Voté a favor en general y en particular, en las tres causales, el proyecto sobre despenalización (legalización) de la interrupción del embarazo (aborto).

Llegué a la convicción, actuando en conciencia, después de un profundo proceso de discernimiento (ético, personal y comunitario) y de haber asistido a todas y cada una de las audiencias en la Comisión de Salud del Senado -en lo que no dudo en calificar como un debate serio, respetuoso y de gran altura- que, en esos tres casos (riesgo para la vida de la madre, inviabilidad fetal incompatible con la vida extrauterina y violación) y de manera excepcional, es la mujer y no el Estado, bajo la amenaza de aplicar una sanción en su contra (penalización), la que debe tomar la decisión sobre si seguir adelante con ese embarazo, o interrumpirlo.

Lo que el Estado puede y debe hacer en esas circunstancias -y así quedó en la ley- es acompañar a esa mujer, desde una posición de neutralidad, frente a una decisión siempre dolorosa, siempre dramática, tratándose de esas circunstancias excepcionalísimas. Se trata de una decisión personal y no necesariamente del ejercicio de un “derecho”, actuando dentro de su esfera de autonomía individual. Es un acto que nace desde una situación de desgarro de tal magnitud que ni el legislador ni el Estado pueden llegar a aquilatar en toda su dimensión esa situación y esa decisión.

De alguna manera, lo que hicimos en ese proyecto de ley, que devino en ley de la república, fue un acto de humanidad, tratándose de mujeres dañadas. ¿No es esa la situación que mejor describe el haber sido violada, el encontrarse en riesgo su propia vida, o sobrellevar en su vientre un feto inviable e incompatible con la vida extrauterina?

En esas situaciones extremas -así lo estimó la mayoría de los parlamentarios y yo entre ellos- son las mujeres, y no el Estado, las que deben decidir. Así lo definió el Parlamento de la república y así lo ratificó el Tribunal Constitucional actuando dentro de su propia esfera de competencia.

No todo aquello que es ilícito debe ser sancionado penalmente. Eso es lo que hicimos y decidimos en el referido proyecto de ley. La ley es una ordenación racional dirigida al bien común dada y promulgada por quien tiene a su cargo el cuidado de la comunidad; por lo mismo, la ley es también un acto de humanidad, especialmente tratándose de mujeres que enfrentan alguna de esas circunstancias excepcionales (son, a mi juicio, excepcionales como una cuestión de hecho y de derecho).

Es ese mismo principio de humanidad el que está en juego frente a la propuesta de una posible legalización del aborto libre. Es cierto que hay una humanidad dañada en las mujeres que recurren al aborto clandestino, principalmente en razón de su falta de recursos para acceder a un aborto “seguro” (como una cuestión de hecho y no de derecho). En esta materia tenemos un problema serio de equidad y de salud pública en términos de los riegos de vida y de salud para la mujer. Esa realidad no puede escapar a la atención y el cuidado del legislador y de las políticas públicas.

Sin embargo, no habiendo en ese embarazo riesgo para la vida de la madre, inviabilidad fetal incompatible con la vida extrauterina o violación, que son la excepción que confirma la regla general que está dada por el respeto por la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural, el legislador tiene que tener un cuidado aún mayor por la vida del que está por nacer.

La cuestión de fondo se refiere a que ante el aborto libre el conflicto de valores es entre la libertad de la mujer embarazada, por un lado, y el derecho a vivir de un feto sano, por el otro. Es evidente que la mujer que recurre a un aborto libre lo hace porque está viviendo un problema personal serio, aunque no esté en situación de riesgo de vida, de malformación fetal incompatible con la vida extrauterina, o del drama de estar embarazada producto de una violación. Esa mujer necesita mucho apoyo social y psicológico para enfrentar su embarazo y su futura maternidad, incluida la alternativa de entregar a su hijo o hija en adopción. Se trata de encontrar caminos que respondan a las necesidades de esa mujer y a la vez protejan y defiendan la vida de un feto sano que tiene derecho a vivir y potencialidad de desarrollo como todos la hemos tenido.

Sostengo que lo que existe en el vientre materno es un ser humano en proceso de gestación y que esa vida humana merece protección constitucional. De allí que votaría en contra de un proyecto de legalización del aborto libre.

La mujer tiene derecho sobre su cuerpo, qué duda cabe -de hecho, el hombre también lo tiene-. Lo que no se sostiene, a mi juicio, desde el punto de vista de una argumentación racional, es por qué la mujer habría de tener, además, derecho sobre el cuerpo del feto. Se trata, a mi juicio, en este último caso, de un individuo de la especie humana, según la definición del Código Civil, o de un ser humano en proceso de gestación, según mi propia definición, avalada por el desarrollo de las ciencias biológicas, lo que sería válido incluso bajo la argumentación de que el feto no alcanza a constituir una persona humana.

Carta de Ignacio Walker a El Mercurio

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