La eventual acusación constitucional contra los ministros de la Sala Penal de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller y Antonio Valderrama, fue uno de los temas que hoy se trató en el pleno del máximo tribunal. En la instancia, los magistrados tomaron la decisión de realizar un fuerte rechazo a esta pretensión, impulsada por un grupo de diputados luego de que estos jueces resolvieran otorgar la liberad condicional a siete condenados por casos de derechos humanos, cambiando así la manera en que públicamente los ministros se habían referido a este tema.

Mientras que el 1 de agosto Dolmestch había indicado que “(los diputados) tienen el perfecto derecho de hacer esto”, ahora la Suprema endureció su discurso y advirtió que una acción como esta podría incluso poner en riesgo el Estado de derecho en el país.

Según la declaración pública, “el cuestionamiento de las argumentaciones de una resolución judicial implica la revisión de la misma por un organismo extraño y por vías diferentes de la jurisdiccional, circunstancia totalmente reñida con el ordenamiento constitucional y que genera una grave afectación de la autonomía de los magistrados, y por lo mismo de la efectiva vigencia de la garantía de los ciudadanos de contar con un juez independiente e imparcial”.

Además, consideraron que “lo que está en riesgo con este proceder no son los cargos de los jueces de la Corte Suprema, sino la autonomía indispensable para su desempeño y, por ende, la vigencia del Estado de derecho y el respeto de las competencias y facultades propias de las autoridades, conforme a la Carta Fundamental”.

Si bien acciones como estas no son habituales por parte de la Corte Suprema, tampoco son aisladas. El último antecedente directo se remonta a 2014, cuando se presentó una acusación constitucional contra el ministro Héctor Carreño. En esa oportunidad, el Poder Judicial comunicó “su convicción y política” de respetar la independencia de los poderes del Estado y que “solo queda esperar el resultado definitivo” de la acusación.

En 2013 la judicatura protagonizó otro impasse, esta vez con el primer gobierno de Sebastián Piñera. El entonces presidente (S) de la Corte Suprema, Milton Juica, señaló que la pretensión del gobierno de crear un Observatorio Judicial era “una intromisión muy fuerte, indebida, y que preocupa para la independencia de los jueces”.

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