes regulados.

* Mandatar a la CNP para que haga un catastro de simplificaciones regulatorias multisectoriales que permitan potenciar la productividad. P

 

Ideas concretas para destrabar iniciativas sectoriales: pesca, alimentos y telecomunicaciones

– Más allá de los cambios generales para modernizar el Estado, el documento de la Sofofa asegura que es necesario mejorar el entorno regulatorio de algunos sectores con medidas específicas.

A modo de ejemplo, el documento plantea cambios para los que hoy están en medio o ad portas de modificaciones para asegurar que se incentiven la inversión y la innovación.

Según el documento, el gremio ha observado tres tendencias que cree que es  “pertinente” cambiar, como la mayor fragilidad en los derechos concesionados. Por otra parte, ven ineficiencia y efectismo en la regulación de externalidades negativas y, además,  incertidumbre y efectos secundarios en la implementación de regulaciones que buscan resguardar los derechos de los pueblos originarios.

“Para ilustrar la primera, basta analizar lo que está ocurriendo en los sectores de telefonía y pesca. Para la segunda, lo que ha sucedido en los sectores de alimentos, bebidas y plásticos. Y para la tercera, basta constatar las consecuencias de una ley con un objetivo loable y necesario, como es la ley que crea los Espacios Marinos Costeros de Pueblos Originarios (Ley Lafquenche)”, se lee en el documento de 42 páginas.

Aunque reconocen el rol regulatorio fundamental del Estado, también hacen una autocrítica respecto de la falta de autorregulación.

Las propuestas para los sectores en la palestra:

* Crear una mesa público-privada para que, resguardando debidamente el derecho de los adjudicatarios de concesiones de espectro de telecomunicaciones, se avance  en el desafío país de desarrollar  una red móvil de alta velocidad.

* Constituir una instancia de trabajo público-privada para que, resguardando debidamente el derecho de los poseedores de licencias de pesca, se avance en las modernizaciones regulatorias necesarias para procurar la sustentabilidad del recurso, terminar con la pesca ilegal y lograr un equilibrio entre incentivar la inversión y la innovación entre los actores existentes con la entrada de nuevos actores.

* Converger hacia un sistema único de etiquetado de alimentos basado en el porcentaje de ingesta diaria recomendada para cada nutriente.

 

Además de lo ya planteado, el documento del gremio detalla algunos desafíos que no dependen de cambios regulatorios o de instituciones. En esta lista enumeran la necesidad de elevar la inversión en investigación y desarrollo, desarrollar la industria de capital de riesgo, aumentar la productividad y profundizar el encadenamiento entre las empresas de distintos tamaños. Y agregan que todas esas iniciativas serán materia de “otro documento”.