El ex diputado Waldo Mora Longa ha sido enfáctico en sus comentarios en la Radio Santiago en proponer que Codelco venda un 30% de su propiedad accionaria, única posibilidad de superar la crisis que afecta a la estatal minera y darle un nuevo impulso a la alicaída minería chilena.

Palabras más, palabras menos, es lo mismo que sostiene la siguiente nota editorial publicada en el El Mercurio

Hace 50 años, Eduardo Frei Montalva se refería al cobre como “la viga maestra” de nuestra economía e impulsaba su “chilenización”, esto es, el ingreso del Estado a la propiedad de las empresas cupreras, junto con la creación de Codelco. Se iniciaba un proceso que culminaría durante la Unidad Popular con la estatización total de la gran minería del cobre.

En la actualidad, sin embargo, Codelco solo produce un tercio del cobre que se extrae en el país, y está enfrentada a la necesidad de llevar adelante sus llamados “proyectos estructurales”. Estos corresponden a gigantescas inversiones en los mismos yacimientos que hoy explota, indispensables para su subsistencia. Pero así como hace 50 años la extraordinaria ley de los minerales chilenos aseguraba un gran retorno en casi todos los escenarios, en la actualidad la baja de dicha ley a un tercio de los valores anteriores, la mayor dureza y profundidad de la roca a la que hay que acceder, la menor disponibilidad de agua para las faenas y las enormes dificultades ambientales en que se desenvuelven los proyectos hacen que dichos retornos se vuelvan más inciertos y que las inversiones en las iniciativas “estructurales” -estimadas en cifras cercanas a los US$ 25 mil millones- resulten crecientemente más riesgosas.

En estas circunstancias, ¿se justifica que el Estado chileno corra los riesgos que hoy involucran estos proyectos, habiendo tantas otras materias de carácter social que demandan recursos con insistencia? Por cierto, las empresas privadas también deben enfrentar riesgos equivalentes, pero ellas someten sus proyectos no solo al análisis de sus directorios y juntas de accionistas, sino al sistema financiero, que les provee los recursos, y al mercado, que las evalúa por la valorización de sus acciones.

Esta situación no se da en el caso de Codelco, cuya verdadera “junta de accionistas” corresponde al conjunto del país, el que no tiene manera de expresar su opinión ni tampoco la información para hacerlo. A su vez, el sistema financiero asume que hoy la empresa cuenta con un aval implícito del Estado, por lo que relaja sus exigencias; sugerente es que la razón de endeudamiento de la firma alcance a casi el triple que el promedio de las grandes mineras del mundo. Esto, aparte del hecho de no ser una sociedad anónima con acciones que se transen en bolsa y pueda de este modo ser valorizada por el mercado. En ese esquema, ¿cuál es la instancia, más allá de la propia administración de la compañía, que actúa de contraparte para calificar las cuantiosas inversiones que Codelco está proponiendo? ¿Podría, por ejemplo, hacerlo el Congreso, como representante de la ciudadanía, si no posee la experiencia específica que permite analizar los riesgos involucrados y sus opiniones tienden a agruparse políticamente?

Interrogantes como estas hacen patente la conveniencia de estudiar otras modalidades para que el país aproveche su riqueza cuprífera. Ello no significa desconocer los cuantiosos aportes que Codelco ha entregado históricamente al Estado, sino asumir que, en el escenario actual, ese esquema empieza a mostrar signos de agotamiento. En ese sentido, no cabría descartar a priori ideas como la de compartir riesgos, incorporando a inversionistas privados en la explotación de sus proyectos estructurales. De hecho, ya se hizo con El Abra hace más de 20 años. A su vez, gobiernos socialdemócratas en distintos países del mundo han probado con éxito la fórmula de abrir sus grandes empresas estatales a la participación privada; ello ha permitido que nuevos actores aporten directamente capital fresco y que, al mismo tiempo, el sofisticado aparataje asociado a los mercados modernos califique las nuevas inversiones. Ciertamente, cualquier iniciativa en esta línea debería ser analizada con detenimiento, tanto en su conveniencia como en la posibilidad de alcanzar acuerdos en torno a ella que le den sustentabilidad. Con todo, los problemas a los que hoy se enfrenta Codelco para sacar adelante proyectos en los que se juega su futuro sugieren que el inmovilismo no es la mejor opción, ni para el país ni para la propia empresa.